La telecracia pregunta: ¿para qué la ley?

Por Ricardo Andrade Jardí

Sin duda uno de los peores obstáculos para la democracia en México es y seguirá siendo la impunidad avalada desde la clase política para los concesionarios del dúopolio televisivo, es desde las señales emitidas por TV Azteca y Televisa y sus programaciones que este país alcanza los lugares más vergonzosos de educación a nivel planetario, desde esas concesiones se impulsan los imaginarios opresivos que tanto favorecen a la corrupción y la impunidad así como la mediocridad cultural que ya raya en peligrosos márgenes de estupidez y pasividad que han fomentado el saqueo más grande de la historia contra el pueblo (mayoritariamente enajenado) de México.

Una vez más el sujeto que se valió de una fuerza paramilitar para tomar violentamente una señal patrimonio de la nación, concesionada a otro particular, el mismo que frente al impostor usurpador que se presume presidente de México, arremete nuevamente contra los representantes electos del pueblo de México para hacer pública la aberración que siente por un sistema que se funde en leyes. Sus declaraciones públicas revelan el peligroso imaginario que las televisiones privadas tienen de la “libertad de expresión” siempre reducida a la ganancia económica al costo que sea y por encima de quien sea, reivindican como suyas las luchas históricas de quienes han hecho posible las pocas pero no por eso menos importantes conquistas sociales que hemos alcanzado o rosado en nuestro país, muchas de las que hay que conviene recordar han sido justamente contra las formas impuestas por la telecracia y conviene recordar también que muchos de los presos políticos de este país son producto de la fabricación cómplice de esos medios que hoy se pretenden defensores de la libertad de expresión cuando no hay un solo registro histórico que los haga partícipes de las conquistas de esa libertad, son esos mismos medios los que han censurado una y otra vez la voz disidente del pueblo de México, pero el dueño de la televisora del Ajusco, quien en un Estado de Derecho, hace rato que estaría preso y que se le habría cancelado la concesión de un bien público, y baste de ejemplo la toma del CNI 40, por no entrar en los detalles de todas las mentiras emitidas con relación a ese hecho.
Frente al usurpador en turno Salinas Pliego declara lo peligroso que es que los legisladores quieran imponer con “leyes que atentan contra nuestra libertad más básica, que es la de expresar nuestras ideas”. Es decir, para el concesionario dueño de TV Azteca (gracias al también usurpador Salinas de Gortari) es reprobable que los legisladores quieran hacer e impulsar leyes en un país donde la regla es justamente la carencia o la omisión de las mismas, el Señor Salinas lo sabe bien, pues la impunidad lo ha favorecido desde que el otro Salinas le remató la televisión del Estado, con la intención acordada de idiotizar lo más pronto la comarca y poder gozar de los beneficios de la corrupción que les ha dado origen.
Pero las declaraciones corruptas del dueño de la concesionada televisora, son tan sólo un ejemplo del rumbo de mierda que se pretende para nuestro país. Peores son todavía las confesiones del legislador priísta, Jorge Mendoza, que afirma que con las nuevas modificaciones al Cofipe, las que pretende acabar con el dinero público que los partidos políticos pagaban por anunciarse como mercancía de supermercado en las contiendas electorales, son un mejor ejemplo de esas subjetividades enajenadas que han hecho de esta nación un abrevadero paradisíaco de políticos y empresarios pederastas y ladrones: “es excesivo sacar del aire a emisoras, porque afectaría a terceros, que se quedarían sin ver la telenovela o el fútbol”. Si las televisoras no quieren salir del aire lo único que tienen que hacer es cumplir la ley, por otro lado seguro que no pasa nada, y tal vez sí traiga un extraordinario beneficio para el país el que una mayoría de espectadores puedan ocupar su tiempo en algo infinitamente más útil que sentarse a ver una telenovela, lo que tendría que poner en practica el legislador, pues el contenido de su discurso es de un bajísimo nivel y de un claro manipuleo, producto indiscutible de una educación telecrática, es una vergüenza que además cobre del erario público.
Si la insistencia es que se “pregunte a los concesionarios su opinión” de las nuevas modificaciones de la ley, por qué no preguntarnos a los ciudadanos también lo que opinamos, a fin de cuentas se trata de un bien público, es decir nuestro y lo que se discute es el dinero también público con los que unos se venden (partidos) y los otros se enriquecen (particulares concesionarios) eso sí, siempre a nuestras costillas.