Recurrirán a Corte Interamericana

El secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo de México, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que exigirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se reparen los daños causados a la población tabasqueña damnificada. (Oscuro)

Ante el evidente carpetazo de la PGR a la denuncia del Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador sobre la tragedia de Tabasco

MÉXICO, D.F., 16 de noviembre (Redacción/APRO).- Gobierno Legítimo de México analiza la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de los responsables de la tragedia en Tabasco y para exigir que se reparen los daños causados a la población damnificada de aquella entidad, ante el intento de carpetazo que pretende dar la Procuraduría General de la República, con las declaraciones del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, informó el secretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti.

La inmediata descalificación de Santiago Vasconcelos a la querella penal que interpuso el presidente legítimo de México en contra de los responsables de la inundación en Tabasco, entre ellos los expresidentes Salinas, Zedillo y Fox, así como el presidente pelele, Felipe Calderón, es un anticipo de que la acusación será desestimada, puntualizó.
El subprocurador opta por desechar una petición de un ciudadano, “sin que se inicia investigación alguna para definir si existen o no tales responsabilidades”, aseguró al considerar conveniente que se presente una queja ante la Contraloría y una denuncia penal contra el subprocurador Vasconcelos, por presuntas responsabilidades, en el marco de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la legislación penal.
Expresó que la obligación de garantizar el derecho al acceso a la justicia a toda persona, la ubicamos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
Mencionó también que la Organización de las Naciones Unidas aprobó las directrices sobre la Función de los Fiscales, la cual se aprobó en 1990.
En dicho instrumento se señala dentro de las obligaciones de los mencionados servidores públicos “prestar la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delito, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones graves de los derechos humanos”, explicó.
De esta manera, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática exigieron la renuncia del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, quien ayer descalificó a Andrés Manuel López Obrador por la demanda penal que interpuso por la desgracia ocurrida en Tabasco.
La nueva embestida de Santiago Vasconcelos, quien acusó al tabasqueño de “agarrar la ley como instrumento de negociación política y chantaje”, provocaron que las corrientes que integran el PRD cerraran filas en torno de López Obrador.
Mientras Leonel Cota Montaño, líder nacional del PRD, demandó al funcionario federal dedicarse a hacer su trabajo y dejar de hacer “grilla barata”, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, líderes de la corriente Nueva Izquierda, consideraron inadmisibles las declaraciones de Vasconcelos y le pidieron que, por dignidad”, renuncie al cargo.
Coincidieron en señalar que si alguien conoce Tabasco y su problemática, es López Obrador.
Cota Montaño criticó que la PGR “está siendo juez y parte” en las investigaciones que motivaron la desgracia de Tabasco; y aclaró que a la Procuraduría no le corresponde emitir opiniones sobre la demanda, sino investigar y deslinde responsabilidades.
Por su parte, Jesús Zambrano y Jesús Ortega adelantaron que propondrán en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República un punto de acuerdo para respaldar a López Obrador y la denuncia penal que interpuso.
Mientras tanto, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Ricardo Monreal, exigió la renuncia de Vasconcelos, por descalificar de antemano la denuncia de López Obrador y anticipar que se dará “carpetazo a la misma”.
Con ello, dijo, el funcionario contraviene el artículo 21 constitucional y actúa de manera facciosa, al prejuzgar la acción del tabasqueño en lugar de investigarla, como es su obligación.