Petróleo o bienestar. Falso dilema

Gerardo Fernández Casanova

Que el fraude electoral jamás se olvide

En su afán manipulador y entreguista el régimen fraudulento ha desplegado una campaña de amenazas en el sentido de advertir a la población que, de no aprobarse su proyecto privatizador, se verían afectados a la baja los presupuestos destinados a salud, educación y vivienda, así como su muy electorero Oportunidades. Lo anterior en razón de que si la iniciativa privada no invierte en la actividad petrolera reservada para el estado, entonces tendrá que aplicarse la inversión de recursos públicos. Tal campaña no es más que otra forma de mentir y pretender engañar a la gente. Procedo a analizar.
1.- En primer lugar hay que aclarar que el papel de los ingresos petroleros como sustituto de los ingresos fiscales es una aberración. El destino de tales ingresos, desde el momento de la expropiación, fue el de servir de palanca del desarrollo nacional mediante la industrialización, con la consiguiente generación de riqueza y bienestar por el empleo pleno. El régimen, que ha sido incapaz de producir una reforma fiscal a fondo, que verdaderamente grave a quienes más ganan, pretende reemplazar su incapacidad dilapidando el recurso natural, destinándolo al gasto excesivo e injustificado, particularmente los muy elevados salarios de la elite burocrática y los faraónicos proyectos tipo la Biblioteca José Vasconcelos o el pomposo Enciclomedia. El régimen es capaz de afectar cualquier partida, excepto aquellas que implican a los privilegios de los poderosos. Lo anterior significa que, antes de verse obligado a reducir las partidas destinadas al bienestar, la Secretaría de Hacienda tendría que cumplir cabalmente su deber de cobrar impuestos a las grandes empresas. En términos reales lo que hoy se practica es una distribución parcial de la riqueza petrolera entre los más ricos, en la medida que dejan de pagar impuestos.
2.- Habría que rescatar hoy el discurso de Heberto Castillo, cuya denodada lucha contra la petrolización de la economía y las finanzas públicas fue criminalmente desoída por quienes detentaban el poder. El Ing. Castillo recuperaba el sentido profundo de la propiedad de la nación de la riqueza petrolera, para colocarla en su papel de servir de vector del desarrollo nacional; se opuso a la decisión absurda de privilegiar la exportación de materias primas, petróleo crudo y gas, y luchó por su transformación industrial para la exportación de productos elaborados de la petroquímica. Desoír a Heberto Castillo significó el abandono de la función promotora del desarrollo de la riqueza petrolera, en aras de servir exclusivamente a los intereses de la economía de los Estados Unidos.
3.- Una muestra incontrovertible de lo anterior la observamos hoy con la oferta de fertilizantes, indispensables para el correcto desempeño de la agricultura y, por tanto, de la seguridad alimentaria de los mexicanos. El Estado se deshizo de la empresa petroquímica pública productora de fertilizantes (Fertimex) para entregarlo a los particulares. En poco tiempo, las empresas llegaron a la conclusión de serles más rentable la importación que la producción doméstica y optaron por el cierre de las plantas productoras. Hoy se registra un elevado precio internacional y una drástica escasez de fertilizantes, pero ya no hay manera de producirlos localmente y el campesino ve nuevamente pospuestos sus anhelos de bienestar, auspiciados por los altos precios del maíz, al carecer de los medios necesarios para producir.
4.- La calificación de estratégica que el constituyente aplicó a la actividad petrolera, ha sido tergiversada por los neoliberales en el poder. En todas las exposiciones de motivos que supuestamente respaldan las iniciativas en discusión respecto de la legislación petrolera, se insiste en que la función de PEMEX es aportar recursos para construir escuelas, hospitales y carreteras. Lo estratégico consiste en la capacidad de la actividad para multiplicar la actividad económica y, por su conducto, generar los recursos fiscales con los que poder construir esos hospitales, escuelas y carreteras. Brincar el paso multiplicador no es más que dilapidar el recurso.
5.- También habría que recordar los argumentos de Salinas para justificar las privatizaciones, que aseguraban que así el Estado estaría en capacidad de atender las necesidades sociales con amplitud. A veinte años de aplicada tal política sólo observamos más pobreza y desigualdad. Entonces supieron engañar a muchos, hoy no va a ser igual. No se necesita ir muy lejos para comprobar que la entrega de los recursos del país a los privados, no sólo no genera bienestar, sino que recrudecen las condiciones de injusticia que arrastramos como país. Baste la consideración de las privatizaciones bancaria, de autopistas y de los ingenios para corroborar lo dicho. Argumentan los panistas que, entonces, las privatizaciones fueron practicadas por el régimen corrupto del PRI, pretendiendo asegurar que las que practique el régimen corrupto del PAN van a ser diferentes. Que se lo crea su abuela.
6.- Para acabarla de descomponer, el régimen que se tilda de democrático pretende arrasar con la oposición desatando una desigual campaña mediática ofreciendo la idea de que se trata de fortalecer a PEMEX que es de todos los mexicanos. Al mismo tiempo que desatan a su jauría de opinadores levantacejas para demonizar a Andrés Manuel López Obrador. Pretenden llevar a cabo un debate, en concesión a la demanda lópezobradorista, pero que sólo sirva para distraer la atención pública y sin efectos vinculantes de ninguna especie. Los mexicanos estamos más que cansados de las llamadas consultas públicas en que muchos hablan y nadie escucha. El debate deberá de armarse de manera que lo que ahí se diga derive en conclusiones y que éstas, de alguna manera, determinen el actuar de los senadores y los diputados en las cámaras. La razón tendrá que imponerse.

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