Marginación y militarización de los pueblos indígenas

Entrevista a Luz Kerkeling cooperante de Ciepac

Adital

Desde la Montaña de Guerrero: En esta entrevista realizada por el cooperante de CIEPAC Luz Kerkeling, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.,(*) analiza la angustiante situación que prevalece en la zona de la Montaña, estado de Guerrero, México.

CIEPAC: Según un reportaje publicado en La Jornada el 25 de marzo de 2008, "En respuesta a los ataques del gobierno, indígenas se suman a la lucha del ERPI", un grupo insurgente resurgió en el estado de Guerrero. El llamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) declara que "la gente en la Montaña se está organizando por la vía de las armas" para "hacer la revolución". ¿Son declaraciones auténticas o es algo fabricado para intensificar la militarización de la región?

Abel Barrera: No tenemos la certeza de que estén operando grupos armados en la región de la Montaña, pero sí constatamos la delicada situación que viven los pueblos indígenas de la Montaña de un empobrecimiento mayúsculo, aparejado con una espiral de violencia por parte del Estado, en la forma de implementar y diseñar sus políticas y en el poco aprecio por la vida comunitaria y el respeto a sus derechos colectivos y a sus propios sistemas normativos. En los últimos 15 años en la entidad se ha intensificado la militarización con el pretexto del combate al narcotráfico y los saldos son negativos, porque la siembra de enervantes sigue a la alza y el movimiento de resistencia de los pueblos indígenas se encuentra ahora acorralado por la militarización y la criminalización de la protesta.

Con el nivel de empobrecimiento escandaloso comparado con África, en la Montaña no es extraño que emerjan organizaciones insurgentes como ha sucedido desde la época revolucionaria. En el estado de Guerrero la lucha armada siempre ha estado presente entre los pueblos que han sufrido la represión militar y policíaca que ha costado centenares de desapariciones de luchadores sociales, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, la práctica recurrente de la tortura como el método más eficaz para la investigación por parte de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), las detenciones arbitrarias, el maltrato y la discriminación contra los indígenas que se han visto obligados a resistir y a recurrir a la autodefensa armada.

CIEPAC: ¿Podría caracterizar la situación social en la región de la Montaña?

Abel Barrera: La crisis agrícola ha devastado a los pueblos y los ha dejado en condiciones extremas de miseria, que los ha expulsado de la región para enrolarse como jornaleros agrícolas, asumiendo el rol de peones acasillados las agroindustrias de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Michoacán y Baja California Norte. Lo patético es que los niños tienen que dejar la escuela para desempeñarse como trabajadores eventuales y las mismas mujeres embarazadas trabajan en los surcos de los vegetales chinos con el niño recién nacido, bajo sus espadas. Lo peor es que la gente está dejando de sembrar el maíz y está cediendo a la tentación de aventurarse para sembrar la amapola que está complicando más los problemas sociales y de convivencia entre los mismos comuneros y ejidatarios de la región, por la narcoviolencia. A mayor pobreza, mayor militarización y mayor violencia.

CIEPAC: ¿Con el gobernador Zeferino Torreblanca ha cambiado la situación?

Abel Barrera: El cambio de gobierno en el estado, para los pueblos no ha representado ningún cambio, por el contrario se mantiene la tendencia del saqueo y desmantelamiento de la economía comunitaria, para imponer megaproyectos que atraigan la inversión extranjera, esperando el milagro de que con las grandes ganancias de las empresas transnacionales habrá una derrama económica que favorezca a la clase trabajadora. Se han crispado las relaciones entre las organizaciones sociales y el gobernador al grado que se han cerrado los canales del dialogo y se ha utilizado a las fuerzas del orden para arremeter contra estudiantes, campesinos e indígenas que se manifiestan.

Los líderes sociales enfrentan varias órdenes de aprehensión y los defensores de los derechos humanos no contamos con las garantías para realizar de manera segura nuestro trabajo por la defensa de los derechos. El compañero, Manuel Olivares que es director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en el municipio de Chilapa, fue detenido por la policía municipal y se encuentra procesado por el delito de ataques a las vías de comunicación por haber acompañado y documentado la protesta que realizaban los indígenas nahuas en la entrada dicha cabecera municipal, para exigir el cumplimiento de las obras programadas por parte de la presidenta municipal, Alicia Zamora

CIEPAC: La campaña contra el narcotráfico y el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón, ¿ha dado resultados positivos en Guerrero?

Abel Barrera: A nivel de los medios de comunicación, el gobierno federal ha manejado una información optimista sobre el combate al narcotráfico, sin embargo los ciudadanos que vivimos en los estados más pobres, constatamos que siguen intactas las redes del narcotráfico y más bien se ha fortalecido su poder que crece a la sombra de los cuerpos de seguridad. Los saldos son que hay más violencia, mayor inseguridad, más pobreza y magros resultados en la estrategia militarista de contener al crimen organizado.

CIEPAC: ¿Qué significa la reaparición del ERPI? ¿Hay potencial de crecimiento para ese grupo armado en la Montaña de Guerrero?

Abel Barrera: Su reaparición en lo medios de comunicación aumentará la escalada militar en la región que ya se empieza a manifestar, con la instalación de retenes, en los diferentes caminos y carreteras de la Montaña Baja y Alta del estado. Aumentará la tensión social, una mayor militarización en las comunidades más empobrecidas y un hostigamiento y vigilancia permanente a los representantes de organizaciones sociales y civiles, por catalogarlos desde la óptica conspirativa como los brazos civiles de los grupos armados. El potencial está centrado más en impulsar con mayor razón la militarización, en regiones estratégicas, descuidando las causas estructurales de la pobreza y las razones profundas que explican esta reaparición del ERPI.

CIEPAC: ¿Cuáles cambios serían necesarios para realmente mejorar la situación de la población marginada de Guerrero (a nivel estatal y nacional)?

Abel Barrera: El gobierno federal y estatal tiene que entender que los pueblos indígenas y campesinos, centran su desarrollo comunitario en el trabajo agrícola y en la producción de los alimentos básicos. La inversión deben concentrarse en garantizar la autosuficiencia alimentaria y hacer viable la vida en el campo. Esto lo demuestra el trabajo de los migrantes, que gran parte de sus remesas están orientadas a reactivar la economía familiar y comunitaria, a garantizar la salud, la educación y la vivienda digna de la población más desprotegida. Tiene que haber un cambio de fondo en el diseño de las políticas públicas porque toda la inversión se está concentrando en los grandes mega negocios, que implica la privatización de los recursos estratégicos que se encuentran dentro de los territorios indígenas. Lo que el gobierno busca es extraer esta riqueza, ya sea el agua, el bosque, los recursos bióticos, sin involucrar a la población local para que sea participe de estos beneficios. La planeación de desarrollo no puede ignorar a la población que es dueña de los recursos, que hacen rico a un país. Si se sigue excluyendo a estos pueblos se seguirá zanjando más la brecha entre los pobres y los ricos.

CIEPAC: En las declaraciones del ERPI en el reportaje de La Jornada aparecen algunas similitudes a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. ¿Las comunidades indígenas de la Montaña están ejerciendo la autogestión como los pueblos zapatistas? ¿Hay proyectos de autoayuda?

Abel Barrera: El problema en la Montaña es que las comunidades se encuentran divididas por cuestiones políticas agrarias, religiosas y hasta educativas, son muy escasos los procesos autogestivos y para mal de ellos están de algún modo mediatizados por liderazgos que se encuentran vinculados a los partidos políticos. Este es lo que ha impedido que los pueblos de la Montaña, puedan emerger como actores políticos, con capacidad de construir su propio desarrollo. La misma militarización les ha abortado sus iniciativas autogestivas y el mismo gobierno se ha encargado de perseguir y colocar fuera de la legalidad a los proyectos que han logrado impactar favorablemente en la defensa de los derechos de los pueblos, como es el caso de la Policía Comunitaria que desde 13 años está funcionando como un sistema de justicia alternativa donde las autoridades indígenas nombradas en asamblea se encargan de procurar y administrar justicia.

CIEPAC: Como Centro de derechos humanos, ¿tienen un mensaje o un llamado a la sociedad civil nacional e internacional?

Abel Barrera: Nuestro llamado a la sociedad civil es pedir su solidaridad, para asumir la causa por la que luchan los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero. Una causa que se centra en el respeto a sus territorios como sucede en el caso de los campesinos y ejidatarios opositores a la presa hidroeléctrica La Parota, en Acapulco. Este movimiento ha logrado parar la ambición gubernamental de construir una presa sin consultar a los pueblos que se encuentran dentro del proyecto. Ellos lograron cuatro resoluciones favorables del tribunal agrario para impedir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que entre a sus tierras, porque ninguna de las asambleas que se realizaron en los núcleos agrarios de Dos Arroyos, Cacahuatepec, La Palma y Los Huajes fueron apegadas a derecho. Además lograron realizar una asamblea por usos y costumbres, el 13 de agosto donde decidieron más de 3 mil comuneros manifestarse de manera libre y pública con un: No a la Parota.

Llamamos también a la sociedad civil para que se pronuncie en contra de la militarización de los territorios indígenas por que ha causado graves daños a mujeres que han sido violadas sexualmente como el caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández. Ha invadido sus huertas, ha torturado a presuntos miembros de grupos armados, ha allanado domicilios y consumado violaciones a las libertades fundamentales.

La decisión del gobierno federal de militarizar el país, y sobre todo las regiones donde hay una alta conflictividad social, es optar por una posición que violenta los derechos humanos y que desvía la atención del gobierno para no avocarse a atacar las causas del empobrecimiento de los pueblos y la alta incidencia de la siembra de enervantes que es provocada por la miseria.

Este llamado que ha hecho el ERPI en los medios de comunicación, las autoridades deben leerlo como el mensaje que interpela y cuestiona las formas autoritarias de gobernar. Y las decisiones políticas que son contrarias a los intereses de los pueblos indígenas y campesinos y que los coloca en el filo de la autodefensa apelando a las diferentes opciones que tienen a su alcance.

(*) Mina no. 77, Col. Centro, C.P. 41304 Tlapa de Comonfort, Guerrero,
www.tlachinollan.org