Gobierno ilegítimo, PAN y PRI por la privatización energética

Julio Pimentel Ramírez

A riesgo de parecer necios y entretenidos en un “desgastante” boxeo de sombra, cabe reiterar que durante los últimos veinticinco años las administraciones federales, tres priístas y dos panistas, han instrumentado una política económica que con el pretexto de modernizar y adelgazar al Estado ha puesto en manos de grandes empresas mexicanas y extranjeras más de un millar de empresas del sector público, proceso privatizador que desean culminar con la llamada reforma del sector energético.
Son múltiples los ejemplos en que los legisladores del PAN y del PRI, partido éste último en el que las posiciones y órdenes de sus cúpulas neoliberales termina por predominar y someter a la disciplina a quienes se dicen nacionalistas y con vocación popular, procedieron de manera sigilosa y expedita para imponer reformas acordes con sus intereses y su proyecto de nación al servicio del capital transnacional en poder de extranjeros y mexicanos, que para el caso da lo mismo.
No olvidemos los cambios salinistas al Artículo 27 Constitucional que aceleró el agotamiento de ejidos y comunidades y que junto a otras modificaciones legales dio paso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado gracias al maridaje de los dos partidos en mención, y cuyos efectos favorables para un puñado de empresarios y nocivos para la mayoría de los mexicanos aún estamos padeciendo.
Recordemos que en el afán de “desincorporación”, “adelgazamiento” y “modernizador” del Estado, eufemismos que encubre el apetito privatizador neoliberal, lo mismo vendieron a precio de garaje a empresas intrascendentes que a bancos y a grandes empresas como Teléfonos de México que, por cierto, es la principal plataforma de negocios de uno de los hombres más ricos del mundo. Por lo demás el servicio telefónico en manos privadas no significó beneficios para los consumidores, como promete la publicidad privatizadora, pues en México tenemos una de las más altas tarifas del mundo. Ni qué decir de los servicios bancarios que cobran altos intereses a sus usuarios y se benefician con recursos del IPAB.
En tiempos más cercanos tenemos ejemplos de la estrategia privatizadora diseñada por el Ejecutivo en connivencia con la mancuerna PRIAN en el ámbito legislativo: lo vimos con el nombramiento, en su momento, de Carlos Ugalde y los consejeros del IFE quienes contribuyeron en forma decisiva al fraude electoral del 2006.
La complicidad del PRI y del PAN quedó nuevamente al desnudo con la imposición -mediante un madruguete o albazo legislativo, como prefiera usted calificarlo- de la privatizadora reforma a la ley del ISSSTE, que afecta las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y pone en manos privadas cuantiosos recursos. Esta reforma, por cierto, enfrenta una amplia resistencia de miles de afiliados a este sistema de seguridad social que, junto al IMSS, se encuentra amenazado por la codicia del capital privado y sus aliados en el poder político.
En este breve ejercicio podemos recordar la ley de medios -que en su momento se impuso en el ámbito legislativo a través de alianza panista-priísta con la complicidad vacilante de sectores perredistas que más tarde dieron marcha atrás a su yerro legislativo; aunque posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su revisión, proceso que deberá culminar en fecha próxima en la Cámara de Senadores, momento en el que veremos si los legisladores fueron capaces de resistir el poder mediático de los monopolios de comunicación electrónica o tendremos una reforma “mediatizada”, valga la expresión.
Finalmente, cabe señalar que la próxima semana la reforma judicial será aprobada por la multicitada “santa alianza” de blanquiazules y tricolores, o al contrario que en este caso el orden de los factores no altera el producto, que volverá legales aberrantes prácticas policiacas que anuncian la agudización y crecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Volviendo al tema del petróleo, con la declaración de la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, reconociendo que le están dando los últimos toques a la iniciativa de reforma energética que en marzo se discutirá en la Cámara de Diputados, pocos resquicios quedan para quienes niegan que exista un proyecto en ese sentido, al tiempo que pretenden descalificar las reiteradas advertencias de Andrés Manuel López Obrador, quien no quita el dedo del renglón.
No solamente Georgina Kessel “soltó la sopa”, como con ironía y certeza denuncia Andrés Manuel López Obrador, sino que el mismo usurpador de Los Pinos con ese lenguaje heredado del viejo presidencialismo priísta, que sin cambiar su esencia se vistió de azul, expresó que la iniciativa de reforma de PEMEX no va en el sentido de invertirle más recursos públicos -que la misma paraestatal genera y de los que es despojada (una parte enorme se destina al fisco y otra a los bolsillos de burócratas)- sino en seguir el ejemplo de países que permiten la inversión privada en el sector.
Los términos de “flexibilidad” y “asociación”, que se suman a los eufemismos anteriormente mencionados, encubren la sabida pretensión de que las reformas energéticas permitan hacer negocios privados con la riqueza pública. El proyecto reconocido por la secretaria Kessel permitirá a empresarios de cualquier nacionalidad participar en un negocio altamente redituable para ellos y para los operadores gubernamentales que, como es tradición en nuestro sistema político, o bien recibe su “diezmo” o tienen intereses en el sector, como es el caso del titular de Gobernación Juan Camilo Mouriño (se dice que junto al dirigente del PAN afinan la estrategia de la reforma energética) cuyos negocios familiares lo colocan en un conflicto de intereses, que en otras latitudes lo llevaría a la renuncia.