Editorial
Como si no fueran bastantes las malas noticias respecto de la situación adversa que tendrá que enfrentar la economía popular en 2008, cuyos efectos ya se perciben, la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías anunció ayer que el precio de la tortilla se incrementará en los próximos días entre 20 y 30 por ciento. En tanto, el Grupo Financiero Invex, al difundir sus perspectivas económicas para el año que comienza, advirtió que el alza de los alimentos continuará debido al repunte en el costo de los combustibles y de los granos.
De tal forma, se prevé para los próximos meses la configuración de una nueva ofensiva contra los bolsillos de las familias, de por sí afectados por el gasolinazo –efectivo a partir de hoy–, que ha de sumarse al ajuste mensual al precio de los combustibles por la inflación, y el alza prevista en las tarifas eléctricas. Tales incrementos, supuestamente imprescindibles para la salud de las finanzas públicas, han sometido a los mexicanos a una espiral de incrementos en los precios de productos básicos desde su anuncio.
Habrá que preguntarse si el monto que ingresará al fisco con los nuevos impuestos compensará en alguna medida las adversidades que su aplicación representará para la población.
Por otra parte, al listado de efectos nocivos que la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acarreará para nuestro país habrá que sumar el ingreso a México de tecnología extranjera, lo que afectará a diversos sectores productivos nacionales.
Esto pone de manifiesto, además, la mentira de los gobiernos federales, incluido el presente, que mostraban el acuerdo de comercio trilateral como una panacea para la economía mexicana y una gran oportunidad para los productores nacionales, al permitirles ingresar y competir en un vasto mercado regional: la realidad es que, contrariamente a lo que se llegó a sostener, la competencia entre la inmensa mayoría de los productores agrícolas mexicanos y los de Estados Unidos y Canadá simplemente no puede darse, porque imperan condiciones de desigualdad no sólo en lo que toca al apoyo que otorgan los respectivos gobiernos, sino también en cuanto a la tecnología que se utiliza para desempeñar las actividades agrícolas en esos países.
En el caso de México, el apoyo del gobierno al campo se ha concentrado en un puñado de productores –los que se verán, en última instancia, beneficiados al participar en el mercado de la región–, mientras la inmensa mayoría ha sido sometida a un proceso de empobrecimiento que ha derivado en un abandono sostenido de los entornos rurales.
De su lado, como advirtió recientemente la Organización para el Desarrollo Industrial de Naciones Unidas (ONUDI), la iniciativa privada tampoco ha aportado a la investigación y el desarrollo tecnológico del sector agrícola. Es decir, durante todo este tiempo los productores han quedado prácticamente a la deriva y ahora se les integra a una arena comercial en la que tendrán que confrontar, en condiciones desiguales, a sus competidores estadunidenses y canadienses.
Ante esta circunstancia no es de sorprender que precios como el de la tortilla y otros alimentos se mantengan al alza: ello sólo es la parte más visible y la consecuencia más inmediata de un entorno adverso que se ha venido configurando en años recientes, y que a su vez es causado por el concierto de diversos factores internacionales, sí, pero sobre todo por la falta de un rumbo económico viable para el país.
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