El Comité del 68 solicita que reciba pruebas contra Díaz Ordaz y Echeverría por genocidio
Gustavo Castillo García
Con la intermediación de la diputada perredista Aleida Alavez Ruiz, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) solicitaron a Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el máximo tribunal del país autorice que se amplíe hasta octubre de este año la investigación sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en Oaxaca durante el gobierno de Ulises Ruiz.
Durante el encuentro, que duró más de una hora y en el que también participaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), se pidió al presidente de la SCJN que los magistrados que integran la comisión que indaga lo sucedido en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– tengan una reunión con las víctimas y se les den a conocer algunas omisiones cometidas en las resoluciones judiciales relativas a los procesos que se siguen a los detenidos.
En tanto, integrantes del Comité del 68 pidieron a Ortiz Mayagoitia que la Corte analice la posibilidad de abrir una audiencia pública para escuchar testimonios o recibir pruebas que acrediten la comisión de genocidio en los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, para que este último sea juzgado por delitos de lesa humanidad.
Respecto al encuentro, la legisladora perredista informó que en el caso de la APPO, Ortiz Mayagoitia dijo que analizará la posibilidad de que integrantes de esa organización social se reúnan en la ciudad de México con los magistrados que investigan lo sucedido en esa entidad.
Aunque Alavez Ruiz reconoció que el próximo 29 de noviembre se tiene programado un encuentro en Oaxaca de los togados con integrantes de la APPO, María del Carmen López, vocera de la organización en el Distrito Federal, dijo que aun así se busca aportarles algunos testimonios y pruebas de violaciones a las garantías individuales, como detenciones arbitrarias y desapariciones.
Asimismo, señaló que acudirán ante la ONU para denunciar lo sucedido en la entidad, por lo que una delegación viajará a Ginebra, Suiza, para entregar un informe que elaboró la Asociación Internacional de Juristas, en el que se demuestra que hubo detenciones ilegales.
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