Antonio Gershenson
Del anterior precio “oficial” de 46.60 dólares por barril se pasará a 47.57. Menos de un dólar por la aplicación de “la fórmula”, como dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y aclaró que por la misma podría haber otros incrementos. Las dos cantidades están 20 dólares abajo de los precios reales presentes de la mezcla mexicana. Es preciso analizar de qué se trata.
Se trata de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es una camisa de fuerza para que los diputados no puedan, como les correspondería por sus facultades constitucionales, fijar el precio “oficial” del petróleo mexicano de exportación. De este monto depende qué tanto dinero tendrá el presupuesto y, claro, qué tanto se podrá destinar a uno u otro ramos. Esa ley, en su artículo 31, da una revuelta fórmula para establecer esa cantidad. Será el promedio entre dos procedimientos.
El primero será el promedio aritmético entre dos componentes. El primero es el más grave, el que más jala “hacia abajo” lo que sería el precio oficial en relación con el costo real. Es “el promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los 10 años anteriores a la fecha de estimación”. Serían, en este caso, de 1997 a 2006. Esto es una barbaridad. ¿De dónde sacan que ese costo tiene que ver con la realidad de 2008?
El costo del crudo, en promedios anuales, tiene un proceso cíclico, del cual estamos en la fase ascendente. Y los tres primeros años de los 10 mencionados estuvieron en la parte más baja: en 1997, 16.46 dólares por barril; en 1998, el año más bajo, 10.18; en 1999, 15.57. Luego, un aumento gradual. El promedio aritmético de los 10 años es de 25.87 dólares. ¡Menos de la mitad de los costos reales, que en últimas fechas está entre 65 y 70 dólares por barril!
El segundo componente del primer procedimiento, a promediarse con esos 25.87 dólares, será la media de los precios a futuro, a cuando menos tres años, del crudo de referencia llamado WTI (literalmente sería el intermedio del oeste de Texas), ajustado por la diferencia estimada de precio entre este tipo de petróleo y la mezcla mexicana de exportación. Esto se haría “con base en los análisis realizados por reconocidos expertos en la materia”.
El segundo procedimiento incluye un concepto similar al del WTI, que acabamos de mencionar, pero sin lo de “a cuando menos tres años”. A este resultado, que será obtenido como el mencionado, para que baje más se le aplica un factor de 84 por ciento.
Hay varias razones para no utilizar como referencia para nuestras exportaciones el crudo WTI. Este es ligero y de bajo contenido de azufre, mientras nuestro principal petróleo de exportación, el Maya, es pesado y de muy alto contenido de azufre. Esto hace que el comportamiento de ambas variedades no siempre sea el mismo ante situaciones similares. Otra razón es la inestabilidad del WTI este año. Durante años el WTI era más caro que el Brent, porque es más ligero y con menos azufre que ese otro indicador, aunque el Brent no es tan pesado y azufroso como el Maya. Pero este año los promedios mensuales del Brent estuvieron arriba de los del WTI de marzo a julio, con diferencias incluso de varios dólares.
Es de aquí, de esta fórmula, de donde salieron los 46 y 47 dólares y centavos que se mencionaron en la Cámara de Diputados. Termina el citado artículo 31 diciendo que Hacienda mandará a la Cámara la Ley de Ingresos con un precio que no exceda el costo de referencia que se prevé en este artículo. Puede ser aún menos, pero no más.
Esto quiere decir que ya no basta, como antes, con pugnar por precios que correspondan a la realidad. Hay que derogar esta joyita “legal”, llena de absurdos, para la que cuentan los precios hasta de 10 dólares, de hasta hace 10 años, para promediarse, y no los 65 o 70 de la realidad actual, e inclusive más de 70 dólares, pues el famoso promedio abarca hasta 2006.
Ese excedente –del orden de los 20 dólares por barril– entre los precios “oficiales”, con todo y sus posibles fluctuaciones, y los de la realidad implica un dineral que Hacienda maneja por conveniencias políticas para dar una imagen de estabilidad, a menudo a costa de la industria petrolera, y para su uso a discreción. Una buena pelea para los diputados que no estén de acuerdo con este cuadro.
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