Arnaldo Córdova
En mi presentación del día 20 en el Senado comencé por señalar que yo no veía que las iniciativas del gobierno panista buscaran modernizar Pemex como se viene predicando. La realidad que se ha venido ilustrando a través de estos debates es que estamos discutiendo la reforma equivocada, la llamada reforma energética que se reduce a una reforma petrolera, cuando deberíamos estar ya debatiendo en torno a esa reforma hacendaria que desde hace decenios el país y el erario necesitan con la mayor urgencia.
Mi participación en el primer debate sobre la constitucionalidad de las iniciativas de Calderón me mostró con toda claridad que todo se redujo a ver quiénes eran más ignorantes o más duchos en materia de derecho y de derecho constitucional. Que yo le haya tenido que enseñar a uno de los participantes que el derecho de uso es un derecho real me deprimió. Que no entendieran lo que es una Constitución política me dejó anonadado. Que el 28 constitucional no habla de “industria petrolera” y que, por tanto, ésta no es parte del derecho de la nación sobre sus recursos naturales sólo muestra el modo en el que entienden el derecho. En respuesta, otro me llamó “espiritista”, “astrólogo” y “metafísico”.
Lo que se busca con estas reformas es seguir con el absurdo sistema impositivo que tenemos. Continuar usando los ingresos petroleros para seguir financiando el presupuesto en 40 por ciento de su total. Cuando se ha dicho que tan sólo una parte de los ingresos petroleros bastaría para resolver el desgaste de las instalaciones petroleras, invertir en refinerías y en investigación tecnológica, se contesta que eso significaría tener menos escuelas, menos hospitales, etcétera. También, por supuesto, menos corrupción y menos latrocinios de toda especie y a todos los niveles de la administración pública federal.
Cuando vi por televisión el quinto debate, en que participó el Nobel Mario Molina, me asombró que, con algunas excepciones, todos demandaran que se diera a Pemex más recursos tomados de los que ella misma genera, haciéndose notar que todavía quedaría al gobierno una colosal cantidad de dinero para financiar su gasto público. Todos demandaron, asimismo y urgentemente, que se integraran los centros de investigación (incluido, en primer término, el Instituto Mexicano del Petróleo) y se les dieran los recursos necesarios para desarrollar tecnología de punta. Casi ninguno de los participantes aceptó que nuestra industria petrolera pasara a manos de privados, así fuera en retazos.
Nadie desde el gobierno ni desde los círculos de la derecha nos ha podido explicar hechos que son un insulto para el país: ¿cómo es que tenemos un erario que tiene una participación en el producto interno bruto nacional de apenas 11 por ciento, cuando en otros países semejantes al nuestro la participación es de arriba de 30 por ciento y en países mucho más desarrollados que el nuestro ronda casi la mitad? ¿Cómo es que tenemos un grupo de multimillonarios más numeroso que muchos países más ricos que el nuestro y ninguno de éstos se da el lujo de tener uno que oscila entre el primero y el segundo lugar como el hombre más rico del mundo? ¿Cómo juega la política impositiva en ello?
¿Por qué es tan difícil y traumático hacer una reforma fiscal en México? Alguna vez el ex presidente De la Madrid, cuando era director del Fondo de Cultura Económica, me dijo que una reforma fiscal era muy difícil porque era difícil poner de acuerdo a todas las fuerzas involucradas en el proceso. Creo que tenía razón. Si no se quieren tocar los grandes intereses económicos privados dominantes en nuestra economía, no sólo será difícil, sino imposible. Una reforma fiscal tendrá lugar hasta que se meta en cintura a esos intereses y se les obligue a pagar la cuota de sus ingresos que deben dar al fisco y no seguir enriqueciéndolos sin medida.
Este sustituto de reforma fiscal que es esta malhecha y mal presentada reforma petrolera sigue en la misma línea de siempre: enriquecer más a los más ricos, aunque el país se hunda, aunque la industria petrolera misma desaparezca y todos nos convirtamos en un país de miserables que seguirán huyendo de su patria para ir a ser explotados y humillados por los empleadores gringos. La brama con la que se quiere dar entrada a la iniciativa privada en la industria petrolera sólo quiere decir que no se renunciará a seguir esquilmándola para alimentar a las finanzas públicas y, si se puede, que los privados se encarguen de “modernizar” a Pemex.
En días recientes el diario Reforma nos mostró plásticamente un ejemplo de para qué sirve el dinero que se extrae de Pemex: un yate que debe costar millones de pesos y un departamento de lujo que pertenecen al dirigente del sindicato de la empresa, Carlos Romero Deschamps (el del Pemexgate), en Cancún. Una reforma fiscal debería comprender el control indispensable de la corrupción avasalladora en nuestra industria petrolera. Todavía no puedo saber lo que se gasta en altísimos sueldos para los más de 20 mil ejecutivos y altos empleados de confianza de la empresa. Abundan las denuncias de funcionarios corruptos de Pemex que cobran cuota a quienes les solicitan concesiones o contratos.
Es lícito preguntarse qué clase de país nos está dando la derecha panista y priísta en el poder. Los gobernadores “preciosos” y “piadosos” del PRI y del PAN quieren su tajada y apoyan la reforma. ¿Alguien sabe en qué gastan los excedentes petroleros los gobers? Las reformas probablemente pasarán con algunos cambios. ¿Qué pueden hacer 30 diputados y 10 senadores priístas que defienden su plataforma de principios frente al resto de sus legisladores que están con sus gobers? Como puede verse, la cadena de corruptelas y de componendas políticas que envuelve el proceso es de verdad abrumadora.
La legislación fiscal es generosa en materia de exenciones y devoluciones fiscales para los empresarios. Aquí, el hecho es que ese 11 por ciento que obtiene el fisco lo logra sólo de los causantes llamados cautivos, los que no tenemos más remedio que pagar impuestos, no de los grandes empresarios que nunca pagan nada y siempre salen ganando.
Una iniciativa privada voraz y una industria petrolera expuesta al saqueo indiscriminado juntas y en acción, eso es lo que proponen las reformas.
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