El Justo Reclamo

Fuera de la ley

PRD. Sin control

Rosalía Vergara

El conflicto poselectoral interno del PRD no puede prolongarse indefinidamente. Si el 4 de mayo no integra su dirigencia nacional y al día siguiente dejan sus cargos los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, la sanción del IFE será sólo la puntilla: al parecer, ni el riesgo de perder el registro del partido motiva a sus corrientes para llegar a acuerdos jurídicamente válidos.Si el 5 de mayo próximo, día que termina su gestión el Comité Ejecutivo Nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha solucionado su crisis electoral interna, se quedará sin los órganos directivos vitales para su funcionamiento.De llegar a este escenario, los perredistas violarían el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y el Instituto Federal Electoral (IFE) podría aplicarles una sanción que va desde una amonestación pública hasta la cancelación de su registro como partido político, según el artículo 354 del Cofipe, explica Héctor Romero Bolaños, asesor jurídico del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE).Este riesgo se perfila a unos días que se realice el Consejo Nacional extraordinario, convocado para el 4 de mayo, esta vez para nombrar a un presidente sustituto mientras se resuelve el conflicto electoral derivado de la elección para relevar a Leonel Cota y Guadalupe Acosta Naranjo en la presidencia y en la secretaría general de la organización.“Se vencieron los plazos. Ni siquiera una situación extrema llevó a las corrientes a ponerse de acuerdo. Es un efecto dominó: una pieza tira a las demás y lo que sigue son órganos vitales”, ejemplifica Romero.Por esa razón, hace un llamado a sus correligionarios a buscar una salida a la crisis que se recrudeció con el “acuerdo político” tomado en la sesión del consejo del lunes 21, al nombrar al senador Graco Ramírez y al diputado Raymundo Cárdenas como “representantes jurídicos” del partido, sin una base estatutaria (ni jurídica).En entrevista, Romero aclara que estos nuevos “cargos” en el PRD, que en los medios de comunicación han llamado “jefes de despacho”, “no representan nada” porque esa función la tiene el presidente nacional del PRD, “y para efectos administrativos y financieros se concede al secretario general nacional”; pero ahora ambos –Cota y Acosta– ya entregaron sus cargos. “El PRD –reitera– está en una encrucijada porque ni Raymundo ni Graco pueden realizar actos jurídicos, sólo políticos. Así, ninguna autoridad les dará la legitimidad para actuar a nombre del partido. Lo bueno es que, en teoría, sólo estarán unos días, de lo contrario habría problemas.”Romero sostiene que el meollo de la polémica está en los dos nombramientos, pues Ramírez y Cárdenas no han podido reunir al CEN, pues no tienen facultades para ello, lo que recrudeció la crisis y atizó el encono entre Izquierda Unida (IU) y Nueva Izquierda (NI).En opinión del asesor jurídico, la salida más prudente era prorrogar el mandato de Cota y Acosta Naranjo en tanto no se resolviera el problema electoral. Ahora, comenta, si en la sesión de consejo del 4 de mayo las partes en conflicto (IU y NI) no se ponen de acuerdo para nombrar a un presidente sustituto, el PRD se quedaría sin dirección, pues al día siguiente los 19 secretarios que conforman el CEN deberán dejar sus cargos.Si llega a este punto, el PRD tendrá problemas con el IFE porque violaría el Cofipe, cuyo artículo 38, párrafo F, exige al partido “mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios”. En ese sentido, se pronunció por “mantener la normalidad jurídica del partido”.
Cargos sin facultades
Después de dos sesiones del VI Consejo Nacional suspendidas hasta que participaron los consejeros de Izquierda Unida, la madrugada del lunes 21 se determinó que el CEN perredista comisionara a un militante de IU y de NI –que no tendrán derecho a voto– para que ejercieran mancomunadamente la “representación jurídica” del partido.Aparte de la defensa del petróleo, durante la sesión se trató la situación poselectoral interna. NI impulsó esta propuesta para resolver “la crisis más severa del partido en su historia”, pues a mes y medio de la elección no se ha podido definir al nuevo presidente y nuevo secretario general del PRD, cuando su gestión estaba por concluir.Una de las propuestas fue que se facultara a la Mesa Directiva del Consejo Nacional para asumir funciones de dirección nacional y se convocara a otra sesión del consejo para nombrar al presidente y secretario general sustitutos, quienes permanecerían en el cargo hasta la calificación en todas las instancias legales del proceso electoral interno. El planteamiento fue desechado porque el presidente de dicha mesa directiva, Camilo Valenzuela, también es candidato a la presidencia nacional del partido. Así se lo dijo la secretaria de Planeación, Dolores Padierna, pero Valenzuela no quería ceder, argumentando que la propuesta no era suya sino de Nueva Izquierda.Molesto, el secretario de Comunicación, Gerardo Fernández Noroña, les recordó a los consejeros que el sábado 19 las partes en conflicto habían avanzado en los cómputos de votos para congresistas y consejeros nacionales, a condición de prorrogar el mandato de Cota y Acosta, lo cual no se estaba respetando. El senador René Arce, líder de NI, rechazó aplazar la gestión de los dirigentes por “las afinidades” que mostraron: Cota Montaño por Alejandro Encinas y Acosta Naranjo por Jesús Ortega. Mantenerlos en sus puestos, dijo Arce, “polarizaría más al partido”, por lo que apoyó la idea de los “representantes” argumentando que el partido necesita “una figura que legalmente, jurídicamente, se pueda hacer cargo responsable de la conducción temporal de esto”. El consejero José Antonio Rueda le reviró que para conducir el partido, en ausencia de los dirigentes, estaba el CEN. Y cuestionó: “¿Para qué generar permanentemente un problema tras otro problema, tras otro problema?”. En esos momentos Jesús Ortega habló dos veces con el presidente nacional todavía en funciones, Leonel Cota Montaño, para convencerlo de que impulsara la propuesta de los “representantes jurídicos”. Así lo hizo Cota, y pidió a Camilo Valenzuela que se excusara de asumir dicha “representación”. Acosta Naranjo secundó: “Creo que Leonel y yo debemos de dar paso a que se construya un periodo de transición, que permita que este partido salga de esta difícil situación y logremos salir unidos en el PRD”.Para reforzar el planteamiento habló Jesús Ortega, quien además de candidato a la presidencia del partido es consejero nacional. Consideró que la propuesta de Cota Montaño era viable y “que este consejo, en circunstancia extraordinaria, nombre a dos compañeros como ‘encargados del despacho’ hasta que el Consejo Nacional en su caso nombre a los dirigentes sustitutos”. Sin embargo, el secretario de Asuntos Internacionales del CEN, Saúl Escobar, explicó que no existe en los estatutos la figura de “representantes legales” o “encargados del despacho” y la calificó como innecesaria, pues quienes fueran nombrados carecerían de funciones y de facultades políticas. “Estamos dando una discusión completamente gratuita, porque el estatuto señala que el actual CEN estará en funciones hasta el 5 de mayo y puede ser la dirección hasta que este Consejo Nacional decida y designe a un presidente sustituto. Va a ser una burla, un hazmerreír, una cosa que no puede explicarse, una sinrazón que nos deja peor de cómo estábamos”, advirtió Escobar.El consejero emérito Gerardo Unzueta apoyó a Escobar e incluso comentó que “hasta la frasecita de ‘encargados de despacho’ resulta un poco ridícula”. Ambos propusieron que el CEN asumiera la dirección del partido hasta que se eligiera a un sustituto, pero esto no fue aprobado.Mientras las corrientes proseguían su debate, se decretó un receso de 30 minutos a fin de que el CEN se reuniera para definir quiénes serían los “representantes legales”. Al reanudarse la sesión, la consejera Malú Micher leyó el resolutivo en que se facultaba al CEN a comisionar a quienes fungirían como representantes jurídicos hasta el 4 de mayo, y convocó a una sesión extraordinaria para ese día, a fin de prorrogar los órganos de dirección en caso de que la elección interna todavía no estuviera calificada, aprobar la convocatoria para el XI Congreso Nacional y prorrogar el mandato del CEN, entre otros asuntos. Este acuerdo político se aprobó por mayoría y cada una de las corrientes en conflicto nombró a un “representante jurídico”: Nueva Izquierda se inclinó por el senador Graco Ramírez. En principio quería impulsar a Horacio Duarte, compañero de fórmula de Ortega, pero están guardando esta carta para la presidencia “sustituta”, según fuentes internas. A su vez, Izquierda Unida votó por el diputado Raymundo Cárdenas.
Partido ensimismado
Con todo, el acuerdo no solucionó el conflicto. Por el contrario, la crisis del PRD se recrudeció al mezclarse con las distintas posiciones que mantienen sus legisladores en la defensa del petróleo, pues IU apoya la estrategia que encabeza Andrés Manuel López Obrador y NI ha manifestado su rechazo a la toma de las tribunas del Congreso.La semana pasada Graco Ramírez y Raymundo Cárdenas pretendieron lograr acuerdos para convocar a una sesión del CEN, pero ni siquiera pudieron mostrarse juntos en su “representación jurídica mancomunada”. El miércoles 23 NI quiso reunir al CEN, pero sólo asistieron siete de los 19 miembros, ni siquiera la mitad más uno, como dice el estatuto. Izquierda Unida no acudió porque el presidente nacional no fue convocado, con el argumento de que ya no está en funciones.
Y la lucha siguió:
En la fallida sesión del CEN se declaró nula el acta que el 20 de abril emitió la Comisión Nacional de Garantías en la que daba por cerrado el cómputo para dirigente nacional, con 83% de la votación, y en el cual aventajaba por escaso margen Alejandro Encinas. Nueva Izquierda impugnó dicho resultado tan pronto se dio a conocer. En cambio, Izquierda Unida defiende aquella acta como la prueba de que Encinas triunfó en la elección interna. Para colmo, el miércoles 23 Gerardo Fernández Noroña impugnó ante la Comisión Nacional de Garantías el nombramiento de Ramírez y Cárdenas. En sus alegatos, pidió que se declarara inválido el resolutivo correspondiente y “retrotraer el estado de cosas a la situación vigente antes de estos acuerdos, reestableciendo en sus cargos a Leonel Cota, presidente nacional, y a Guadalupe Acosta, secretario general, hasta el 4 de mayo próximo en que se deben elegir a sus sustitutos” o en el momento que se dirima el proceso electoral y se designe a los nuevos dirigentes.Fernández Noroña –quien aclaró que su voto a favor de la resolución lo emitió “bajo protesta”– calificó los nombramientos como “una venganza absurda de Nueva Izquierda contra Cota Montaño”, quien en la sesión del consejo aseguró que la crisis se desató porque “una de las partes no quiere aceptar el triunfo de Alejandro Encinas”. Para el asesor jurídico del PRD ante el IFE, Héctor Romero, con este “acuerdo político” se renovó una actitud característica del partido que se había querido evitar: “acuerdo mata estatuto”. Esto, no obstante que antes de tomar la decisión, todas las partes, incluyendo a Cota Montaño, consultaron con abogados y recibieron la recomendación de prorrogar el mandato del dirigente. “No lo hicieron por una situación política, pues NI ya no confiaba en el presidente nacional y, aunque el partido sigue funcionando en su vida interna, esto afecta su normalidad jurídica, y mientras más se alargue la crisis política más se agrava la crisis jurídica en el PRD”, sostiene Romero.Mientras el PRD se dedica a su confrontación interna, el jueves 24 el todavía presidente del PRD capitalino, Ricardo Ruiz, denunció un albazo legislativo en el Senado, luego de que la priista María de los Ángeles Moreno, el perredista de Nueva Izquierda René Arce y el panista Federico Döring presentaron una iniciativa de reformas al estatuto de Gobierno del Distrito Federal para dar registro a partidos políticos locales y remover a los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal. Ruiz anunció que el PRD-DF interpondrá recursos legales ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “que no fue enterada de este asunto”.Sin embargo, Romero aclara que al ser una reforma impulsada por el Senado, la única instancia que podría interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de esta decisión sería la presidencia nacional del PRD, acéfala desde el martes 22. l