El Justo Reclamo

Amenaza ya la “Ley Lozano”

Materia FECAL

Rosalía Vergara

En un documento que resume la propuesta de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para reformar la Ley Federal del Trabajo, se considera prioritario restringir los derechos de los trabajadores y ampliar el margen de maniobra de los patrones en los litigios laborales y, sobre todo, en caso de huelga. Por ello, dirigentes de sindicatos independientes y connotados abogados laboralistas aseguran que la iniciativa, aún por presentarse formalmente pero ya conocida como la Ley Lozano, implica una visión proempresarial más radical aún que la Ley Abascal, de tan triste memoria.Aún no termina el debate nacional sobre la reforma energética y el gobierno de Felipe Calderón aceptó ya que “esperará el momento oportuno, según lo marque el Legislativo”, para presentar de manera formal la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin fecha precisa para tal fin, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció lo anterior a las organizaciones sindicales y agrícolas que integran el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, en un documento fechado el viernes 22, en el que también les dice que “en su momento” pondrá a su disposición el documento base de reforma.Sin embargo, desde hace un par de semanas está circulando entre sindicalistas y legisladores el borrador para discusión del proyecto de Ley Federal del Trabajo, de 131 fojas, que al parecer es el que presentará el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.Entre tanto, en el documento que la STPS envió a miembros del Movimiento Nacional se abordan temas agrarios, programas sociales, agropecuarios y ganaderos, además de lo relativo al Consejo Económico Social de Estado, entre otros que constituyen la agenda laboral a la que las organizaciones sociales exigen pronta solución y respuesta.Entre los temas planteados por sindicatos como la UNT, el FSM, el SME, grupos campesinos, la Coalición Ciudadana, entre otros que integran el Movimiento Nacional, la STPS propone una reforma laboral que, en opinión de abogados laboralistas y dirigentes sindicales, resulta aún “más agresiva” que la malograda Ley Abascal.Esta nueva propuesta, conocida ya como Ley Lozano –por su promotor, el expriista poblano Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo–, se basó en la promovida en 2004 por el entonces titular de la dependencia, Carlos Abascal Carranza.No obstante, afirma el abogado Arturo Alcalde, la nueva propuesta contiene modificaciones que la volvieron más radical y, de aprobarse, dejará en la indefensión al movimiento sindical y puede orillarlo a actuar en la clandestinidad como la única forma de organizarse para defender los derechos laborales.
Los cambios
La propuesta de reforma que circula en sindicatos y en el Congreso, pero que no ha sido reconocida oficialmente por la STPS, pretende modificar el artículo 387 y ampliar el 899 de la Ley Federal del Trabajo, de modo que prácticamente cancela la libertad de asociación gremial y el derecho a la contratación colectiva. El artículo 387 estipula el derecho de los trabajadores a un contrato colectivo y a emplazar a huelga si el patrón no lo acepta, pero en la Ley Lozano se propone incrementar los requisitos para este fin. Por ejemplo, se establece que se dé a conocer el nombre de los trabajadores inconformes, lo cual los hace vulnerables a un eventual despido, comenta Alcalde en entrevista. “Es una auténtica lista negra”, coincidió el dirigente del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), Jorge Robles, también consultado por Proceso. Con los cambios propuestos, el mencionado artículo establece también que los trabajadores acrediten el procedimiento de emplazamiento a huelga ante los representantes de los patrones, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje o ante los líderes sindicales “charros”, señalan Alcalde y Robles.De igual forma, deberán exhibir documentos que los acrediten como trabajadores de la empresa, aunque en muchos negocios pequeños y medianos no se dan recibos ni se respetan derechos como afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual los deja sin recursos para ejercer su derecho.El mismo requisito se pone como condición para que un trabajador cambie de sindicato, lo cual indica que “se pretende enterrar cualquier intento de sindicalismo democrático” en la propuesta de reforma laboral, apuntó Robles.En los artículos 39-A, B y D de la Ley Lozano se crean tres nuevas formas de contratación: a prueba, por temporada y de capacitación, hasta por un período de seis meses, lo cual, para el abogado laboralista Néstor de Buen, es otro “absurdo” y una forma de promover la inestabilidad en el empleo.La nueva ley también impedirá que trabajadores de un determinado oficio o profesión suscriban un contrato colectivo distinto, pues en el artículo 388 agrega un apartado para que, “celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios, no podrá dividirse en uno para cada gremio”. Se suprimirán además algunas garantías en materia de despido que hoy en día gozan los trabajadores, según el artículo 47, y en el 784 se modifican las reglas de la carga de pruebas en los juicios, de modo que el patrón podrá argumentar pérdida de recibos de pago, constancias o documentos que acrediten la contratación de sus trabajadores.Aunque elimina la cláusula de exclusión contenida en el artículo 395 de la LFT, lo cual beneficia a los trabajadores, según el dirigente Jorge Robles, la propuesta de reforma es parcial “y deja el camino abierto a la intromisión empresarial”. Además, lesiona el derecho a huelga creando nuevas causales para declarar su inexistencia, por ejemplo que esta petición no tiene base en los estatutos de los sindicatos, argumento usado por el exsecretario del Trabajo Arsenio Farell Cubillas, conocido como el zar de los contratos de protección en los años ochenta.Para los abogados Arturo Alcalde y Néstor de Buen, los ejes de dicha reforma “cierran las dos únicas puertas que tenía el movimiento sindical para recuperar el control de sus agrupaciones gremiales: la contratación colectiva y el derecho a huelga”.La Ley Lozano cancela “toda posibilidad de democratización en la relación entre patrón y trabajador, en términos absolutos”, indica Alcalde. Esto quiere decir que si se aprueba la propuesta los trabajadores deberán pedir permiso al patrón para declarar una huelga o exigir un contrato colectivo de trabajo, explica. “¡Nunca antes se les había ocurrido tal barbaridad!”, comenta.Alcalde considera que con esta reforma el movimiento sindical democrático tendrá que sobrevivir en la clandestinidad, pues la ley no permitirá que los trabajadores se organicen. “Es la única salida, es un escenario que se vivió en España en la época de la dictadura o en América Latina con sus dictadores, porque no hay posibilidades de organizarse. Hay que entrar por la vía del parasindicalismo, pues no se sabrá con quién se pacta un contrato colectivo ni qué dice dicho contrato”.Para Néstor de Buen, el texto que está circulando no es oficial, pero sí es un resumen de más de 224 propuesta de reforma a la legislación laboral. Aun así, dice, “hay cosas que no tienen razón de ser”, como la “barbaridad” de dar contratos a prueba por seis meses. Y aunque es evidente el propósito de afectar a los trabajadores, De Buen desconfía del rechazo que puedan manifestar los actuales dirigentes sindicales a esa reforma, pues algunos “están totalmente sometidos al Estado” y los independientes “no son muchos”. En todo caso, dice, esta reforma favorece al sindicalismo “blanco”, ya que los trabajadores no se enterarán cómo se está negociando su contrato colectivo.
Prioridades empresariales
El viernes 23 de mayo el titular de la STPS, el neopanista Javier Lozano Alarcón –que se registró en el partido en septiembre de 2005–, reconoció la existencia de la propuesta de reforma laboral, que antes había negado, ante líderes de las organizaciones congregadas en el Movimiento Nacional para la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.El polémico funcionario poblano –involucrado en el caso del empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, quien lo acusó de amenazarlo de muerte si no aceptaba guardar 205 millones de pesos que le incautó el gobierno de Felipe Calderón, dinero que, según el empresario, era ilegal y se destinó a la campaña presidencial del PAN– envió un documento en respuesta a la agenda de temas laborales que los sindicatos le habían planteado. El texto, cuya copia tiene Proceso, no está firmado por el secretario ni sellado, pero es original y fue reconocido como tal por dirigentes sindicales. En el segundo apartado se señala que la STPS determinó que “dentro de sus prioridades” debía contar con un diagnóstico y una estrategia para la actualización del marco normativo laboral que impulse la generación de empleo basada en la productividad y en la competitividad, sin menoscabo de los derechos y conquistas de la clase trabajadora.Destaca que las premisas en las que basará su proyecto son: “El pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional, sin realizar modificaciones a este precepto. La incorporación de propuestas viables, incluidas en diversas iniciativas presentadas con anterioridad en ambas cámaras legislativas, así como en otras que se consideren pertinentes. La coordinación con el Congreso, con respeto a la agenda y a los tiempos del Poder Legislativo”.El documento de 17 cuartillas indica que hasta ahora han analizado 224 iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo que se han presentado en los últimos diez años, y en las que identificaron puntos de coincidencia “para la construcción de un documento diagnóstico” en materia laboral. Las propuestas que se rescataron en el proyecto son, entre otras y en la interpretación de la STPS: La promoción del trabajo decente, la equidad, la no discriminación en las relaciones laborales. La inclusión de grupos vulnerables al mercado laboral.La incorporación de disposiciones para regular el trabajo de régimen de subcontratación, para evitar las simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores. La revisión de las disposiciones que regulan la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero. El establecimiento de medidas para incrementar la productividad, la competitividad y la generación de empleo.La actualización del marco jurídico de la capacitación y del adiestramiento. La revisión del marco normativo correspondiente a los trabajadores eventuales del campo. El fortalecimiento de la democracia y la libertad sindical. La inclusión de disposiciones para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, aún cuando en la práctica la STPS esté haciendo pública esa información.Por último, la secretaría informó a las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional que pondrá a discusión de actores relevantes el documento base para su estudio y discusión, “con miras a una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo”. La dependencia se manifestó dispuesta a esperar que el Poder Legislativo defina el momento oportuno para iniciar la discusión formal del tema.Así mismo propuso a los miembros del movimiento que integren un grupo de trabajo que recoja las consideraciones y propuestas de sus organizaciones, a fin de integrarlas al ejercicio comparativo y al documento base que elaborado por la STPS.Sin embargo el dirigente del FAT, Jorge Robles, señala: “Esto no responde a nada de lo que pedíamos, sólo está dando afirmaciones generales y es para tenernos ocupados dando respuestas punto por punto…”. Critica que la STPS se autodefina como el actor principal de la reforma laboral y solamente pida que las organizaciones envíen sus observaciones para que la dependencia decida qué entra en su iniciativa. “La dependencia exhibe una lógica autoritaria para sacar adelante la propuesta”, resume.
En los zapatos de Abascal
De esa forma ha actuado Lozano Alarcón en su trayectoria política. Con menos de dos años como funcionario panista, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho –igual que Calderón– y muy cercano a Diódoro Carrasco, actual diputado de Acción Nacional y quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo. La carrera política de Lozano empezó en la Secretaría de Hacienda, donde desempeñó diversos cargos de 1989 a 1994, año en que fue nombrado contralor general de Petróleos Mexicanos. Posteriormente, ya durante el zedillismo, fue oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y subsecretario de Comunicación Social en Gobernación. En 2000 era el responsable de prensa del CEN del PRI que encabezaba Dulce María Sauri. A partir de 2003 fue el representante del gobierno de Puebla en la Ciudad de México y en 2005 renunció para hacerse panista e incorporarse al equipo de Felipe Calderón. Al principio de este sexenio se pensó que Lozano Alarcón sería designado titular de la SCT, pero por presiones debidas a su postura ante la llamada Ley Televisa lo enviaron a la STPS. En Puebla se dice que es dueño de TV Azteca de Oriente. Con estos antecedentes, el 22 de mayo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados exigió su renuncia porque como presidente de la Cofetel autorizó una prórroga para que el empresario Ricardo Salinas Pliego pagara las concesiones de Unefon. Por eso, Robles compara este escenario con el de 2004, cuando el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal, impulsó reuniones con la Unión Nacional de Trabajadores y otras organizaciones sindicales para avalar una reforma que finalmente no prosperó, pese a que el funcionario había aceptado modificaciones sugeridas por los sindicatos independientes. Al rechazo se sumaron después centrales obreras como la CTM, el Congreso del Trabajo y la CROC. La propuesta se frenó finalmente en el Congreso de la Unión. El dirigente concluye que si bien el documento hace referencia a la lucha contra los “contratos de protección” (favorables a los patrones), los propios cambios impulsados por la dependencia favorecen el sindicalismo “blanco”, que promueve precisamente ese tipo de contratos. l