I. El servicio de noticias ISA se solidariza con El Sendero del Peje y con Víctor Hernández
II. La reforma judicial debe ser desechada y la sociedad debe mantener su movilización y su firme oposición a la misma: José Antonio Almazán
III. Cita el Frente Nacional Contra la Represión a concentración de protesta contra la reforma judicial, mañana frente al Senado
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Nuestra palabra:
EL SERVICIO DE NOTICIAS ISA SE SOLIDARIZA CON EL SENDERO DEL PEJE Y CON VÍCTOR HERNÁNDEZ
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD): Francisco Santos Arreola (quien durante los años noventa y hasta cerca del 2005 fuese miembro del derechista Partido Acción Nacional), acompañado del también diputado perredista Antonio Ortega Martínez (hermano del dirigente principal de la corriente Nueva Izquierda del PRD y candidato a la presidencia nacional de este partido, Jesús Ortega Martínez) presentó hoy una denuncia penal en contra de Víctor Hernández, fundador y principal promotor del blog El Sendero del Peje.
Dentro de esta denuncia penal, se esconde un nuevo ataque a la libertad de expresión, un ataque en particular a los medios de comunicación alternativa que mantienen su independencia en su labor informativa y se esconde también una nueva reacción de quienes desearían que el cerco informativo tendido hacia el movimiento lopezobradorista no fuera burlado por nadie.
El Sendero del Peje representa, sin duda, el medio informativo que con más éxito ha logrado romper ese cerco informativo, manteniendo informados a cientos de miles sobre lo que realmente pasa en México. Su número de lectores supera por mucho a medios de información, tradicionales o alternativos. La sapiencia de quienes le dan vida y el libre despliegue de su información por internet lo han hecho prácticamente intocable. No depende de nadie para actuar ni le debe nada a nadie para poder hacerlo. Su compromiso, reiteradamente explicitado, es con el movimiento social mexicano de resistencia civil pacífica en contra del gobierno usurpador y en contra de las elites económicas y políticas que mal gobiernan a México. También explícitamente, El Sendero del Peje ha expresado no tener compromiso con partido político alguno, ni siquiera con el partido de El Peje, Andrés Manuel López Obrador.
Lo escribimos en ocasión del tercer aniversario de este peculiar y ya famoso blog: “La fuerza de El Sendero del Peje radica en su carácter ciudadano, lo que lo ha hecho mal visto para los políticos profesionales; El Sendero del Peje es representante de ese ciudadano que hace política, pero que no convierte a la misma en su modus vivendi; de ese ciudadano que asume que lo político, lo público, no es materia de un oficio de pocos sino responsabilidad de todos y que, por lo mismo, lo primero que hay que hacer es quitarle a los llamados políticos el monopolio del quehacer político”.
El ataque a El Sendero del Peje no se da casualmente; su contexto es muy preciso. En el terreno nacional, se acerca el momento de las grandes definiciones, cuando la afrenta de la privatización del petróleo empieza a encontrar del otro lado a ciudadanos organizados y decididos a impedir tales planes del mal gobierno. En el terreno de la izquierda, sectores de esta corriente política que se han mantenido dentro del PRD se preparan a dar la batalla definitiva para tratar de rescatar ese organismo político e intentar que pueda ser una herramienta de lucha en manos del movimiento social y no botín repleto de beneficios personales para políticos mercenarios.
Es entonces cuando los ataques a los medios de comunicación ciudadanos aparecen y las corrientes afines al gobierno calderonista dentro del perredismo encuentran ocasión propicia para tratar de destruir a El sendero del Peje. Ilusos, ingenuos, no lo lograrán. Lo repetimos: ¡NO LO LOGRARÁN! No sólo por la sapiencia de los senderopejistas que sabrán defenderse de tales ataques, sino porque en su defensa y solidaridad se expresarán muchas voces.
Los del servicio de noticias ISA nos sumamos a esas voces.
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LA REFORMA JUDICIAL DEBE SER DESECHADA Y LA SOCIEDAD DEBE MANTENER SU MOVILIZACIÓN Y SU FIRME OPOSICIÓN A LA MISMA: JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN
La siguiente declaración fue dada a conocer hoy por el diputado federal José Antonio Almazán González, quien representa al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y es miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Violentando el proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 72 inciso E de la Constitución Política y con hipócritas consideraciones de “mostrarse sensibles al reclamo popular”, los promotores de la reforma judicial tuvieron que recular en uno de los aspectos más controvertidos y más violatorio de los derechos humanos y las garantías individuales: la inviolabilidad del domicilio.
Es necesario precisar, con todo detalle, el sentido de la votación realizada el día de ayer para evidenciar las contradicciones, absurdos y la turbiedad con que se mueven, tanto el PRI como el PAN, con el fin de imponer su engendro de reforma judicial. El día de ayer no se votó la reforma judicial en lo general; se discutieron las observaciones enviadas por el Senado al proyecto de dicha reforma enviado por esta Cámara de Diputados, aprobada el 12 de diciembre del año pasado, y, en un hecho insólito y fuera del procedimiento constitucional, se votó otra cosa, es decir: eliminar las reformas hechas tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado al párrafo 11 del artículo 16 constitucional. Este procedimiento está señalado, con toda precisión, en el inciso E del artículo 72 constitucional que a la letra dice “E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados”.
Es decir, la Cámara de Diputados sólo podía aceptar o rechazar los dos párrafos enviados por la Cámara de Senadores: 1.- la supresión del párrafo décimo del artículo 16 que otorga facultades al Procurador General de la República para tener acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado o confidencial, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.”, 2.- la modificación del nuevo párrafo duodécimo del artículo 16, que aprobó la Cámara de Diputados el 12 de diciembre, que faculta a la policía para ingresar sin orden judicial a un domicilio, modificando en dicho párrafo las palabras “información o conocimiento de”.
El día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría de dos tercios, la supresión del párrafo décimo del artículo 16, tal y como lo envió la Cámara revisora del Senado; pero en el caso de la modificación enviada por el Senado para el nuevo párrafo duodécimo, en lugar de aceptar o rechazar dicha modificación, aprobó la supresión de dicha modificación, violentando con ello el proceso de Iniciativas y formación de Leyes.
De tal forma que, para restablecer el procedimiento constitucional y reconociendo que la votación de la Cámara de Diputados violentó este procedimiento, la Cámara de Senadores puede: a) dejar en suspenso todo el artículo 16, b) si insiste en su modificación al párrafo duodécimo “…todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones y c) “…a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
Existe una obvia explicación política de todo este embrollo parlamentario. El profundo descontento que ha desatado entre la población el intento del gobierno espurio de establecer un estado policiaco y violatorio de los más elementales derechos humanos y garantías individuales. Este descontento se ha expresado en múltiples movilizaciones y críticas emitidas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destaca el Frente Nacional Contra la Represión, José Luis Soberanes (presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), organizaciones sindicales y campesinas, numerosos intelectuales y artistas e incluso el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra.
Ante esta andanada de reclamos, y teniendo tan cerca el año electoral de 2009, la mayoría priista y panista tuvo que realizar una maniobra de último momento, retirando uno de los aspectos más impopulares de dicha reforma, pero dejando intactos aspectos tan abominables como la inclusión de figuras como el arraigo domiciliario, las facultades extraordinarias al Ministerio Público y la ambigua definición de “delincuencia organizada”.
En mi carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados y por elemental congruencia con mi compromiso con los movimientos sociales y vocación democrática, mantengo mi firme rechazo al conjunto de este engendro de “reforma judicial” y hago un llamado a todos los senadores, comprometidos con estas mismas causas, para que utilicen todos los recursos a su alcance a fin de desechar esta iniciativa y a la sociedad para que mantenga su movilización y su firme oposición.
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CITA EL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN A CONCENTRACIÓN DE PROTESTA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL, MAÑANA FRENTE AL SENADO
Mañana jueves 28 de febrero, en el Senado de la República, en la calle de Xicotencatl 9, en el Centro Histórico (a media cuadra del metro Allende), en punto de las 9:00 horas, ha citado el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) a fin de que se exprese con la mayor energía posible el rechazo ciudadano a la reforma judicial que los partidos de derecha PRI y PAN pretenden aprobar.
Después de la aprobación que dicho proyecto legislativo recibió el día de ayer en la Cámara de Diputados, el FNCR ha insistido en que la “rasurada” del proyecto original que llevó a retirar la pretensión de legalizar el allanamiento de morada sin orden de cateo es del todo insuficiente y que se requiere rechazar en su conjunto dicha iniciativa de ley.
Cabe recordar que, entre otros aspectos, el FNCR ha señalado que la también conocida como Ley Gestapo incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Asimismo, se argumenta en la Ley Gestapo que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique comoe “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.
En resumen, el FNCR considera que en la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, de ahí su llamado a que la ciudadanía se pronuncie mañana frente al Senado en contra de su aprobación.
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