“Árbitro parcial” (Primera de dos partes)
Foto: gilberto villasana
Sierra de manantlán, Col., 26 de noviembre (apro).- Lejos de propiciar la distensión en la zona de conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco, el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se convirtió en un factor más de desacuerdo entre las partes, luego de ser acusado de actuar como árbitro parcial a favor del segundo estado, del que fue gobernador hasta hace un año.Mientras la tensión por el riesgo de un enfrentamiento entre policías de las dos entidades no deja dormir tranquila a la población de Plan de Méndez –comunidad enclavada en uno de los principales escenarios de disputa--, el gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, demanda la intervención del presidente Felipe Calderón, en tanto que el mandatario jalisciense, Emilio González Márquez, se inclina por la permanencia de la Secretaría de Gobernación en la labor de mediación.Apenas el pasado 2 de agosto, en el contexto de otro periodo de crisis, ambos gobernadores, con Ramírez Acuña como testigo, habían llegado a acuerdos para garantizar la tranquilidad en las comunidades de la región hasta que el Senado de la República emita la resolución definitiva sobre la pertenencia de los 406 kilómetros cuadrados de territorio en litigio.Reunidos en el aeropuerto de Manzanillo con Ramírez Acuña, Cavazos y González Márquez se comprometieron a no realizar obras de manera unilateral y a no introducir sus agentes policíacos en la zona de conflicto, vigilada entonces por el Ejército, que sería sustituido días después por la Policía Federal Preventiva (PFP).El primero en incumplir los acuerdos fue el propio secretario de Gobernación, quien nunca envió a los elementos de la PFP, y si bien mantuvo al Ejército, éste se retiró sin explicaciones la tarde del pasado 16 de noviembre, dejando sin resguardo la zona de Plan de Méndez, entre los municipios de Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.Por su parte, desde principios de este mes, autoridades de Jalisco iniciaron simultáneamente la construcción de obras en las regiones de Plan de Méndez y La Culebra --ésta última ubicada en los límites de los municipios de Manzanillo y Cihuatlán--, lo que provocó una serie de choques que estuvieron a punto de desencadenar la violencia, luego de que funcionarios municipales colimenses clausuraron las obras y sus homólogos de Jalisco rompieron los sellos.En La Culebra, la Policía de Procuración de Justicia de Colima detuvo a seis trabajadores que laboraban en la introducción del servicio de agua potable al fraccionamiento Música del Mar, y en respuesta los ejidatarios de El Rebalse, acompañados por el alcalde de Cihuatlán, Enrique González Gómez, bloquearon la carretera a Manzanillo hasta que los detenidos fueron liberados mediante el pago de una fianza.A su vez, en Plan de Méndez el gobierno de Jalisco apostó diez patrullas de la policía estatal para evitar que agentes colimenses detuvieran a los trabajadores que edifican, a marchas forzadas, una casa de usos múltiples.Tras el fracaso de dos reuniones de los alcaldes de Minatitlán, Héctor Bautista Vázquez, y Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos, prevalece un ambiente tenso en este lugar, mientras que ya fue levantado el campamento militar que duró casi cuatro meses. Cerca de 40 agentes de la policía jalisciense –que portan armas largas de grueso calibre-- mantienen el control de Plan de Méndez, donde colocaron un retén en el que interrogan y exigen identificación a las personas que pretenden ingresar a la comunidad. Del otro lado del río Minatitlán, a menos de dos kilómetros de distancia, hacen guardia unidades de la Policía Estatal Preventiva de Colima, cuyos agentes permanecen a la expectativa.Desde el pasado 13 de noviembre, el gobernador Silverio Cavazos envío al presidente Calderón el oficio OCG-254-2007, donde denuncia que la situación de la zona limítrofe ha sido notificada de manera puntual y reiterada a la Secretaría de Gobernación, sin recibir respuesta positiva.“Hemos encontrado —precisó-- no sólo una actitud de complacencia, sino también sumisa, que demuestra claramente el sometimiento y contubernio de la Secretaría de Gobernación con el gobierno del Jalisco, en contra de los intereses soberanos del pueblo y gobierno de Colima”.Añadió: “Esta actitud de dolo y deliberadamente parcial con que ha venido conduciendo sus actos la Secretaría de Gobernación, atenta, señor Presidente, irresponsablemente contra su voluntad manifiesta de atender y resolver el conflicto limítrofe entre Colima y Jalisco, amén del deterioro que origina en contra del federalismo mexicano”.Por ello, Cavazos solicitó a Calderón que, con la finalidad de evitar un enfrentamiento que derive en hechos de sangre entre las policías de ambos estados, instruyera al Ejército –que en ese momento se encontraba asentado en territorio colimense— que vigilara la zona en disputa de Plan de Méndez en su ingreso por el municipio de Cuautitlán, Jalisco, y de esa manera evitar que la policía de esa entidad se internara en el área de conflicto.Sin embargo, tres días después --el viernes pasado, a las 6 de la tarde--, los militares levantaron el campamento que habían instalado desde hacía cuatro meses y se retiraron de la región.De acuerdo con el secretario general de Gobierno de Colima, Héctor Michel Camarena, en una conversación con Cavazos, el presidente Calderón comentó que él no había dado la orden del retiro del Ejército de la zona de conflicto.El 15 de noviembre, el cabildo de Minatitlán, Colima, había enviado un exhorto al secretario de Gobernación “para que sus determinaciones en el conflicto de límites entre Colima y Jalisco sean de carácter imparcial y de pleno respeto a la soberanía de ambos estados”.Luego de una reunión realizada el viernes pasado, la Comisión para la defensa de la integridad territorial del estado de Colima --integrada por miembros de los tres poderes locales, legisladores federales, dirigentes de partidos políticos, de organismos empresariales y organizaciones sociales--emitió un manifiesto, en el que pide la intervención de Calderón.Además de cuestionar la actuación “parcial” de la Segob, especialmente del subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, la Comisión pidió que el Ejército asuma el control de los puntos de conflicto y que Calderón convoque a los gobernadores de Colima y Jalisco para convenir acciones tendientes a garantizar la paz en la zona limítrofe.En respuesta, el lunes pasado, el gobernador de Jalisco, Emilio González, se mostró de acuerdo en reunirse con Cavazos pero frente a Ramírez Acuña, no en presencia de Calderón.“Creo que no es necesario… no me parece que con tantas actividades que tiene el presidente de la República, como el caso de Tabasco y Chiapas, que deben estar ocupándole mucho de su tiempo, nosotros lo estemos distrayendo”, dijo González Márquez a la prensa tapatía.Indicó que el hecho de que Ramírez Acuña sea originario de Jalisco no es un impedimento para que funja como mediador. “Creo que Paco ha demostrado en todo momento su institucionalidad y que él tiene toda la calidad moral para ser quien nos ayude a destrabar esto”, afirmó.Para el gobernador de Colima, la postura de su homólogo jalisciense responde al hecho de que no quiere presentarse ante Calderón, porque teme que éste le cuestione por qué ha complicado el problema de los límites.“La apuesta de Colima –declaró ayer Cavazos-- es ver si, ante la alta investidura del presidente, a los de Jalisco les puede dar tantita pena y vergüenza y entonces sí se ponen a hacer lo que les corresponde, dentro de las acciones de cada gobierno para generar la tranquilidad en la zona”.Aunque dijo apelar a la sensibilidad de Calderón, Cavazos adelantó que, si él considera que no es necesaria su presencia y que basta con el Secretario de Gobernación, “lo aceptaré sin ningún problema. Sin embargo, le pediré al presidente que nada más analice que ya nos reunimos con el secretario de Gobernación y que Jalisco no cumplió”.
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