Blanche Petrich
Indígenas triquis esperan que las autoridades de Oaxaca cumplan su palabra de no permitir que el asesinato de las dos locutoras quede impune. Foto: Marco Peláez
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, invitó el martes 22 a los familiares de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista a una reunión con varios miembros de su gabinete y evitó, por segunda vez, que los padres de las jóvenes asesinadas el 7 de abril se reunieran con una delegación de derechos humanos.
Ayer por la mañana los funcionarios del gobierno oaxaqueño frustraron el encuentro de Tiburcio Martínez, padre de Felícitas, y de los señores Paulo Bautista y Paulina Merino, padres de Teresa, con los representantes de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación.
En ausencia de los padres de las jóvenes asesinadas el 7 de abril en el paraje de Llano Maguey, entre San Juan Copala y Putla, en la sierra mixteca, los delegados de la misión sostuvieron una reunión exclusiva para analizar el caso de las locutoras acribilladas y la radio comunitaria La voz que rompe el silencio con autoridades del municipio autónomo y representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas.
En esta reunión los dirigentes triquis Jorge Albino y Macario García; David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y Omar Esparza, de Cactus, explicaron a la misión internacional el contexto en el que se produjo el asesinato de las periodistas.
El miércoles de la semana pasada un grupo de reporteros de Oaxaca, integrantes de proyectos de radios comunitarias de la zona y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –Sandra Salinas y Arturo Pech– viajaron a Copala para conocer testimonios de primera mano sobre la emboscada en la que mataron a las locutoras, quienes fueron galardonadas post mortem con el Premio Nacional de Periodismo. Sin embargo, no pudieron hablar con los familiares, ya que, según denunciaron las autoridades del municipio autónomo, fueron amenazados por “gente del gobernador Ulises Ruiz”. Ese mismo día los padres de Felícitas y Teresa fueron llevados a la capital del estado para reunirse con el mandatario estatal por primera vez.
Después del encuentro, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, declaró que el atentado homicida no fue preparado para asesinar a las dos locutoras y reporteras, sino para atentar contra el oficial del registro civil Faustino Vásquez Martínez, quien conducía el vehículo y aún permanece hospitalizado por heridas de bala.
A raíz de la segunda reunión, los padres de las víctimas se pronunciaron en favor de la militarización de la zona triqui.
En la misión internacional participa un representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que agrupa a cerca de 3 mil radios asociados en 110 países; el británico Fondo Rory Peck, especializado en la protección de los profesionales independientes; Reporteros sin Fronteras; la Fundación Libertad y Prensa, con sede en Colombia; International Media Support, con sede en Dinamarca (cuyos enviados son Jesper Hoberg y Robert Shaw); el Instituto Internacional de Prensa; el Instituto Internacional de Seguridad en Noticias, de Bélgica, y la organización francesa Artículo 19.
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