En el gobierno de Calderón se han reportado seis casos, aseguran
Emir Olivares Alonso
Familiares de las víctimas se manifestaron el pasado 25 de mayo frente a la puerta ocho del Campo Militar Uno, en demanda de éstas sean presentadas con vida. Foto: María Meléndrez Parada
Al negar que haya desapariciones forzadas en el país, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, demuestra una actitud “cínica y descarada”, pues olvida que en lo que va del sexenio de Felipe Calderón han sido reportados seis casos, aseguraron familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y desaparecidos hace más de un año.
Nadín, hija de Reyes Amaya, señaló que no extraña que el gobierno mexicano trate de deslindarse del delito, y recordó que “en una desaparición forzada es culpable quien participa, encubre y niega justicia”.
En un documento, familiares de los dos eperristas indicaron que, con las afirmaciones de Mouriño, el gobierno federal hace visible su “lamentable e insultante” postura sobre la desaparición de personas. “Lo único que muestran sus declaraciones es cómo pretende maquillar su responsabilidad, incapacidad y nula voluntad política para resolver la situación, a costa de lo que sea, incluso de engañar al pueblo de México con faramallas de supuestas investigaciones.”
Exigieron que se ponga fin a la impunidad y “de una vez presente con vida a nuestros desaparecidos. No más impunidad como en los casos de Atenco, Oaxaca y Pasta de Conchos. No es posible que no tengan el mínimo respeto por los hijos y familiares, quienes desafortunadamente también somos víctimas de ustedes y de su sistema de impunidad”.
Manifestaron que van seis desapariciones forzadas en lo que va del actual gobierno: Reyes Amaya y Cruz Sánchez, así como las de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, Lauro Juárez y Francisco Paredes. Los cinco primeros en Oaxaca y el otro en Michoacán.
Aseveraron que “el titular de la SG padece ceguera, o más bien carece de vergüenza y ética, al igual que (el gobernador oaxaqueño) Ulises Ruiz”.
Los familiares de los dos integrantes del EPR expresaron que el titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, trata de deslindar a elementos del Ejército, ya que las investigaciones sobre el delito antes mencionado ahora apuntan a la presunta responsabilidad de policías estatales.
Subrayaron que la comisión de un crimen de lesa humanidad, como la desaparición, no se da con la participación de sólo unos cuantos y mucho menos puede pasar desapercibido por los altos mandos del gobierno federal.
Asimismo, hicieron un llamado “a los elementos jóvenes y congruentes que aún existen en las filas del Ejército a no ser cómplices de ese ilícito, ya que no es de esa forma como se hace patria. Ustedes son utilizados para cometer los delitos más atroces, y eso no es proteger ni mucho menos ayudar al pueblo. Abran los ojos y no sean partícipes de esos crímenes, porque nunca podrán vivir en calma cargando en su consciencia con la tortura y violaciones tan graves”.
A Ulises Ruiz le recordaron que, pese a toda la campaña mediática y propagandística que ha emprendido para deslindarse de esos hechos, “nadie le cree, porque ha sido un asesino y represor del pueblo de Oaxaca”.
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