Insiste EU en reformar el sistema de justicia mexicano

En qué grado YA estamos de sometimiento que Estados Unidos se hará cargo de mejorar nuestro sistema de justicia penal independientemente de que el de ese país está podrido y mejor harían en depurar el suyo y no meterse con el nuestro que, en efecto, también está tan jodido como el suyo pero es a los mexicanos a quienes compete actuar en consecuencia. El sentimiento que provoca el título de "Insiste EU en reformar..." es el de estar YA abiertamente bajo la bota de un país extranjero, es degradar la nacionalidad mexicana a un status de ciudadano de segunda en un país sin independencia, sin soberanía y sin posibilidades de conducir su destino. Y lo que más deprime es que haya mexicanos que se ufanan de ello. Nací mexicana y recuerdo que me sentía contenta de serlo, cuando estuve en otros países respondía con orgullo cuando se me preguntaba mi nacionalidad, ahora debo confesar me produce cierta vergüenza. Espero que cuando muera haya recuperado ese orgullo, al menos lucharé hasta donde pueda para rescatarlo. No es justo que nuestra cultura y nuestros valores se vean ultrajados por un país que no los tiene y que ha sido uno de los imperios más criminales.

Jesús Aranda

La Iniciativa Mérida, suscrita por los gobiernos de México y Estados Unidos, contempla que el gobierno de Washington aporte recursos para el “mejoramiento del sistema de justicia penal” de nuestro país, cuyo eje fundamental es la aplicación de juicios orales a nivel federal y la introducción del sistema acusatorio.

Además de los recursos que se aprueben como parte del convenio bilateral (cuya cantidad aún no se ha dado a conocer oficialmente), el Congreso de Estados Unidos analiza la asignación de 9 millones 500 mil dólares, prevista en la partida presupuestal “para operaciones en el exterior en el año fiscal 2008”, que tiene como objetivo impulsar las reformas legales pendientes en materia de justicia en México.

En declaraciones a este diario, la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés) consideró que “una reforma profunda al sistema de justicia en México es un componente importante para poder combatir el narcotráfico y la violencia”, y asegura que este rubro es tan importante como la misma reforma judicial.

A contracorriente de estos acuerdos y comentarios, ministros de la Suprema Corte opinaron que sería “muy grave” que el gobierno mexicano hubiera pactado recibir apoyo para el sistema de justicia federal sin haber informado previamente al Poder Judicial de la Federación.

Los funcionarios aseveraron que desde hace años, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han rechazado apoyo económico de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de organizaciones estadunidenses como la Agencia de Asistencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la cual ha financiado en los últimos años la instauración de juicios orales en los estados de Chihuahua y Nuevo León, porque aceptar dinero del exterior “comprometería la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

De acuerdo con información obtenida por este diario, el principal canal que utiliza la USAID en apoyo a los juicios orales es del Programa de apoyo al estado de derecho (Proderecho), el cual impulsa en México las reformas al sistema de justicia a nivel estatal.

En su portal de Internet, el mencionado grupo señala que es una iniciativa no gubernamental, apoyada por la USAID, en que participa un grupo multidisciplinario de profesionales, “en su gran mayoría mexicanos, con amplia experiencia en actividades orientadas al fortalecimiento y consolidación de las instituciones sobre las que se sustenta el estado de derecho”.

Adicionalmente, Proderecho “cuenta con profesionistas externos, nacionales y extranjeros, especializados en diversas áreas del sistema de justicia que pueden colaborar activamente en los procesos de reforma en México”.

De acuerdo con Maureen Meyer, encargada para asuntos de México de WOLA, la Iniciativa Mérida incluye un componente llamado “Improving the criminal justice system”, que tiene un subcomponente de “Rule of law/systemic improvements in justice sector institutions”, sobre los cuales no se ha dado a conocer información oficial, como tampoco qué instituciones serán las beneficiarias.

Este apoyo es independiente al presupuesto para operaciones en el exterior, en el que se pone mayor énfasis en el impulso al sistema de justicia en México y las reformas para establecer un sistema acusatorio y los juicios orales. Las reformas al sistema de justicia son importantes, ya que la policía no actúa aislada, sino que es parte de todo un sistema de instituciones. Un sistema de justicia eficaz, añade Maureen Meyer al responder vía correo electrónico, aseguraría investigaciones eficientes y una recopilación de pruebas adecuada con garantías al debido proceso.

Respecto del aporte a los apoyos del gobierno de Estados Unidos a instituciones mexicanas, menciona que en el presupuesto de operaciones en el exterior para el próximo año se prevé entregar a México 9 millones 500 mil dólares, bajo el argumento de que “el sector judicial es fundamental, no sólo para combatir el crimen y el terrorismo, sino también para la modernización económica y competitividad del país (al establecer condiciones favorables para los inversionistas). Nosotros respaldamos las reformas judiciales mexicanas para que pasen de un sistema acusatorio a uno que incluya juicios orales, además del respaldo para perfeccionar los códigos penales y enfrentar “nuevas amenazas” como la violencia organizada y el tráfico de personas. Se puntualiza que Estados Unidos otorgará asistencia para aplicar un sistema acusatorio, de juicios orales y de códigos penales en otros diez estados, además de los tres a los que actualmente se les presta el apoyo.