La migración, la miseria y la privatización llevan a Calderón a penalizar la lucha social

Pedro Echeverría V.

1. Hace varios días “La Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos”, mas las 57 organizaciones que la integran, suscribieron una declaración y la hicieron pública para iniciar una campaña nacional denominada La protesta es un derecho, la represión un delito, mediante la cual se busca informar a la población que la protesta es “una de las formas de garantía de los derechos”. La protesta pública es en estos momentos el arma más importante de los trabajadores explotados ante la falta de diálogo real. La palabra diálogo en boca de los empresarios, del gobierno y de los medios de información es una mentira; el poder sólo dialoga cuando se siente presionado por las masas en la calle o cuando busca legitimar su poder mediante un “diálogo” con sectores subordinados. La población mexicana no puede permitir que en nombre de “la paz y el orden” se supriman sus derechos consagrados en la carta magna, tampoco los legisladores deben aprobar nada al respecto.

2. El presidente ilegítimo de México, Felipe Calderón, acaba de realizar una gira política en varios estados de Norteamérica. Aunque no se entrevistó con Bush ni con algún miembro prominente de su equipo, menos con algún candidato presidencial demócrata o republicano, sí logró hacerlo con el artista Schwarzenegger (el fascista gobernador de California, enemigo de los migrantes) Pero al parecer Calderón no tenía en la mira entrevistarse con gobernantes sino hacer política panista entre los emigrantes mexicanos con el fin de ganar votos y simpatías para su gobierno. Los “braceros” de nuestro país en los EEUU, viven en permanente desesperación y angustia por conseguir ingresos, por ahorrar sacrificando incluso su salud y por evitar caer en manos de la policía que los busca y vigila en todas partes para expulsarlos. Esto al gobierno mexicano le importa un bledo y su discurso demagógico es sólo para quedar bien. Para eso fue la gira por EEUU.

3. Debería ser vergonzoso (además de ser un delito) para los gobiernos y empresarios mexicanos que más de medio millón de “braceros” tengan que cruzar a los Estados Unidos anualmente. El pueblo de México debería enjuiciarlos y castigarlos porque en vez de crear empleos bien pagados se dedican a robarle a la nación su presupuesto público y a explotar sin freno el trabajo humano. No se necesita una investigación para ver hasta qué grado las grandes riquezas que se crean por el trabajo de millones de campesinos, obreros, sectores populares, acrecentan a diario las cuentas de los bancos del país y extranjeros. Realmente ese debería ser un delito que se castigue con la cárcel; pero en México, como en los demás países capitalistas el robo, el enriquecimiento por la explotación y los grandes negocios se premian con homenajes y reconocimientos. Los Slim, Azcárraga, Bailleres, Zambrano, Hernández o Salinas, deberían recibir un castigo por privatizar la riqueza.

4. Calderón ha estrechado relaciones con el ejército dándoles un aumento enorme en sus salarios y prestaciones; al mismo tiempo los ha puesto en actividad en calles de ciudades y zonas rurales. Es una estrategia que se disfraza como “combate al narcotráfico” pero lo se busca es intimidar al pueblo para que no proteste. El combate contra el narcotráfico no es tan real, parece una especie de entretenimiento que de paso enseña una fuerza amenazante ante el amplio descontento como existió en su primer año. Calderón es un fuerte político de la derecha internacional, tal como Aznar, Sarkozy, Belrusconi o Uribe. No es un tonto irresponsable como Fox que dedicó su sexenio a enriquecerse junto a su familia. Calderón seguirá siendo (como Fox) “un cachorro del gobierno yanqui” en turno, pero desde la presidencia está redondeando y extendiendo su equipo en el PAN para intervenir en otros campos, incluso en la democracia cristiana internacional con el objetivo de amarrar fuerzas.

5. Hace unos días, la alta comisionada de los Derechos Humanos Louise Arbour, en su visita a México, pidió al gobierno mexicano “que asuma el compromiso de combatir con toda energía los feminicidios , los asesinatos de periodistas, las redes de pornografía y pederastia, como lo está haciendo con el narcotráfico, es decir, con todos los esfuerzos, porque eso es lo que pide la gente. Por otro la comisionada denunció que los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado –violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos– que deben ser investigadas por la justicia civil”. Denunció que no solo hay que combatir el narcotráfico, que hay muchos más problemas y que los militares han cometido violaciones a derechos humanos. Calderón, el presidente que no es tonto como Fox, seguramente lo reconocerá, pero terminará negociando la declaración.

6. Donde la comisionada se fue al fondo de la crítica, porque en México se está sufriendo esa situación, fue cuando advirtió que el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación. Y concluyó: “Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”. Lo que ignora Arbour es que Calderón, al mandar al ejército a las calles, busca intimidar las luchas de las izquierdas y trabajadores. Dijo: Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del ejército. Se espera que esas acusaciones no se diluyan.

7. El problema es que los gobiernos (como el mexicano) tienden a no hacerles caso a las acusaciones (incluso se burlaban de ellas, tal como Fox hacía) porque muchas veces, comprando a los medios de información, logran que los informes no se den a conocer o que no se difundan. Pero eso no quiere decir que por ese hecho los problemas de persecución, encarcelamiento, asesinatos, robos, saqueos dejen de existir y que el gobierno haga lo suficiente para acabarlos. El ejército mexicano, por sus acciones en beneficio de la comunidad, por sus actos de solidaridad en temblores y tempestades, fue muy querido en el país. Pero comenzó a perder respeto entre la población cuando los diferentes gobiernos de la República (sean del PRI o del PAN) comenzaron a usarlo para reprimir las justas luchas del pueblo. El pueblo de México pensó siempre que el ejército sólo serviría para defender al país ante cualquier intervención extranjera y para ayudarlo ante cualquier calamidad, pero hoy lo ve en la calle en todos lados con cualquier pretexto.

8. La Comisionada dice que “el uso de las fuerzas armadas… puede generar mayor violencia”. Lo que no sabe Arbour es que desde hace meses la intervención del ejército, “con el propósito de combatir en narcotráfico” ha desatado la violencia en por lo menos 15 estados, provocando muchos asesinatos, sin que sepa la población cuándo acabará. Por eso miles de personas han salido a las calles de varios estados a protestar contra la ocupación del ejército que parece haber sacudido un “avispero” sin poder controlarlo. Por eso se observa que el mandatario ilegítimo, Calderón, se apresuró a meter al ejército sin haberlo investigado y reflexionado bien. A todos los jefes del narco se les avisó días antes y escaparon; los pocos que han sido apresados después de más de un año de intervenciones, son jefes muy secundarios y sin importancia. Sin embargo el miedo y la inseguridad siguen presentes, pero ahora con una ley intervencionista que no requiere de orden de cateo.

9. Antes que los problemas de la violencia armada se agudicen más por la militarización que cada día se extiende más en el país, hay que exigir que el ejército regrese a sus cuarteles. El narcotráfico debe y puede combatirse de otra forma: acabando con el gran desempleo y los salarios de miserables, por un lado, y construyendo gobiernos honestos que combatan la corrupción. En los hechos el narcotráfico se ha desarrollado por la enorme corrupción gubernamental que se ha hecho cómplice de los grupos que operan en el país y surten al extranjero. Casi la mitad de los militares del ejército deja la institución armada a los pocos años de haber ingresado; sólo aprende el camino del narcotráfico, realiza los contactos necesarios y se pasa “al otro lado”. Soldados y altas jerarquías del ejército han sido descubiertos como dirigentes entre los narcotraficantes. Pereciera que el ejército es el mejor camino, el centro de capacitación, para ingresar a esos grupos.