Derechos humanos: la indolencia gobernante

Editorial

La directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, advirtió, en el contexto de una visita de trabajo por nuestro país, que el gobierno federal ha hecho caso omiso de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en las que se concluye la participación del Estado mexicano en graves violaciones a las garantías individuales. La activista sostuvo que la falta de atención gubernamental a los señalamientos de la CIDH pone en evidencia que “no hay una verdadera voluntad política de este gobierno de acatar sus compromisos internacionales” en materia de derechos humanos, y se manifestó particularmente preocupada por el hecho de que en México persistan atropellos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada.

Las declaraciones de la representante del Cejil vienen a reafirmar algo que ha sido señalado desde diversos sectores de la opinión pública: que el país padece un estancamiento –si no es que un retroceso– en materia de derechos humanos, y que éste se apuntala por la ausencia de una política gubernamental en materia de procuración de las garantías individuales.

A más de un año de gobierno de Felipe Calderón, no sólo no se han resuelto las denuncias por los graves atropellos a las garantías individuales en que incurrieron autoridades estatales y federales a finales del foxismo –como la represión policial en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Atenco y Oaxaca–, sino que se han suscitado nuevas e injustificables vejaciones, muchas de las cuales pueden atribuirse a la decisión de emplear al Ejército en el combate al crimen organizado y a la tendencia gubernamental a criminalizar la protesta social.

Es particularmente alarmante la actitud del gobierno federal ante las denuncias en contra de efectivos castrenses en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”: las recomendaciones giradas al respecto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que las fuerzas armadas debieran regresar a los cuarteles, lejos de ser motivo de alarma y reconsideración, han sido desatendidas. Del mismo modo, el gobierno ha desoído, como señaló la propia Soraya Long, los llamados nacionales e internacionales para que se revise la jurisdicción militar vigente, a fin de que los miembros del Ejército que violen los derechos humanos sean juzgados por instancias civiles y no por tribunales castrenses: en los hechos, esto último permite que el Ejército se vuelva juez y parte, por decirlo de algún modo, e implica, como lo señaló la activista, una negación tácita de los atropellos, pues en todo caso se juzga la “indisciplina” militar y no propiamente el crimen cometido.

Por lo demás, el gobierno ha permitido, al amparo de un pretendido federalismo, que autoridades estatales cometan graves atropellos a las garantías individuales, en su vertiente de represión a expresiones legítimas de descontento social. Son relevantes en ese sentido los recientes actos de hostigamiento a los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, y a los dirigentes del movimiento Zimapán Somos Todos, en Hidalgo. También resulta exasperante la indiferencia oficial tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exonera, en forma inverosímil, al gobernador poblano, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

En suma, los señalamientos del Cejil dan cuenta de la contribución que el gobierno federal ha hecho, tanto por acción como por omisión, a la grave situación de los derechos humanos en el país. Esta circunstancia plantea la urgencia de que el gobierno federal reconozca y atienda las recomendaciones de los organismos especializados en la materia y consagre sus esfuerzos a respetar y hacer respetar las garantías fundamentales.