El Justo Reclamo

65% de las mujeres capitalinas, en favor del aborto, revela encuesta

lourdes godínez leal

México, D.F., 23 de abril (apro-cimac).- La interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación es, desde hace un año, un derecho para las mujeres que viven en el Distrito Federal y de otras entidades federativas, a partir de que se aprobó la despenalización del aborto, el 23 de abril de 2007.Luego de las reformas a la Ley de Salud y del Código Civil capitalinos, las mujeres pueden decidir si desean o no continuar con un embarazo no deseado, y han tenido también más acceso a otro derecho: a métodos anticonceptivos e información acerca de su salud sexual y reproductiva. Al cumplirse un año de la entrada en vigor de estas disposiciones para el Distrito Federal, funcionarios de la Secretaría de Salud (SSDF) y organizaciones civiles que trabajan a favor de los derechos sexuales y reproductivos y de las mujeres, hicieron hoy un recuento favorable de la ley que permite la interrupción del embarazo en la Ciudad de México.Entre esas ong`s se encuentran: Católicas por el Derecho a Decidir; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); IPAS México, y Population Council.Para el secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, quien ha sido un aliado del movimiento de mujeres para estas reformas y para la aplicación del aborto, la consejería ha sido uno de los ejes principales de estas reformas.El funcionario destacó que la conserjería se ha cubierto al cien por ciento para las mujeres que han acudido a la red hospitalaria del Distrito Federal (son 14 hospitales que dan este derecho a las mujeres), y precisó que, hasta ahora, se han hecho 18 mil solicitudes de información.“El 100 por ciento de las mujeres sale informada para evitar embarazos no deseados y el 65 por ciento con un dispositivo intrauterino u otro método anticonceptivo”, dijo Mondragón y Kalb en conferencia de prensa.El grupo de adolescentes es considerado por Mondragón y Kalb como el que más riesgos presenta en cuanto a cuestiones gineco obstetras, por lo que el funcionario anunció que los hospitales de Inguarán y Nicolás M. Cedillo, en la Ciudad de México, ofrecerán servicios especializados concretamente para adolescentes.De acuerdo con el funcionario, a partir de la legalización del aborto en el Distrito Federal –antes, en la clandestinidad, no se podía conocer qué pasaba con las mujeres que decidían interrumpir un embarazo--, luego de un año, se sabe que la mayor demanda del ILE se concentra en los grupos de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, donde el 70 por ciento tiene estudios de educación secundaria, preparatoria y superiores, y el 50 por ciento son solteras.Informó que la mayor parte de las ILE que se han realizado son en promedio a las nueve semanas de embarazo. Descartó que los contribuyentes capitalinos estén pagando estos procedimientos, al señalar que los recursos provienen del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.Durante la conferencia de prensa, la feminista y antropóloga Marta Lamas dio a conocer los resultados de una encuesta sobre la ILE, realizada por Ipsos-Bimsa del 5 al 14 de abril pasado, a solicitud de la organización civil especializada en derechos sexuales y reproductivos Population Council, sección México.De acuerdo con esa encuesta, hubo un incremento de casi el 20 por ciento en la aprobación de la ley en comparación con 2007, cuando se hizo la primera encuesta, a un mes de la aprobación de las reformas: de 46 por ciento en 2007, pasó a 63 por ciento en 2008.Según la encuesta, se ha convertido, además, en una ley muy conocida. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en su difusión, toda vez que el 82 por ciento de las y los capitalinos que dijeron conocer la ley, se enteraron en el 77 por ciento de los casos a través de la televisión y en un 9 por ciento por radio.Otros resultados señalan que el 87 por ciento de quienes participaron en la encuesta está a favor de la prevención de embarazos no deseados y el fortalecimiento de la educación sexual, mientras que 85 de cada 100 dijo estar a favor de programas de salud reproductiva, métodos anticonceptivos de emergencia y uso del condón.Más del 50 por ciento de las personas ha considerado esta ley como de “avanzada”, que evita que las mujeres recurran a abortos clandestinos, mientras que 77 de cada 100, considera que esta ley beneficia principalmente a las mujeres pobres.Destaca también que el 69 por ciento está de acuerdo en que la ley que permite la ILE se extienda a otras entidades federativas, y el mismo porcentaje consideró que las mujeres provenientes de otras entidades pueden acudir al Distrito Federal a solicitar este derecho. Añade que el 46 por ciento cree que la mujer es quien deberá tomar la decisión final de interrumpir un embarazo no deseado, y el 34 por ciento opinó que deber ser una decisión de la pareja.
Presiones de la derecha
Previo a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema, cuya ponencia será presentada por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien estuvo en contra de la llamada “Ley Robles” en 2000, el 65 por ciento de las y los entrevistados en la encuesta presentada por Marta Lamas opinó que la ley debe mantenerse en vigor.Cabe recordar que, como parte de las seis audiencias públicas a las que convocó la Corte, en las que organizaciones civiles y particulares podrán argumentar en pro y en contra de esta ley, mismas que iniciaron el pasado 11 de abril y culminarán en junio próximo, este viernes se llevará a cabo la segunda audiencia, en la que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y la ALDF presentarán sus argumentos a favor de la legislación.El legislador perredista y presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Víctor Hugo Círigo, quien representará a esta instancia legislativa, denunció que hay una estrategia nacional para presionar a la Corte por parte de los grupos conservadores y de derecha quienes, sostuvo, han tenido encuentros con gente del Episcopado mexicano para frenar este derecho de las mujeres.En un comunicado, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras Julián, coincidió con Círigo: “Ha existido tolerancia y complicidad de algunas autoridades para que este principio, que ha permitido a nuestra sociedad transitar en armonía y convivencia, haya sido violado por ciertos jerarcas eclesiásticos”.Señaló que la derecha trata a toda costa de imponer su ideología “bajo una visión que retrocede en lugar de avanzar en materia de respeto y protección de los derechos humanos”.“Si la derecha de este país no conseguirá privatizar el petróleo, tampoco privará a las mujeres del Distrito Federal y de todo México a decidir sobre sus cuerpos”, advirtió.