Guerrero: la mano de Elba Esther

Luis Hernández Navarro

¡Zas! Por poco y le da. Uno de los dos huevos que atravesaron las curules del Congreso de Guerrero rozó a José Luis González de la Vega, secretario de Educación del estado, y se estrelló muy cerca de la más alta tribuna de la entidad. Clara y yema saltaron por los aires y fueron a embarrarse en la vestimenta del funcionario público.

Ese 28 de abril de 2007, a Alvaro Leyva Reyes, el fallido pítcher, le faltó un poco de puntería, pero no de coraje. Mientras José Luis González rendía su informe al Congreso, se levantó de las gradas, le gritó “¡Basta de mentiras!”, le exigió que respondiera al cuestionamiento sobre las medidas que había tomado para sacar de la nómina a los trabajadores que cobran sin trabajar, y le lanzó los blanquillos. No dio en el blanco. De inmediato fue desalojado.

El asunto tiene cola. El tráfico de plazas y quienes disponen de una y no trabajan son un escándalo. Y, aunque en la comparecencia el funcionario respondió: “No somos tapadera de nadie”, los aviadores siguen allí. Y no son pocos. De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) alcanzan, al menos, la cifra de 3 mil.

Fernando Pineda, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del estado, asegura que la SEG es la dependencia “con mayores problemas de corrupción”. Apenas el pasado 28 de noviembre, tres personas defraudadas denunciaron una red de complicidades en la venta de plazas que involucra a ciudadanos que se presentan como familiares del secretario de Educación.

Según José Calixto Díaz, el oficialista dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “se decía que esas plazas las tenían funcionarios o personajes de la vida política dentro de los mismos partidos”.

Pero de acuerdo con el diputado perredista Martín Mora Aguilar, el asunto tiene ramificaciones en el gremio magisterial. Las plazas que van dejando los docentes y personal administrativo que están por jubilarse –asegura– son “negociadas” con el líder sindical, y al ser otorgadas se condiciona su entrega a la adhesión al Partido Nueva Alianza (Panal), en el cual milita Calixto Díaz. Todo esto sucede en un estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En una entidad en la que el secretario de Educación proviene no de las filas de ese partido, sino de las huestes de Elba Esther Gordillo.

José Luis González de la Vega, el encargado de la educación pública en Guerrero, es egresado de colegios y universidades privadas: La Salle e Iberoamericana. Hermano de Jorge González de la Vega, durante años ex secretario particular de Gordillo, trabajó para Televisa, la Organización Editorial Mexicana, el gobernador de Chihuahua y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dotado de nula capacidad de negociación, González de la Vega ha enfrentado el conflicto de la Normal Rural de Ayotzinapa con torpeza y prepotencia. En lugar de resolver la demanda de empleo de 75 normalistas, se ha dedicado a decir que muy probablemente los jóvenes tienen vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La situación es tan delicada que, apenas el pasado 6 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, a valorar las demandas de los maestros egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa y a resolver las peticiones de los estudiantes, al tiempo que reprochó el aval que el mandatario dio al uso de la fuerza para disolver las protestas de los alumnos.

Acostumbrados a la buena vida, el secretario de Educación y sus colaboradores más cercanos tienen cierta predilección por darse compensaciones generosas y comer en restaurantes de lujo, a cargo del erario. Recibos en propiedad de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero muestran que las percepciones del funcionario alcanzan 200 mil pesos al mes. Varias facturas dan cuenta de gastos de representación en comederos como el Suntory, Las Gaviotas, Cuatro Vientos y Cantonese Food.

Las anomalías en la institución educativa de la entidad distan de ser pocas. A dos empresas comercializadoras con sede en el Distrito Federal, no registradas en el padrón de contratistas del gobierno del estado –requisito sin el cual ninguna compañía puede ser contratada– la Secretaría de Educación les adjudicó de manera directa contratos por 8 y 9 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas.

Curiosamente, una de las empresas ha realizado obras para el ISSSTE que dirige Miguel Ángel Yunes, buen amigo de la maestra Gordillo. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas consideró necesario “fiscalizar el procedimiento de adjudicación de obras que realizó la SEG y llamar a cuentas al responsable”.

En diciembre de 2005 se denunció que funcionarios de Educación vendieron como material de desecho más de 16 toneladas de libros de texto gratuito a un reciclador de papel de Acapulco. Zeferino Torreblanca y José Luis González de la Vega Otero replicaron que la información era sesgada. Sin embargo, una investigación de la Contraloría Interna de la SEG descubrió un faltante de 46 mil libros.

Foco de conflicto adicional en el terreno educativo ha sido la decisión de González de la Vega de imponer una universidad intercultural alejada de la propuesta original de pueblos indígenas y sus organizaciones. Pensada para atender las demandas educativas de la población indígena del estado (amuzgos, mixtecos, nahuas y tlapanecos), la universidad es motivo de disputa entre el gobierno estatal y organizaciones de varios pueblos participantes en el proyecto original. Éstos denunciaron que el proyecto oficial buscaba beneficiar a las compañías constructoras.

En Guerrero, la mano de Elba Esther, con su saga de negocios, venta de plazas y control político del magisterio, mece la cuna de la educación pública. Lo hace, irónicamente, en un gobierno perredista.