El Justo Reclamo

Nuevo León: Ecocidio colonizador

arturo rodríguez garcía

(Tercera y última parte)Monterrey, N.L., 28 de abril (apro).- El gobierno estatal y el Fideicomiso Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos (Fideproes) se negaron a cumplir con el derecho de audiencia, por lo que se abrió un proceso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Fue hasta que uno de los activistas, el empresario Rogelio Ramírez, inició una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno, del 20 al 23 de febrero, que la administración de Natividad González Parás aceptó realizar una consulta pública.El acto --sin validez jurídica-- se realizó el 6 de marzo en el municipio de Juárez. Entre acarreados priistas y funcionarios con guardaespaldas, las 23 observaciones fueron presentadas por María de Jesús Mejía de Marqueda, presidenta del Organismo Ecológico Pro Bienestar, que se solidarizó con la lucha de los campesinos.Ahí mismo, el secretario de Desarrollo Urbano, Abel Guerra Garza, descalificó la inconformidad, aunque no los argumentos. Además, acusó a Mejía de Marqueda de ser poseedora de un predio.El biólogo Hernández, que participa también en otros proyectos ambientales en la región carbonífera de Coahuila y la sierra de Arteaga en el mismo estado, denunció ante el Ministerio Público, que fue agredido por 3 sujetos el pasado 11 de abril.La semana previa había interpuesto dos denuncias ante la Profepa, por desmonte y arranque de obras en la sierra Cerro de la Silla, cuando el Fideproes no contaba aún con el permiso de la Semarnat. Al hacer un recorrido por el sector afectado en busca de más evidencias, fue interceptado por tres sujetos que lo hicieron descender de su camioneta. Entre dos lo golpearon y uno más robó equipo de campamento de su vehículo.Cuestionado sobre los hechos, Abel Guerra Garza, en una entrevista el 17 de abril descalificó Hernández por su apariencia física: “Más grave que la violencia física, es que personas de otras partes y con el cabello largo, lleguen a esta ciudad a hacer activismo político adverso, y más grave aún que medios de comunicación les den juego”.Según el Fideproes, los propietarios de los predios están de acuerdo en que se realice el proyecto, sin embargo, en diversas denuncias públicas las nueve comunidades han manifestado su rechazo.Por si fuera poco, el informe del gobierno estatal asegura que la morfología del terreno es “apropiada para una vialidad”, aun cuando la descripción oficial, la cañada de Santa Bárbara es susceptible de inundaciones, ya que “es recipiendaria de desfogues del agua capturada en el Cerro de La Silla”.Además, el Fideproes mostró un mapa de zonificación distinto al actual, con el fin, según los opositores, de omitir datos que garanticen la conservación de la zona, expuso Mejía de Marqueda.Entre los puntos importantes señalados por los vecinos de La Tinaja, una de las comunidades que se verían afectadas, está el relativo a las deficiencias de los programas de protección y rescate de flora y fauna.El programa del Fiderpoes considera la ubicación de nidos y madrigueras que se encuentren en el trazo del proyecto, con el fin de reubicarlos en áreas aledañas seguras y del mismo modo, la reubicación de especies que sean localizadas.“Estas acciones de recolocación de nidos implican que las especies de aves asociadas a los mismos, no vuelvan a utilizar el nido removido, lo que constituye un factor de desequilibrio en el hábitat de estos organismos y de destrucción específica de las especies”, según Hernández Ramírez.En cuanto a madrigueras, la solución que propone el gobierno es más destructiva, según el ambientalista, quien pone como ejemplo el caso de los roedores, cuyas guaridas son intrincadas y su estructura no es un elemento compacto, por lo que no son manipulables.Para la etapa de construcción del Arco Vial Sureste, en la página 39 del proyecto, el punto II.2.4 establece que la construcción de los túneles que comprende la obra, se hará a base de explosivos. Con ello se contradice el Plan de Manejo reformado por el propio gobierno, que prohíbe actividades extractivas y uso de explosivos.En la página 146 del MIA se establece que el Arco Vial Sureste mitigará las emisiones contaminantes vehiculares, al desahogar el trafico por esa ruta. De acuerdo con los colonos, ese escenario es falso porque el número de vehículos no va a disminuir, ni se promueven acciones con esa obra que desalienten el uso de automóviles.Otras mentiras identificadas por los vecinos de La Tinaja, tienen que ver con la preservación de las especies. Por ejemplo, el MIA presenta al “vireo gorra negra”, como un especie con protección especial, cuando el estatus real es que se encuentra en peligro de extinción. Lo mismo ocurre con el águila negra (Buteogallus anthracinus).Además, radican en la sierra las especies de mamíferos amenazadas: jaguar (herpailurus yagouarundi), cacomixtle (bassariscus astutus) y el ratón de patas blancas (peromyscus leucopus), para las que no se contempla ningún esquema de protección.En cuanto a flora, el MIA omite la existencia del quercus sillae, que es una de las principales motivaciones de protección a la Sierra Cerro de La Silla.El investigador de la UANL, Arcadio Valdez, jefe del departamento de Acuacultura de la Facultad de Ciencias Biológicas, reveló que su área tomó previsiones y está cultivando un pez endémico, el “Platy Santa Ana”, en el laboratorio de su departamento.“Durante muchos años guardé silencio sobre la destrucción de los ecosistemas, pero ya no soporto más lo que está sucediendo”, dijo el académico, al denunciar que las obras que se proyectan en el sitio, secarán el arroyo de Santa Ana, donde habita el pez. El investigador, con 33 años de vida profesional, consideró al igual que Antonio Hernández y que el personal de la Conanp, que el proyecto de Fideproes no es sustentable y que sólo atiende a la voracidad de los constructores del estado.