Absurdos, los cargos; criminalizar protestas sociales es la consigna de Torreblanca: ONG
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 13 de octubre. Agentes de la policía investigadora ministerial detuvieron al indígena mixteco Cirino Plácido Valerio acusado de usurpación de funciones, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, delitos presuntamente cometidos en 2005, cuando estaba al frente de la policía comunitaria, que él mismo fundó.
Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que Plácido Valerio fue detenido a la salida del municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica, cuando se dirigía a Buena Vista, su comunidad de origen.
“De verdad son absurdos los delitos por lo que se llevó a la cárcel” al fundador de la policía comunitaria, conocida también como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), dijo. Lamentó que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo “esté criminalizando la protesta social”.
En la CRAC participan al menos 62 poblados en los que habitan mestizos e indígenas mixtecos, tlapanecos y nahuas de los municipios de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Copanatoyac y Metlatónoc, entre otros.
Amador Cortés Robledo, dirigente indígena tlapaneco, anunció que se convocó de urgencia a representantes de esas comunidades para acordar acciones por la liberación del dirigente. “Hay el acuerdo de dar de plazo hasta esta noche para que lo dejen libre, de lo contrario tomaremos la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional”, dijo.
“El compañero no es ningún delincuente, apenas se restablecía de una operación en el Instituto Nacional de Cardiología. El gobierno estatal está jugando con fuego, debe saber que Cirino Plácido es una persona muy respetada en los municipios indígenas de la zona”, advirtió.
Barrera Hernández, dirigente de Tlachinollan, consideró que “la detención forma parte del proyecto de criminalización de los luchadores sociales indígenas impulsado por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pues apenas el 28 de septiembre detuvieron al líder tlapaneco de la variante lingüística mephaa, Cándido Félix Santiago, y antes a David Valtierra, director de la radio comunitaria La voz del agua, con sede el municipio indígena amusgo de Xochistlahuaca, en la Costa Chica”.
Consideró que con la detención del destacado dirigente indígena, el gobierno estatal manda una señal a los pueblos indios de que va a actuar en forma autoritaria contra quienes luchan por sus derechos: “ya lo hizo con los indígenas del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota; con los indígenas de Ayutla, con los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, los egresados de Ayotzinapa, con los comuneros y mineros de la mina de Carrizalillo, y los egresados de la Normal de Ayotzinapa”.
Sin duda, insistió, “se manifiesta una posición contraria a las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas”; “además no se respetan sus derechos, no tienen acceso a la justicia, al contrario, se les persigue; con esto quedó demostrado que los gobiernos de cualquier partido no tienen interés en fortalecer la democracia comunitaria, pues cuestionan y no aceptan su sistema de justicia a partir de sus usos y costumbres”.
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