Boletín Informativo ISA núm 364

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Sumario:

I. Postura del Frente Nacional Contra la Represión (Fncr) en relación con la aprobación de la llamada reforma judicial

II. Que Mouriño aclare si firmó los contratos de su empresa para el traslado de combustible de Pemex, exige López Obrador

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POSTURA DEL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR) EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LA LLAMADA REFORMA JUDICIAL

Una vez que la reforma judicial fue sometida nuevamente a la consideración de la Cámara de Diputados, y votada el día martes 26 de febrero, y frente a la discusión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el FNCR expresa lo siguiente:

1. Desde que nuestra Asamblea Nacional tomó el acuerdo de luchar contra la aprobación de las Reformas a la Constitución en materia de Justicia Penal, en el mes de diciembre, el FNCR hizo público un pronunciamiento en el que rechaza de manera integral la iniciativa de reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 porque significa elevar a rango constitucional la violación a garantías ya establecidas en nuestra Carta Magna.

2. Desde entonces hemos venido denunciando que con el argumento de hacer más eficaz el combate a la delincuencia, la llamada reforma judicial está dirigida a consolidar los cambios al marco jurídico destinados a legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales. La tendencia en estos últimos años así lo demuestra: cientos de luchadores sociales se encuentran encarcelados, procesados y perseguidos por su participación en las luchas sociales pero acusados injustamente de cargos y delitos del fuero común. En este sentido, las modificaciones a la Constitución se constituyen en un verdadero retroceso en materia de derechos humanos y acentúan el carácter autoritario y policiaco del Estado mexicano.

3. Definitivamente nos oponemos al allanamiento, al cateo y el ingreso a un domicilio sin orden judicial, por la gravedad y el carácter fascista de esta medida, por lo cual la eliminación de la figura del allanamiento, en todo caso, la percibimos como el resultado de la movilización de un amplio sector de la sociedad que se pronunció en contra y, de manera particular, de la movilización de los ciudadanos y las organizaciones agrupadas en el FNCR.

4. Pero esto último también es la demostración de que no todo se define en el interior del Congreso y de acuerdo con los cálculos políticos de los partidos. La lucha por la defensa de los derechos humanos y de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna es una lucha de toda la sociedad y también se da en la calle y desde todas las tribunas a nuestro alcance. Por ello, ante el anuncio de que en los próximos días la llamada reforma judicial será nuevamente sometida a la consideración del Senado, exigimos nuevamente que sea desechada en su totalidad.

5. La reforma debe ser desechada porque eleva a rango constitucional la figura del arraigo, y el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político y el artículo 7° de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales. Ambos instrumentos jurídicos señalan, además, que “toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”.

6. La reforma debe ser desechada porque contempla la prisión preventiva, y de acuerdo al párrafo tercero del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general. Esa disposición determina que la prisión preventiva debe ser “excepcional y breve”. También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que: “la prisión preventiva como regla de aplicación general en los procesos penales es contraria a las normas de la Convención Americana, pues viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.

7. La reforma debe ser desechada porque intencionalmente y no por descuido define con ambigüedad a la delincuencia organizada. En este sentido, el mismo representante de la ONU señala que: “El proyecto al no especificar todos los elemento contenidos en la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional introduce una definición abierta mediante la cual se podría extender a otras situaciones u otras personas ajenas a la delincuencia organizada”. Consideramos que en ese sentido basta con la reunión de tres o más ciudadanos comunes y corrientes para que puedan ser catalogados como delincuencia organizada, lo cual es un peligro para toda la sociedad desde cualquier punto de vista, por la discrecionalidad y la politización que permea la administración de la justicia en nuestro país. En síntesis:

a) Se pretende elevar a nivel constitucional las graves violaciones a las garantías individuales y derechos humanos, que ya se han materializado en la hasta hoy inconstitucional Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada y,

b) Se legaliza el hasta hoy inconstitucional régimen de exterminio que existía ya en los Centros de Readaptación Social.

8. La reforma debe ser desechada porque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 27 establece que “una parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Ello supone que los Estados deben adecuar su normatividad interna con el derecho internacional y no realizar reformas que puedan contravenir y comprometer la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional. Por estas razones:

9. Anunciamos desde ahora que, en caso de consumarse la aprobación en el Senado, mantendremos nuestra lucha en el Distrito Federal y en todos los estados de la República para exigir a los Congresos locales el rechazo a la reforma. Además, si fuese necesario, acudiremos a todas los recursos jurídicos, como son: la controversia o la acción de inconstitucionalidad, los amparos y, finalmente, llevaremos el caso a las instancias internacionales que correspondan.

Para el FNCR, la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados es un triunfo de Calderón, el cual junto con su partido y los que votaron a favor de esta ley transformaron la Constitución muy a su modo para ya no tener que ser juzgados, por llevar a cabo crímenes de lesa humanidad, sino llevarlos a cabo con la ley en la mano: “reforma judicial”, “ley contra el terrorismo”, etcétera. Y dentro de esta lógica, introducen términos y conceptos como narcotráfico y otros, que son utilizados como instrumentos para justificar una guerra, y es así como los militares entran en funciones de seguridad y vigilancia interna, que correspondían constitucionalmente a las policías, y con esta ley a éstas se les dará capacidad y autoridad ilimitadas, además de que nunca especifican a cuales policías, teniendo esto como resultado la generalización de detenciones arbitrarias y violentas. Por otra parte, también estas funciones podrán recaer en “civiles” con el poder de utilizar armas y en consecuencia se legalizan los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte, las brigadas blancas, se permite el camuflaje de los unos en los otros sin la responsabilidad de ninguno; su denominador común de todos ellos es, como bien sabemos, acabar con la disidencia organizada, con los movimientos sociales y con la misma sociedad civil si toma partido, como son los casos de Chiapas, Atenco, Oaxaca, Guerrero, etcétera.

Por otra parte, la reforma judicial permite que si un acusado acepta su culpabilidad, se concluya el juicio y se le ofrezcan al acusado beneficios, tal hecho favorece por sí mismo la tortura.

Además, con esta reforma se favorece la agudización del marco legal represivo, ya que actualmente en la Cámara de Diputados se va a discutir la aprobación de un decreto para reglamentar el artículo 29 constitucional, con el objeto de incluir la figura de Estado de excepción que permitiría a Calderón limitar aún más las garantías individuales.

Esta ley aprobada por mayoría, al igual que la ley contra el terrorismo y la perversa y oscura Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se suma a los sombríos planes del gobierno de Calderón llevados a cabo en la Cámara de Diputados y cierran el circulo para formar un Estado de terror, constitucionalmente hablando en sus justos términos jurídicos, un Estado policiaco, con el cual los grupos en el poder podrán en consecuencia: justificar desapariciones, limitar y socavar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de la sociedad en torno a sus intereses.

Para diseñar un plan articulado de movilizaciones en todo el país, el FNCR celebrará su Cuarta Asamblea Nacional el próximo 9 de marzo, en la comunidad de Aguascalientes, del municipio de Acapulco, Guerrero, donde los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) alojarán este encuentro nacional.

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QUE MOURIÑO ACLARE SI FIRMÓ LOS CONTRATOS DE SU EMPRESA PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DE PEMEX, EXIGE LÓPEZ OBRADOR

Desde el norte del país, donde hoy inició un recorrido por 20 municipios del estado de Nayarit, Andrés Manuel López Obrador emplazó a Juan Camilo Mouriño a aclarar públicamente si firmó o no convenios de adjudicación directa con Petróleos Mexicanos, para beneficio de su empresa familiar, cuando se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, como asesor y subsecretario de la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón.

“No hace falta que Mouriño proporcione toda la documentación a las instancias federales, como lo informó. Lo único que tiene que aclarar es si hubo o no un conflicto de intereses, porque todos los contratos, de pura casualidad, se entregaron sin mediar una licitación, como lo ordena la ley”, señaló el presidente legítimo de México.

En el municipio de Jala, López Obrador afirmó que Mouriño Terrazo hizo negocios con Pemex a favor de la empresa de su familia, cuando fungía como presidente de la mencionada comisión legislativa y luego, como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. Ahora, “dice Mouriño que no, que renunció a las acciones de la empresa familiar, porque se dedica a la actividad política, pero todavía busco al tonto que se lo crea”, señaló al insistir en que el ahora secretario de Gobernación del gobierno de facto que preside Calderón debe aclarar cuál es su relación con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad.

Horas después de que Mouriño dijera que entregaría toda la información correspondiente sobre las empresas de su familia, en respuesta a una solicitud que planteó López Obrador para practicar una auditoria a la gestión de Mouriño en ámbitos legislativo y de la administración pública, el presidente legítimo de los mexicanos le preguntó desde Ixtlán del Río: “¿a qué instancias federales va a enviar toda la documentación? Seguro que el pelele de Calderón no va a hacer justicia, porque es su socio, sería como pedirle peras al olmo”, anticipó.

En el primer día de gira por la geografía nayarita, el dirigente de la izquierda mexicana denunció que Calderón, Mouriño y el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, están metidos en negocios que tienen que ver con la privatización de la industria eléctrica y ahora pretenden entregar el petróleo a empresas particulares, tanto nacionales, como extranjeras.

Al reiterar la necesidad de que Mouriño aclare si firmó los contratos de su empresa para el traslado de combustible de Pemex, cuando ocupaba una curul en el recinto de San Lázaro o cuando era funcionario de la Secretaría de Energía, el presidente legítimo de México puntualizó que los convenios de referencia se adjudicaron de manera directa o “que me digan en qué ley se basaron para concretar una asignación sin licitar”.

Luego sostuvo que la ambición al dinero es el único argumento que justifica la intención de privatizar los sectores eléctrico y petrolero, y parafraseando al poeta Bertold Brecht, subrayó: “el peor de los ladrones es el político corrupto, lacayo de empresas nacionales y multinacionales”.

En su encuentro con el pueblo de Jala, López Obrador informó que está por lanzarse en los medios de comunicación electrónicos una campaña para difundir las supuestas bondades que implica abrir Pemex al sector privado. Se trata de un documental bien hecho, de aproximadamente cinco minutos, en donde se recurre a la psicología y a imágenes de niños, señoras embarazadas y hasta a la bandera nacional para decir que tenemos un tesoro en el Golfo de México, que es el petróleo, pero que no tenemos tecnología para extraerlo desde 3 mil metros de profundidad y que por esa razón es necesaria la asociación con empresas extranjeras.

Al respecto, López Obrador advirtió: “si se asocia Pemex con compañías particulares y se comparte la renta petrolera, ya no habrá posibilidades de desarrollo y el país retornará a tiempos del Porfiriato”.

En Ahuacatlán reiteró su solicitud de derecho de réplica a la empresa Televisa, en particular al programa de análisis en donde participan los principales conductores de los noticiarios del citado medio. “Siempre se ocupan de nosotros, pero no nos dan derecho de réplica; por qué no me invitan a su programa y me permiten dar nuestros argumentos, sobre la intención de privatizar el petróleo”, señaló.

La misma solicitud de espacio televisivo solicitó al conductor del matutino “Primero Noticias”, Carlos Loret. Ahora que hicieron uso de los micrófonos la secretaria de Energía, Georgina Kessel; uno de los principales promotores de la iniciativa de privatización, el senador priista, Francisco Labastida, y hasta el ex candidato presidencial, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, “que me inviten y espero una respuesta del propietario de Televisa, Emilio Azcárraga, a la carta que le envié para solicitarle espacios en su empresa”, señaló López Obrador, quien finalmente recordó que el próximo 18 de marzo se realizará una asamblea nacional para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera y para reiterar que el petróleo es de los mexicanos.