Narcotráfico: guerra equívoca del calderonismo

Julio Pimentel Ramírez

En las primeras semanas de este año hemos apreciado en forma apretada rasgos y características de una administración gubernamental de contenido neoliberal, cuya política de múltiples maneras se encuentra impregnada de su ilegitimidad de origen, imposible de ocultar a pesar de los ingentes esfuerzos mediáticos que realizan aliados y subordinados.
El despertar del 2008 nos recibió a los mexicanos con un, si no inaudito sí preocupante, recrudecimiento de la violencia del narcotráfico, al que el gobierno espurio dice que le está ganando la guerra pero que en palabras del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes, personaje que no puede ser calificado de crítico del calderonismo, se encuentra fuera de control.
Los intensos enfrentamientos entre el Ejército y policías con sicarios fuertemente armados, los decomisos de armamento y el allanamiento de centros de operación y entrenamiento muestran, más que derrotas del crimen organizado, el poderío económico, militar, organizativo y operativo que no puede ser entendido si se pretende ignorar sus vínculos con el poder político y económico nacional y estadounidense.
En el periodo de la globalización capitalista el narcotráfico es un ejemplo de un negocio, oscuro y criminal, que traspasa fronteras: los enervantes se siembran, producen y procesan en países del subdesarrollo (sin dejar de lado que también se producen en los países desarrollados), se trafica por múltiples rutas que incluyen diversos territorios, se consume principalmente en mercados de alto poder adquisitivo (Estados Unidos es el consumidor número uno, aunque desgraciadamente va en aumento en países como el nuestro) y las estratosféricas ganancias se lavan a través de intrincadas redes financieras multinacionales.
Es claro que así como a México entran cientos de toneladas de contrabando de diversas mercancías, las armas cada vez más modernas que utiliza el crimen organizado se introducen al país y circulan por las carreteras con la complicidad de agentes aduanales y policías municipales, estatales y federales.
La captura de Alfredo Beltrán, sin obviar su limitada relevancia, no golpea esencialmente la estructura tejida por el narcotráfico, en este caso la llamada Federación de la que forma parte el Chapo Guzmán, quien se convirtió en una leyenda más en el imaginario popular a partir de su "fuga" de la prisión de alta seguridad ubicada en Puente Grande, Jalisco, conocida desde entonces como Puerta Grande.
A pesar de que muchas voces de la sociedad civil demandan que el Ejército regrese a los cuarteles y que sean los cuerpos policiacos los que se hagan cargo del combate al crimen organizado, el gobierno espurio publica un decreto en el que anuncia que se mantendrán las tareas castrenses de combate al crimen organizado y al narcotráfico al menos hasta el 2012.
En la lógica gubernamental, que pone énfasis en la fuerza como estrategia para enfrentar al narcotráfico, el Ejército no puede ser retirado de las calles, al contrario, ante la incapacidad y la corrupción de las policías municipales y estatales debe reforzarse su papel, con lo que además de contradecir el papel constitucional de las fuerzas armadas las coloca al alcance del poder corruptor del crimen organizado que, por cierto, en parte nutre sus filas con soldados desertores (más de cien mil durante el foxismo y 17 mil en lo que va de la administración espuria).
Dado que el gobierno federal no cuenta con una concepción y programa integrales para enfrentar este flagelo de profundas raíces económicas, políticas y sociales que rebasan las fronteras nacionales, está llevando a cabo una guerra equívoca de resultados imprevisibles que puede derivar en una ampliación de la descomposición del régimen y de la sociedad en su conjunto.
Así como Calderón reacciona como un general que se lanza a la batalla contra el narcotráfico sin identificar plenamente al enemigo, sus características, poder de fuego y aliados, en el terreno de la economía ante los graves problemas que anuncian la desaceleración y probable recesión estadounidense, cierra los ojos y balbucea frases de optimismo tomadas de cualquier libro de superación personal.
En todo caso para los neoliberales que gobiernan este país desde hace cinco sexenios, mientras los índices macroeconómicos (inflación -por cierto la maquillada cifra oficial encubre las alzas de precios en los productos de la canasta básica-, déficit fiscal, tasas de interés, reserva de divisas) se mantengan estables no importa que se incremente el desempleo y el subempleo, que caiga el salario real, que el campo profundice su crisis expulsando a millones de campesinos, por sólo mencionar algunos de los efectos de la crisis que nos amenaza.
En tanto el gobierno espurio y sus aliado del PRI y del PAN se preparan para acelerar la privatización de Petróleos Mexicanos a partir de aprobar modificaciones a leyes secundarias durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados que inicia en febrero, funcionarios del sector financiero dicen que en caso de que la economía se vea afectada por los problemas económicos del vecino del Norte, los superaremos gracias a los excedentes petroleros.

Así, además de representar la principal fuente de recursos fiscales del Estado, el petróleo es el principal instrumento para paliar efectos de posibles crisis económicas. Cabe preguntarse: ¿qué sucederá cuando la renta petrolera se encuentre en manos privadas, las transnacionales se comportarán con criterio social y pondrán sus ganancias al servicio de la nación? La respuesta es obvia y no hace falta plasmarla en estas líneas.