El Salto al patio trasero del infierno

Silvia Ribeiro

El 13 de febrero pasado murió Miguel Ángel López Rocha, de ocho años, luego de estar 19 días en estado de coma tras haber caído, jugando, al río Santiago en Jalisco, uno de los peores casos de contaminación industrial y orgánica a nivel mundial. El contacto con el agua del río le provocó intoxicación con arsénico, septicemia (infección) generalizada e inflamación cerebral, debido a los altos niveles de sustancias tóxicas, metales pesados y bacterias nocivas que contiene.

En medio de la tragedia, la familia debió enfrentarse a que el director del Hospital General de Occidente, Enrique Rábago, alegara que el estado de salud del niño se debía probablemente a que consumía drogas. Presionados por las denuncias y protestas de organizaciones de vecinos y sociales de El Salto y de Jalisco, las autoridades hospitalarias y estatales reconocieron que el caso se debió a la contaminación del río. Enrique Encizo, de la organización vecinal Un Salto de Vida declaró: “Esta es una tragedia anunciada, la contaminación del río Santiago es una bomba de tiempo que autoridades e industrias han puesto sobre los vecinos de El Salto y Juanacatlán”.

El delito de Miguel Ángel fue ser un niño que como otros millares viven o van a la escuela cerca del río Santiago en las afueras de Guadalajara. Hasta hace pocas décadas una zona rural, ahora convertida en zona industrial y de viviendas económicas, conurbada a la segunda ciudad del país y uno de los casos más dramáticos de contaminación en México. Es un ejemplo particularmente claro de lo que sucede en el traspatio de la sociedad industrial y de los efectos del modelo caótico y devastador de urbanización salvaje, para el lucro de unos pocos. Los habitantes de El Salto y Juanacatlán han denunciado desde hace años muchos casos de intoxicación y de cáncer, además de alergias, malos olores y una pesada invasión de zancudos en cada anochecer.

El fraccionamiento La Azucena, de construcción reciente y donde vivía Miguel Ángel, está enclavado en una área “residencial” de algunas hectáreas en medio del corredor industrial de Guadalajara. Varios operadores han construido miles de viviendas nuevas en esa región. En cada bloque de cientos de viviendas, como La Azucena, no hay ni un sólo árbol ni espacio recreativo, no hay sistemas de procesamiento de aguas servidas, no hay servicios. Estas son las viviendas que el presente gobierno y los anteriores ostentan como vivienda social. En realidad son un negocio redondo para los operadores, como por ejemplo Casas GEO, HYR, ARA y similares, que consiguen el terreno casi regalado –en muchos casos por privatización de terrenos ejidales– y construyen cientos o miles de viviendas de pésima calidad, sin servicios ni áreas verdes y con insuficientes o inexistentes sistemas de saneamiento. Aún así, las venden con enormes ganancias a los “beneficiarios” de Infonavit y similares. De paso, chupan y contaminan el agua de toda la región, poniendo en crisis a pueblos, comunidades y ejidos vecinos que no pueden competir con esta enorme demanda.

La Azucena está situada entre la carretera –frente a una extensa zona industrial– y el río Santiago. Entre las viviendas y el río, un bordo construido con bolsas de arena intenta ocultar la vista y olores del río, teóricamente para prevenir inundaciones sobre la zona habitacional, lo cual sería un desastre de proporciones catastróficas. El desagüe de las viviendas va directamente al río. Aquí cayó Miguel Ángel.

Siendo terrible, esta zona es apenas un mojón más de la cadena de contaminación de la cuenca del río Santiago. Un punto álgido se encuentra río arriba, en la colonia La Huizachera, Canal del Ahogado, donde el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara arroja desde enormes tubos las aguas negras de la zona conurbada, mezclada con lodos industriales que se vierten al sistema municipal, sin tratamiento más que la molienda de lo que llega para tirarlo líquido al río. Las pocas vacas que pastan en los alrededores sufren de mastitis crónica, con enormes ubres y heridas infectadas.

Sobre el corredor industrial de Guadalajara, el río recibe los desechos químicos de más de 200 grandes empresas nacionales y trasnacionales, entre las cuales se encuentran Aventis, Bayer, Nestlé, IBM, DuPont, Xerox, United Plastics Group, Celanese y otras.

Toda esta peste tóxica corre hacia El Salto de Juanacatlán, una cascada de 20 metros que hace tres décadas era una maravilla natural, lugar de refresco de la región, donde los lugareños recuerdan beber su agua clara, bañarse y pescar. Las obras hidráulicas en la cascada empeoraron aún más la situación, al retener materia orgánica que se pudre. Parados en el puente sobre El Salto, una nube blanca invade el aire trasmitiendo un olor nauseabundo y picante, una sensación inmediata de toxicidad. La espuma que se forma con la caída es dura y nunca se disuelve, permanece al pie de la cascada y cubre de blanco sucio todo el ancho del río, por kilómetros. Todo esto va a parar a la región donde se quiere construir la presa de Arcediano, que según la declaración oficial es para proveer ¡agua potable! a los habitantes.

Esto no es un “accidente”, ni un caso aislado. ¿Cuántas industrias pueden hacer esto en sus países sede? ¿Por qué lo permiten las autoridades? Es un crudo ejemplo de injusticia ambiental y social, un grito de alerta contra la urbanización salvaje, contracara del despojo rural.