Julio Pimentel Ramírez
Al más clásico estilo salinista del "ni los veo ni los oigo" Felipe Calderón, presidente ilegítimo de México, que en eso también coincide con Carlos Salinas, hace caso omiso de las voces cada vez más extendidas que demandan tanto modificaciones profundas a la estrategia de la llamada "guerra" contra el narcotráfico, como ponerle un alto a la política neoliberal que ha colocado en el desempleo y la pobreza a decenas de millones de mexicanos y que pretende privatizar los recursos energéticos de la nación.
Ante las miles de ejecuciones que durante la administración calderonista, que por lo demás se suma indefectiblemente al saldo negativo de los sexenios perdidos del neoliberalismo, las autoridades federales de todos los niveles y ámbitos solamente atinan a decir que se trata de ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes y se lamentan de las bajas de policías y militares, involucrados o no con el crimen organizado, dejando de lado los "daños colaterales" como eufemísticamente se llama a los asesinatos y daños cometidos en contra de la población civil.
Calderón en su papel de "general en jefe" de las tropas nacionales, militares y cada vez más de soldados disfrazados de policías, ignora los señalamientos de quienes demandan que el enfrentamiento en contra del narcotráfico y del crimen organizado no debe circunscribirse al enfrentamiento frontal de carácter violento, sino que debe de contemplar una estrategia integral que incluya intensificar la labor de inteligencia previa a los actos de fuerza, que se socave el área financiera del narco pero, sobre todo, que se tomen medidas sociales, económicas y políticas profundas.
Especialistas del tema del narcotráfico han subrayado el fracaso de estrategias como las que aplica el gobierno mexicano y nos refieren al caso del Plan Colombia que lejos de terminar con el narcotráfico, acentuó tanto la violencia en el país sudamericano como su dependencia respecto a los intereses geopolíticos del imperio del Norte.
En todo caso no hay que olvidar las complejidades de este fenómeno: narcotráfico y delincuencia organizada, que incluye actividades como secuestro, tráfico de personas, prostitución, pederastia, entre otros ilícitos, que rebasa fronteras y que responde a múltiples factores que tienen como móvil último la acumulación capitalista y la rápida obtención de ganancias, sin obviar su uso como instrumento injerencista en manos del gobierno de Washington, así como sus vínculos con esferas del poder político y económico de países como el nuestro.
Además esta dinámica de militarización de la seguridad pública, al lado de una política de criminalización de la protesta social, tiende a convertirse en un instrumento coercitivo que amenaza a la oposición política y pone en riesgo el proceso democrático del país, de por sí débil y distorsionado por la errática (concediendo que actúen de "buena fe") actuación de los partidos y actores políticos de la vida pública nacional.
Pero no solamente en este terreno se manifiesta el "autismo" (al utilizar este término no pretendemos faltarle al respeto a las personas que padecen este síndrome sino solamente subrayar la actitud de quienes desde el poder no escuchan las demandas y el clamor de amplios sectores sociales) del panismo gobernante, también en cuanto a sus iniciativas privatizadoras de PEMEX (las cinco enviadas al Senado y la que hizo llegar a la Cámara de Diputados) hace caso omiso de las críticas sustentadas con argumentos sólidos y análisis profundos expuestos en los foros realizados hasta el momento, en los que se abordaron la (in)constitucionalidad de la propuesta oficial, los principios y sustento histórico de la actividad petrolera, y las propuestas de gobernadores.
Aunque no se trata de un partido de fútbol, sino algo serio que tiene que ver con el presente y futuro de los mexicanos, se puede compartir la observación objetiva de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que las posiciones privatizadoras están siendo derrotadas por "goleada".
No obstante y como si este debate público no se estuviera realizando, Felipe Calderón reitera su llamado a que se apruebe ya su llamada reforma energética que abre las puertas a la inversión privada en áreas que la Constitución señala que son exclusivas del Estado. De esta instrucción se hacen eco la mayor parte de los medios de comunicación, que bombardean a los videntes y oyentes de sus programas con descalificaciones en contra del Movimiento en Defensa del Petróleo y alegando que el actual debate es una estrategia del "necio" Andrés Manuel para impedir la "modernización" de PEMEX.
Dejando claras sus intenciones privatizadoras el gobierno federal, el PAN y sectores cupulares del PRI se niegan a que la reforma energética sea sometida a una consulta o referéndum popular, conscientes de que es mejor para sus intereses "no ver ni oír" al, para ellos, trasnochado populacho nacionalista mexicano.
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