Despidos masivos en Pemex

Contralínea

Jesús Reyes Heroles, quien –según versiones del Legislativo– podría ser destituido de Pemex, se apresta a iniciar el despido de 32 mil empleados no sindicalizados. La paraestatal intenta deshacerse de los “trabajadores de línea” (ingenieros especializados) mediante la firma de un leonino Contrato Individual de Trabajo que congelaría las plazas de los despedidos, advierten juristas. Las labores de los cesados se concesionarían a empresas privadas

Ana Lilia Pérez

Lejos de su promesa de campaña, al término de su primer año en funciones, el autodenominado “presidente del empleo” tiene a 32 mil trabajadores no sindicalizados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la incertidumbre de los despidos masivos, previstos para el primer trimestre de 2008, cuando la Dirección Corporativa de Administración (DCA), que encabeza Rosendo Villarreal Dávila, iniciará “la adecuación de estructuras administrativas”, que implica “la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros”.
En medio de los escándalos por la supuesta negligencia con la que se desempeñan las compañías contratadas por Pemex, para trabajos de obra pública y servicios, la administración de Jesús Reyes Heroles aparentemente se prepara para cancelar alrededor de 30 mil plazas de personal de planta y transitorios de los niveles 35 al 39, que constituyen el 20 por ciento de la mano de obra de Pemex. El trabajo que realiza este sector se concesionaría a compañías privadas.

Reestructuración laboral
Los trabajadores de la petrolera del Estado suman 156 mil: 124 mil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, 29 mil de planta (niveles 35 al 39), y el resto, la alta directiva (niveles 40 al 45), de confianza. Los trabajadores no sindicalizados se distribuyen así: 7 mil 205 adscritos al corporativo; 11 mil 460 a Pemex Exploración y Producción; 5 mil 960 a Pemex Refinación; 2 mil 514 a Pemex Gas y Petroquímica Básica, y mil 893 a Pemex Petroquímica.
La reestructuración laboral en Pemex se aplica desde el sexenio de Vicente Fox (Contralínea, 61) como parte del denominado modelo SUMA, que permitirá la entrada a empresas privadas en áreas que constitucionalmente son exclusivas de la paraestatal. Aunque en un inicio el recorte se aplicará al personal no sindicalizado, también se contempla la reducción de las plazas controladas por Carlos Romero Deschamps, así como del pasivo que significan los pensionados.
Si bien esta medida fue planeada desde el sexenio de Vicente Fox, el actual gobierno de Felipe Calderón parece decidido a concluirla. En el decreto publicado el 1 de octubre –propuesto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y aprobado por el Legislativo el 13 de septiembre pasado– se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 65. Con ello, se prevé reducir –a partir de enero de 2008– las plazas de confianza en paraestatales, las prestaciones laborales y toda extensión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que por Ley se aplica a los trabajadores de confianza.
Para los abogados especialistas en derecho laboral, como Arturo Alcalde Justiniani, la medida constituye una violación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y un severo revés a las conquistas laborales de los trabajadores al servicio del Estado, en un periodo en el que el actual gobierno no ha podido reactivar el desastre en materia laboral heredado por su antecesor, sexenio en el que más de un millón quedaron desempleados.
La reforma obliga que las secretarías de Estado, paraestatales, organismos descentralizados, desconcentrados, la banca de desarrollo y universidades autónomas tomen “medidas” para excluir a los trabajadores no sindicalizados de toda prestación, lo que, para el abogado Arturo Alcalde Justiniani, significa la violación al artículo 123 constitucional y a la LFT.

El CIT
En Pemex la medida va más allá. De acuerdo con el oficio interno DCA/720, fechado el 8 de agosto de 2007, remitido por Rosendo Villarreal Dávila a los directores de las subsidiarias (Carlos Morales Gil, José Antonio Ceballos Soberanis, Roberto Ramírez Soberón y Rafael Beverido Lomelín), en lo que resta de la administración se eliminarán todas las plazas que estén en calidad de vacantes, desaparecerá también el rubro de tiempo extra y la reclasificación de personal.
En el rubro de liquidaciones, una vez que el trabajador lo solicite, se le autorizará la liquidación siempre y cuando su plaza quede cancelada. En el caso de las jubilaciones, se plantea que se le otorgará al trabajador sólo si acepta que se congele la plaza desocupada.
El adelgazamiento de la plantilla laboral se realizará mediante el denominado Contrato Individual de Trabajo (CIT), el cual, según información de Pemex, fue diseñado por Rosendo Villarreal Dávila y por el abogado general, José Néstor García Reza.
El documento traslada a los 29 mil trabajadores de planta al régimen de confianza. La argumentación del administrador de Pemex, según un oficio fechado el pasado 7 de septiembre, es que el CIT obedece a la “recomendación efectuada por los órganos de fiscalización”.
En este mismo oficio (DCA/779/2007) se notifica al personal de confianza, de planta, transitorios, así como a los sindicalizados que tengan una promoción a un puesto de confianza, la urgencia de firmar el contrato, “para dar una mayor certidumbre jurídica a ustedes y a la institución”.
Sin embargo, los juristas consultados coinciden en que la pretensión de los directivos es que, con la firma de este documento, el trabajador se reconozca como personal de confianza para poder aplicarle las reformas, incluidos los despidos.
El formato del CIT fue aprobado durante una reunión de altos mandos que tuvo lugar el jueves 6 de septiembre de 2007 en la Subdirección Corporativa de Recursos Humanos (SCRH) de la Torre de Pemex, en la que participaron Javier Reyes García, de Pemex Refinación; Manuel Carpinteyro Vigil, de PEP; César Sandoval Cruz, de PGPB; América García García, de Servicios de Salud; Alejandro Sierra Dávalos, Francisco Yllon Gonzáles, y Miguel Ángel Monroy Chie, del Jurídico Laboral.
También participaron Óscar Horacio Alva Rodas, Carmen Valencia del Toro, Azucena Vásquez Cardona y Víctor Lara Sánchez, de la SCRH. Se acordó que los casos de trabajadores que se negaran a firmar se remitirían al abogado general y la Secretaría de la Función Pública.

Los cambios
Por décadas, el acuerdo laboral entre la paraestatal y los trabajadores no sindicalizados se formaliza mediante “tarjetas de trabajo”, en las que se especifican sueldo del trabajador, actividades y prestaciones, como una extensión del CCT, en apego a la LFT.
El formato del CIT, además de no especificar el número de base de cada trabajador, homologa las actividades de los 32 mil empleados en las funciones que la LFT reconoce para los trabajadores de confianza: dirigir los proyectos y programas de trabajo alineados a las iniciativas y estrategias del plan de negocios; promover y vigilar el cumplimiento de las políticas y normatividad aplicables; supervisar el cumplimiento de los proyectos, programas de trabajo y el control del ejercicio presupuestal en el ámbito de su competencia; fiscalizar y analizar la utilización de recursos en su ámbito de competencia.
Sin embargo, en la práctica, salvo los altos mandos de la paraestatal, el resto no desempeña tales actividades, por esta razón, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), estima que la firma del CIT implica violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP).
Eduardo Díaz Reguera, de la ANAD, explica que cuando el trabajador firme el CIT, confiesa labores y atribuciones que en realidad no desempeña, con lo que incurrirían en contravención al artículo 8 de la LFRSP.
En este sentido, Alcalde Justiniani aprecia que el esquema, que otorga carácter de personal de confianza al que no lo es, “suprime los derechos sobre la base de la discrecionalidad y rompe con el principio general de igualdad”.
Aunque Néstor García Reza, abogado de Pemex, ha defendido que la firma del CIT no constituye ningún cambio en los derechos laborales de los trabajadores, los juristas de la ANAD aseguran que el esquema elimina de facto la antigüedad laboral, reduce las prestaciones e impide que el trabajador demande reinstalación.
Eduardo Díaz Reguera señala: “Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y firmar el CIT implica una violación a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, y renunciar a su derecho a la estabilidad en el empleo”.
Otros elementos por los que el CIT crea incertidumbre laboral a los trabajadores es que no incluye el número de plaza del trabajador y contempla un periodo de funciones sólo a febrero de 2008, según el calendario anexo del documento.
El abogado Carlos Abel Jiménez, especializado en la defensa laboral de trabajadores de Pemex, explica que la modalidad del contrato está diseñada para que cuando el trabajador sea despedido, el jurídico de la paraestatal argumente la no reinstalación porque la LFT establece que el patrón puede negarse a someterse a un juicio o arbitraje en caso de que el trabajador sea de confianza, eventual o con antigüedad menor a un año.
“Con este nuevo contrato la empresa acredita que como es un trabajador de confianza al momento de su despido se le perdió la confianza y, por tanto, ya no se le puede contratar; es una tendencia que manejan las empresas privadas y que se está generalizando en el sector público.
“Desde hace mucho tiempo se ha planteado privatizar Pemex, y uno de los aspectos más costosos es precisamente el personal; por eso, la intención de los directivos es reducir el pasivo laboral por medio del CIT, un arma jurídica para que, una vez despedidos, ya no regresen”.
Rodrigo Olvera Briceño, jurídico del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) dice que con el CIT los directivos de Pemex “están prefabricando fraudulentamente una prueba para los juicios que tengan que enfrentar”. Explica que si bien Pemex no despedirá de inmediato a los 32 mil trabajadores que lo firmen “afectará a la mayoría, porque es un hecho que Reyes Heroles recortará las plazas por el llamado modelo SUMA, y que este formato de contrato es una estrategia que están utilizando los abogados laboristas corporativos para asegurarse de que el personal que despidan no pueda demandar”.
Para comenzar la firma del CIT, los directivos de Pemex debieron someterlo a consideración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en virtud de que implica modificaciones a la LFT. Contralínea solicitó a esa dependencia información sobre sus observaciones al CIT, la respuesta fue que desconocen el citado documento.
También se solicitó a la Gerencia de Comunicación de Pemex los acuerdos u observaciones que podría haber emitido la STPS, así como entrevista con el titular de la DCA y de la OAG, para que expliquen el objetivo del CIT, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

La resistencia
La reestructuración laboral de Pemex se llevará a cabo en dos etapas: la primera es la firma del CIT, prevista entre el 15 y el 30 de noviembre, en que firmaría el personal adscrito a las direcciones corporativas de Finanzas y de Administración. Entre el 15 y 23 de noviembre, la Dirección Corporativa de Operación. Del 20 de noviembre al 14 de diciembre, las subsidiarias Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación. Entre el 15 y el 30 de noviembre Pemex Gas y Petroquímica Básica y de Pemex Petroquímica.
La segunda etapa se refiere a la “adecuación de estructuras administrativas”, en la cual se “racionalizarán los recursos humanos, materiales y financieros” y se eliminarán funciones duplicadas u homologadas, no especificadas o fuera de estructura.
Sin embargo, la resistencia de los trabajadores al nuevo contrato ha frenado que se cumpla con las fechas que programó Villarreal Dávila. El rechazo al CIT ha llegado a tal nivel que incluso el personal del jurídico de Pemex tampoco ha firmado.
Hace unas semanas, organizaciones de trabajadores de Pemex adheridas al CNEE establecieron un plan de resistencia a la reestructuración laboral que incluye la no firma del CIT, asesoría legal a los trabajadores, movilizaciones en las regiones petroleras y la presentación de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“¡No firmes!” es el llamado de alerta en las oficinas centrales y en todos los complejos y regiones petroleras del país. En algunas zonas, como Cactus, Chiapas, la consigna de no firmar es ya una decisión unilateral, lo mismo que en oficinas corporativas y plataformas de la Sonda de Campeche, que concentra a los trabajadores de Exploración y Producción. En Coatzacoalcos, que aglutina a personal de tres subsidiarias, los trabajadores se reúnen dos veces por semana para recibir asesoría legal por su negativa a no firmar. De forma paralela, los petroleros comienzan a remitir carta negativa al CIT ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El pasado 8 de noviembre, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera remitió una carta al titular de Pemex, en la que denuncia que el CIT “no está elaborado conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que afecta nuestros derechos, y además, no se da la buena fe ni la equidad que obliga a todo contrato laboral”.
Moisés Flores Salmerón, su presidente, asegura que el contrato es el preámbulo a la entrada de empresas privadas en trabajos de superintendencia, mantenimiento, ingeniería, geología y áreas técnicas que realiza el personal no sindicalizado de Pemex.
Alfredo Hernández Peñaloza, vicepresidente de la Unión, explica que la reestructuración de Pemex está encaminada en dos vertientes: eliminar áreas y funciones, para después justificar que la petrolera no tiene el personal para actividades como exploración, explotación, supervisión y mantenimiento, para después concesionarlas.
“La preocupación es que, junto con la firma del CIT, de manera paralela se está incrementando la contratación de empresas privadas para sustituir la mano de obra, como el área de ductos, que en noviembre pasado se concesionó a un consorcio de ingenieros texanos. Lo más grave es que este proceso ocurre en un momento en que han quedado al descubierto las irregularidades de las firmas contratistas y se ha comprobado que los trabajos que Pemex paga a terceros resultan más caros y muchas veces no se ejecutan.”
Al respecto, Mario Galicia Yépez, del CNEE, asegura que la medida de Reyes Heroles “es el tiro de gracia” al desmantelamiento de la ingeniería de Pemex, que en 2004 iniciaron Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, “para justificar que en México no hay personal calificado y contratarlo por fuera, aunque ya está comprobado que el contratismo en Pemex provoca no sólo daños patrimoniales, sino tragedias humanas”. Sin embargo, dice, “la administración y el gobierno actual prefieren pagar las consecuencias en aras de que se reduzca la estructura laboral de esta industria”.
Rodrigo Olvera Briceño, extitular jurídico del Centro de Reflexión Laboral, alerta que funcionarios de recursos humanos han comenzado a intimidar a los trabajadores con denunciarlos ante los órganos internos de control, para que les abra expedientes administrativos. Dice que el mensaje es: “Si no firmas, te voy a acusar de desobediencia a una orden y te voy a correr”. Agrega: y “si firman, también van a despedirlos”.

Estrategia en marcha

Ejecutor de la reestructuración laboral en Pemex que podría dejar sin empleo a miles de profesionistas en los siguientes meses, Rosendo Villarreal Dávila, se convirtió, desde mediados del sexenio de Vicente Fox, en uno de los funcionarios con mayor poder en la paraestatal.
El director corporativo de Administración se mantiene intocable frente a las acusaciones de conflicto de intereses y malos manejos en Pemex, a pesar de que fue él quien otorgó al sindicato petrolero los mil 724 millones de pesos.
Sobre este caso, en julio pasado, en una de las diligencias de las indagatorias en su contra –que llevan a cabo tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Procuraduría General de la República (PGR)– Juan Carlos Soriano denunció que Villarreal habría autorizado de manera ilegal el traspaso del dinero de las cuentas de Pemex a las del sindicato.
Sin embargo, ni la SFP ni la PGR han requerido al administrador, mientras que Raúl Muñoz Leos y Juan Carlos Soriano fueron inhabilitados por un periodo de 10 años, y se les impuso una multa de 862 millones de pesos.
Su relación con la SFP fue uno de los principales cuestionamientos que enfrentó cuando Vicente Fox lo colocó al frente de la Dirección Corporativa Administrativa. Y es que, entre 2001 y 2003, Villarreal se desempeñó como titular de la Contraloría Interna de la entonces Secodam.
Es decir, era el contralor de contralores y, como tal, de forma directa realizaba las auditorías clasificadas como “de primer nivel”, es decir, las que involucraban a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
De fiscalizar el desempeño de los altos funcionarios, Villarreal saltó a la cúpula de ellos en Pemex, invitado por Vicente Fox.
Desde septiembre de 2006, este funcionario enfrenta una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, promovida por el exlegislador Jesús González Schmal, en la que lo acusa de espionaje y acoso en su contra, por investigar el supuesto tráfico de influencias de los hijastros del presidente.
Según la denuncia, integrada en el expediente FCH/CUH-7/T1/02293/06-08, por orden de Marta Sahagún, Villarreal Dávila habría echado mano de recursos públicos de Pemex, de personal del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigación, para espiarlo y acosarlo con la finalidad de frenar las indagaciones que hacía el entonces legislador, quien encabezaba la comisión ex profeso.
Para ello, de acuerdo con el expediente, Villarreal Dávila, (originario de Coahuila, como González Schmal), habría asignado la investigación al gerente de Servicios de Seguridad Física, Víctor Manuel de la Peña Cortés, cuyo informe habría sido enviado a Los Pinos.
Recientemente, el Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que inicie una investigación en contra de Villarreal Dávila por supuesto tráfico de influencias en Pemex.
El documento del legislativo se basa en que el hijo del administrador de Pemex, Alberto Villarreal Berlanga, habría recibido autorización para instalar una gasolinería en el municipio de Arteaga. Los legisladores locales estiman que ello significaría violaciones al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. (ALP)

Trabajadores de Pemex: 156 mil
Sindicalizados: 124 mil
Trabajadores de planta: 29 mil (niveles 35 al 39)
Alta directiva: 3 mil (niveles 40 al 45)

Trabajadores no sindicalizados: 32 mil
Adscritos al corporativo: 7 mil 205
Adscritos a Pemex Exploración y Producción: 11 mil 460
Adscritos a Pemex Refinación: 5 mil 960
Adscritos a Pemex Gas y Petroquímica Básica: 2 mil 514
Adscritos a Pemex Petroquímica: mil 893

Revista Contralínea
México
Fecha de publicación: Diciembre 1a quincena de 2007 | Año 5 | No. 92