Ricardo Monreal Avila
La iniciativa de reforma petrolera del actual gobierno dejaría sonrojado al general Antonio de Padua Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, mejor conocido como Santa Anna, ya que si en calidad de presidente de México negoció la entrega de la mitad del suelo mexicano en condiciones de guerra y rendición, Felipe Calderón propone la entrega de la totalidad de los recursos petroleros del subsuelo mexicano y del mar patrimonial, en condiciones de paz y estabilidad.
Una primera lectura de la iniciativa de reformas a cinco leyes reglamentarias nos revela esta suerte de “santanismo petrolero”.
El gobierno niega la privatización de Pemex. Sin embargo, propone que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, y las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. Sin mayor rubor, el gobierno pretende legalizar, potenciar y maximizar la práctica más arcaica, cuestionable y corrupta de privatización en las empresas públicas: el contratismo.
Si hoy esa práctica existe soterrada y concentrada en áreas específicas de la paraestatal, después de la reforma se generalizaría a todas las fases del proceso petrolero: exploración, explotación, refinación, distribución, transportación y almacenamiento.
No sólo legaliza y generaliza el contratismo existente. También lo internacionaliza y lo sindicaliza. Las empresas extranjeras podrán participar de manera directa en todas las fases del proceso petrolero y, además, bajo el rubro de empresas del “sector social” se abriría la puerta a la participación empresarial del sindicato petrolero. El antecedente de esta práctica son las llamadas “sociedades civiles” que en los años ochenta permitieron a los líderes sindicales manejar directamente, sin licitación alguna, hasta el 25% de los contratos de obra pública en Pemex. Gran parte de estos recursos sirvieron a su vez para financiar durante muchos años las campañas electorales del PRI. Aquí se encuentra, sin lugar a duda, uno de los más poderosos estímulos para que el PRI apoye esta iniciativa.
Dice el gobierno que no compartirá con los contratistas nacionales y extranjeros las reservas de hidrocarburos. Ningún contratista quiere reservas. Ellos van por parte de la renta petrolera y en esto es más que generosa la iniciativa de Felipe Calderón. Hoy el contratismo en Pemex depende del presupuesto público. Después de la reforma, vivirá de la renta petrolera, tendrá ganancias indexadas y hasta bonos de productividad, es decir una “remuneración fija o variable, determinada o determinable”, sujeta al “buen desempeño y generación de resultados en la ejecución de los trabajos”.
Uno de los supuestos avances de la iniciativa es la autonomía de gestión de Pemex. que pueda decidir sobre sus inversiones, endeudamiento y administración. Pero también que pueda contratar con empresas privadas, nacionales o extranjeras, otorgar adjudicaciones directas de obras y hasta formular invitaciones restringidas, no sólo en casos de emergencia, sino cuando se requiera “desarrollar innovaciones tecnológicas”, como la exploración en aguas profundas. Bajo la entronización del contratismo privado en Pemex, la autonomía de la paraestatal perdería su posible sentido positivo original y se convertiría en un coto exclusivo de poder de los nuevos actores de Pemex, los contratistas. En este sentido, Pemex habría sido expropiado a la Secretaría de Hacienda, que hoy confisca sus ingresos, para ser entregada al contratismo nacional y extranjero, privado y sindicado. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo a las compañías internacionales para entregarlo al Estado mexicano. Felipe Calderón, en cambio, confiscaría Pemex al fisco mexicano, para ser entregado al contratismo internacional y nacional.
La iniciativa pretende dar la vuelta a los inconstitucionales contratos de riesgo o contratos de servicios múltiples, con la técnica del avestruz: solamente les cambia de nombre, “contratos de servicios ampliados”. Son lo mismo que sus antecesores, pero más amplios y en ese sentido más ilegales: ahora estarán a todo lo largo y ancho del proceso de producción petrolero.
Los “bonos ciudadanos”, además de una tomadura de pelo a la población empobrecida del país, representan en realidad la bursatilización de Pemex. El espejismo populista de derecha piensa que de esta forma se distribuye y se individualiza la propiedad de una empresa entre los ciudadanos de una Nación. Es una copia absurda del esquema de Noruega y Holanda. Hay que ver cómo terminó esa práctica para concluir cómo la ciudadanización de las acciones devino en una privatización y monopolización disfrazadas. En el caso de México, basta con formular dos preguntas: ¿qué pasó con las acciones de Telmex a las que antes tenían acceso los usuarios de este servicio? ¿Qué porcentaje de los ciudadanos, sobre todo el 75% que gana hasta tres salarios mínimos, invierte en la bolsa mexicana de valores?
El gobierno afirma que la soberanía petrolera está garantizada con esta reforma. Sin embargo, plantea que Pemex se compromete a someterse a la jurisdicción de tribunales internacionales ante cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de contratos. Es decir, no sólo se privatiza la renta petrolera, sino también se renuncia al más elemental de los principios soberanos: la jurisdicción de las leyes nacionales.
Quede esta iniciativa como el ejemplo más acabado del “santanismo petrolero”. Santa Anna cedió la mitad del territorio. Felipe Calderón la totalidad del subsuelo, de mar y tierra. Santa Anna por lo menos disparó una veintena de tiros. Calderón sólo tuvo que presentar una inciativa. Santa Anna cayó dormido, después de una aletargada siesta en una ribera del río San Jacinto, en Texas. Calderón lo hace despierto y con prisa, después de una inexistente consulta ciudadana, bajo la sombra protectora de Los Pinos y a un costado del Bosque de Chapultepec.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
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