Propuesta de debate del FAP

Propuesta de debate del FAP

Con el propósito de realizar un amplio debate nacional para abordar la política petrolera y energética del país, el Frente Amplio Progresista planteó una proposición con punto de acuerdo, al pleno del Senado de la República, con el objeto de que la Junta de Coordinación Política, valorara y estableciera la forma y términos en que debiera realizarse.
La pretensión de los representantes de PAN y PRI de acotar los tiempos del debate nacional, en un asunto tan trascendente para el futuro del país, nos obliga a rechazar un ejercicio con el que únicamente pretenden legitimar intereses y decisiones tomadas previamente, mediante un debate simulado.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala expresamente que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos marinos de las islas, así como el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos. En estos casos, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible.
En ese sentido, cualquier decisión que tome el Estado, sobre aquellos recursos de los que el pueblo es soberano, requiere de la más amplia participación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Los miembros del Congreso de la Unión, como representantes populares, tenemos la obligación de escuchar todas las voces y todas las propuestas de la ciudadanía sobre un tema fundamental para el desarrollo de México, como lo es la reforma al sector energético.
Por lo anterior, es imprescindible convocar a un amplio debate nacional, incluyente y plural, sobre la reforma energética.
Con el fin de llevar a cabo el amplio debate nacional que proponemos será necesario que la Cámara de Senadores organice los foros, consultas y eventos necesarios que faciliten la participación del mayor número de especialistas e intelectuales —para que todos los sectores de la sociedad puedan hacer llegar sus propuestas— a efecto de que éstas se discutan y se elaboren las conclusiones que permitan la mejor reforma en beneficio del país.
Como un antecedente inmediato se puede mencionar el tiempo concedido a la aplicación de la ley para la reforma del Estado de un año y que, como hemos comprobado, fue insuficiente. La premura con la que se intentó esta ambiciosa reforma se vio reflejada en los pobres resultados alcanzados.
La reforma de seguridad y justicia ingresó al Legislativo el 9 de marzo de 2007 y un año después aún sigue su curso de aprobación constitucional. ¿La reforma de Pemex tiene acaso una sexta parte del peso, importancia y trascendencia del combate al crimen organizado?
La reforma electoral, en la que había un mayor consenso, llevó más de seis meses; por su parte, a las que se les aplicó un procedimiento fast track —como las del sistema de pensiones del ISSSTE o la reforma fiscal—, violentaron los consensos y concitaron el rechazo mayoritario de la ciudadanía. Por lo tanto, es a todas luces insuficiente dar un tiempo de únicamente cincuenta días al debate de la reforma energética.
Asimismo, los trabajos relativos a las reformas de las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones, se han desarrollado durante siete meses, sin que a la fecha se haya concluido el análisis para la elaboración de las iniciativas correspondientes.
En esta materia se ha efectuado una serie de reuniones en las que han participado expertos, académicos, organizaciones civiles, privadas y ciudadanos.
Consideramos que aun los cuatro meses que el Frente Amplio Progresista está proponiendo demandarán un trabajo intensivo del Congreso para llevar a cabo esa tarea, por lo que no es posible aceptar un tiempo menor.
En suma, estimamos que la propuesta de utilizar el periodo de receso legislativo, que inicia en mayo y termina en agosto, cuatro meses, es razonable y aceptable, no solamente para los demás grupos parlamentarios, sino para el conjunto de la sociedad.
Para la organización del debate nacional será necesario que el Senado instruya la conformación de un grupo técnico de muy alto nivel, que pueda procesar los diferentes planteamientos que vayan surgiendo de la sociedad y los traduzca en propuestas de reforma aceptables para los partidos representados en el Congreso y para todo el pueblo de México.
El equipo asesor podría estar conformado por diez especialistas —académicos, intelectuales y técnicos—, cinco propuestos por los partidos que integran el Frente Amplio Progresista y cinco por Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
La organización de los debates deberá correr por cuenta del Senado de la República y se debe permitir llevar a cabo el debate nacional con suficiente cobertura informativa, teniendo la más amplia difusión de los medios de comunicación y, en especial, de los medios electrónicos, para lo cual se requerirá la utilización de tiempos oficiales en radio y televisión.
En virtud de que el espectro que debe cubrir una consulta como la que estamos proponiendo abarca a todos aquéllos en los que tiene incidencia la industria petrolera, las discusiones versarán sobre los siguientes temas y subtemas mencionados de manera enunciativa, que podrían ampliarse a juicio del equipo asesor:

1. Bases para una reforma energética integral para México

1.1. Políticas aplicables
1.2. Petróleo y gas
1.3. Energías alternativas

2. Bases constitucionales de los energéticos

2.1. Dominio de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos
2.2. Constitucionalidad de los bonos ciudadanos
2.3. Constitucionalidad del régimen de excepción en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas
2.4. Reformas a Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

3. Política energética integral

3.1. Visión de Estado
3.2. Visión estratégica a largo plazo
3.3. Política que libere recursos para programas de inversiones en petróleo, petroquímicos y electricidad.
3.4. Seguridad nacional en materia de energía
3.5. Diversificación de fuentes de energía

4. Pemex como palanca del desarrollo, crecimiento económico y generación de empleo

4.1. Refinación para sustituir importaciones de gasolinas y petroquímicos
4.2. Reconstrucción de cadenas productivas
4.3. Política para producción en México de bienes de capital
4.4. Política industrial para petroquímica secundaria
4.5. Industria de fertilizantes para apoyo al campo

5. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas

5.1. Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramos del Petróleo
5.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Reglamentaria del Artículo 134 Constitucional
5.3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
5.4. Compras de gobierno como política de desarrollo nacional
5.5. Desarrollo de proveedores, fortalecimiento industrial
5.6. Autonomía de gestión para fortalecer a Pemex

6. Régimen fiscal de Pemex

6.1. Ley de Ingresos de la Federación
6.2. Finanzas públicas: modificar carga fiscal de Pemex
6.3. Reducir dependencia de ingresos petroleros
6.4. Financiamiento para el desarrollo de Pemex
6.5. Utilizar el excedente petrolero para financiar inversiones
6.6. Participación de la Conago

7. ASPAN (Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte)

7.1. Geopolítica y petróleo
7.2. Soberanía, Estado y nación, en materia de petróleo
7.3. Petróleo como mercancía hasta antes del ASPAN
7.4. Petróleo como blanco de ataque
7.5. Abastecimiento de petróleo comprometido con EUA
7.6. La relación con la OPEP

8. Política de exploración

8.1. En litorales
8.2. En aguas someras
8.3. En aguas profundas
8.4. En aguas ultraprofundas

9. Política de explotación y restitución de reservas

9.1. Reservas de petróleo en el mundo
9.2. Evaluación histórica y reciente de las reservas de petróleo en México
9.3. Mercado nacional
9.4. Exportación

10. Yacimientos transfronterizos

10.1. Legislación internacional
10.2. Marco constitucional
10.3. Legislación para reglamentar estos yacimientos
10.4. Acuerdos internacionales

11. Investigación y desarrollo tecnológico para la innovación

11.1. Transferencia, adaptación y mejora de tecnología
11.2. Empresas de base tecnológica
11.3. UNAM, Politécnico, Instituto Mexicano del Petróleo e instituciones de educación superior

12. Transporte, almacenamiento y distribución de petróleo

12.1. Oleoductos
12.2. Transporte terrestre
12.3. Transporte marítimo
12.4. Instalaciones para almacenamiento
12.5. Distribución

13. Sistema legal del petróleo en México

13.1. Estructura jurídica
13.2. Ley Orgánica de Pemex
13.3. Comisión Reguladora de Energía
13.4. Comisión del Petróleo, objetivos y alcances
13.5. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción

14. Desarrollo histórico de la industria petrolera

14.1. Cambios históricos de la industria petrolera en los periodos 1900-1938, 1938-1982 y 1982-2008
14.2. Retos para reintegrar a Pemex como palanca del desarrollo industrial

Además, podrán incluirse aquellos temas de especial interés para los partidos, para las organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema, para las instituciones públicas de investigación y enseñanza superior y para los trabajadores de Pemex.
Cabe mencionar que la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso será un insumo más para el debate nacional. En ese sentido, serán las conclusiones de estos trabajos las que den forma a las iniciativas de reforma que se discutirán en el Congreso de la Unión, a partir del inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.
El petróleo y, en general, la industria petrolera pertenecen a todos los mexicanos, por lo tanto, al organizar este amplio debate nacional, el Senado estará respondiendo a los más grandes intereses de México.

México DF, abril 15 de 2008

Senador Carlos Navarrete Ruiz
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
(Rúbrica)

Senador Alejandro Gonzáles Yáñez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
(Rúbrica)

Senador Dante Delgado Rannauro
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
(Rúbrica)