Exige la CIRT a legisladores ignorar la resolución de la Corte sobre ley Televisa

Insiste en que se prohíba a medios electrónicos públicos comercializar sus espacios
Senadores responden que comparten muchos de los argumentos expuestos por los ministros

Andrea Becerril

La dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acudió de nueva cuenta al Senado, para advertir a los legisladores que elaboran el nuevo marco jurídico para los medios electrónicos que no están obligados a cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la llamada ley Televisa.

Al ser recibidos por el grupo plural del Senado que elabora las nuevas leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, formularon propuestas encaminadas a crear un marco legal muy parecido precisamente a la legislación que la Suprema Corte echó abajo.

Además de pedirles que no tomen en cuenta los criterios establecidos por los ministros, la comitiva de la CIRT, que encabezó su presidente, Enrique Pereda Gómez, planteó a los senadores fijar límites a la rectoría del Estado, que el criterio final para la obtención de concesiones sea el económico, y mantener a la radio y la televisión públicas en el régimen actual de permisos, con la prohibición expresa de que comercialicen sus espacios.

Asimismo, demandaron que en caso de regular los contenidos se haga en otra ley, para incluir además a los medios escritos y digitales.

Fue el asesor jurídico de la CIRT, Gerardo Soria Gutiérrez, el encargado de presentar a los senadores el documento base de esa cámara, que agrupa a los concesionarios de la radiodifusión. Buena parte del mismo la dedicó a tratar de deslegitimar la resolución de la Suprema Corte de junio pasado, en la que los ministros derogaron la parte medular de la ley Televisa, por considerar que propicia la concentración monopólica de los medios electrónicos.

Sin embargo, ayer Soria hizo una amplia y complicada explicación jurídica, en la que señala que hay una clara división de poderes, en la que “el Legislativo es el más cercano a la representatividad nacional” y no está obligado a cumplir “una declaración abstracta”.

Insistió: “se advierte una honrosa prudencia política mostrada por el Congreso al asumir con dignidad los errores que pudieran haberse cometido en la legislación sujeta a la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, vale la pena mencionar que el Poder Legislativo no fue ni puede ser sujeto con una condena para acatar el fallo de la Corte”.

“Abiertas contradicciones”

Resaltó que incluso hubo “abiertas contradicciones” en lo expuesto por los ministros, entre ellas en el tema de rectoría del Estado, y que de seguir los criterios de la resolución podrían llevar a la industria “al mismo grado de indefinición que motivó la declaración de inconstitucionalidad”.

El senador perredista Pablo Gómez respondió a los integrantes de la CIRT que si bien como legisladores no están obligados a aplicar todas las opiniones expresadas por los ministros durante el análisis de la acción de inconstitucionalidad, “tenemos la necesidad de no seguir haciendo de la legislación en esta materia un objeto de disputa judicial”.

Gómez les indicó asimismo: “si no tomamos algunos puntos de vista de los ministros, nos arriesgamos a seguir en interminables litigios judiciales. Ésa es la cuestión, así es que en este sentido, cuando el Congreso legisle, tiene que tomar en cuenta la resolución de la Corte”.

No se trata de una obligación, insistió, pero algunas observaciones de los ministros dan pie a reflexiones posteriores. Sin perder la calma, Gómez advirtió a los representantes de los poderosos dueños de los medios electrónicos que la rectoría del Estado en materia de radio y televisión no es el tema de discusión, sino la propiedad del Estado sobre el espectro radioeléctrico.

Hay que tomar en cuenta, dijo, que el Estado podría incluso no concesionar los medios electrónicos. Y les hizo notar que se requiere un régimen fiscal para la radio y la televisión, que sustituya al pago en especie.

Igualmente, el presidente del grupo plural, Carlos Sotelo, comentó que no es obligación seguir los señalamientos de la Suprema Corte, pero comparten muchos de los argumentos expuestos por los ministros.

Los demás senadores no le entraron a la polémica. El priísta Francisco Arroyo Vieyra les dijo que no harán nada que dañe a la industria, aunque adobó su intervención al aludir a que en esta ocasión no asistió al Senado esa “teórica contemporánea de la democracia”, Paty Chapoy.

El presidente de la CIRT, Enrique Pereda, recalcó que sus propuestas llevan “mesura y prudencia”, y fueron elaboradas con el apoyo de 24 abogados.

Hablaron otros ocho integrantes de la CIRT, para insistir en que se mantenga a los medios públicos y comunitarios en el régimen de concesiones y se les impida contratar publicidad comercial.

En la nueva ley “debe quedar claro que la comercialización de espacios no está prevista para el caso de los permisionados, sean públicos y privados. Insistieron en que las concesiones se otorguen por licitación pública y al mejor postor. Que antes de pensar en regular contenidos se impulse el desarrollo tecnológico de los medios”.

Entregaron por escrito sus propuestas y se mostraron dispuestos a discutirlas.

Tan desprestigiadas están nuestras instituciones, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sus magistrados que la CIRT no tiene empacho en instruir al Senado para que no le haga caso. Pues quién manda en México, ¿CIRT, Paty Chapoy? No se entiende nada.