Campo: amarga cosecha

Luis Hernández Navarro

Gritaron y patalearon. Dijeron que lo desconocían y que no tratarían con él los asuntos del campo. Marcharon por las calles de la ciudad de México pidiendo que se fuera. A comienzos de 2008, los dirigentes de un buen número de organizaciones campesinas nacionales exigieron la renuncia de Alberto Cárdenas, secretario de Agricultura (Sagarpa). Lo mismo hicieron los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pero, cinco meses después del pleito, Alberto Cárdenas sigue al frente de la Sagarpa, despachando como si nada hubiera pasado. Y los líderes agrarios y diputados que lo desconocieron como interlocutor ahora se reúnen y acuerdan con él y sus subalternos como si no hubieran pedido su salida. Algunos se portan como si fueran grandes amigos del funcionario. Ya se arreglaron.

El conflicto estalló formalmente como protesta contra la plena entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, para muchos líderes, legisladores y gobernadores el problema de fondo era otro: la aprobación de nuevas reglas de operación para administrar los programas del campo, aprobadas el 31 de diciembre de 2007.

Las nuevas reglas de operación definen la forma en la que se distribuirán los más de 204 millones de pesos que el programa especial concurrente para el campo contempla para 2008. Centralizan la administración de los recursos en el gobierno federal y compactan los programas. Los 156 planes para el campo que existían se reducen a 16. La Sagarpa se queda con la mitad. De esta manera se crean las condiciones institucionales para su manejo con criterios electorales y para beneficiar a los sectores más capitalizados del agro.

La existencia de diversos programas específicos y presupuestos etiquetados a ellos permite limitar la tendencia del gobierno federal a definir el destino de los recursos públicos como le dé la gana. Muchos de estos programas, hoy desaparecidos, respondían a viejas demandas de pequeños productores y campesinos. Al compactarlos, el gobierno panista tiene hoy manga ancha para disponer de los recursos y canalizarlos hacia sus aliados en la sociedad rural.

Cerca de 30 por ciento del presupuesto del sector fue reubicado en rubros distintos a los originalmente aprobados en 2007. Como resultado de la migración, los recursos destinados a 2 millones de hectáreas que se dejaron de trabajar fueron trasladados a Procampo Capitaliza, que beneficia a los grandes productores rurales.

Una de las consecuencias inmediatas de las nuevas reglas de operación ha sido el subejercicio en el presupuesto de la Sagarpa. De los 65 mil millones de pesos que deberían haber sido entregados a los campesinos, únicamente se han otorgado 5 mil millones: tan sólo se ha ejercido 8 por ciento del presupuesto. Los principales perjudicados con esta situación son, precisamente, quienes más necesitan de los apoyos de los programas gubernamentales, es decir, los campesinos que tienen menos.

Es frecuente que los funcionarios de la Sagarpa de los estados ignoren cómo manejar los programas, cómo llenar los formatos y cuáles son las nuevas reglas. No es inusual que el presupuesto aprobado por los Congresos estatales para el campo no coincida con el monto que las nuevas reglas de operación exigen a los gobiernos locales como aportación.

La manifestación campesina del pasado 31 de enero fue el momento cumbre del reciente descontento rural. Miles de hombres del campo tomaron las calles de la ciudad de México. No obstante, desde el 28 de enero ya existía un acuerdo –que no se hizo público– entre los gobernadores del PRI y el gobierno federal para el manejo del presupuesto.

Las organizaciones rurales que protestaron en aquella fecha se mantienen unidas en lo formal, pero cada una de ellas acuerda en lo particular. La negociación se ha bajado hasta el piso. Cada quien mira para su santo. Por ejemplo, la Confederación Nacional Campesina busca cómo obtener un asiento en el Comité Técnico Nacional, la instancia en la que se decide adonde va el dinero para el campo.

En el momento en que el país vive la más dramática crisis rural en décadas, expresada bajo la forma de crisis alimentaria, la mayoría de los liderazgos campesinos nacionales se dedican a otras cosas. Cuando Estados Unidos acaba de aprobar una nueva Ley Agrícola que destina casi 300 mil millones dólares en cinco años al campo, guardan silencio. A lo sumo hacen declaraciones de vez en cuando, amagan con realizar movilizaciones que nunca realizan, y firman pactos de solidaridad con organizaciones obreras que quedan en el papel.

Muchos están más preocupados por sus disputas partidarias internas o preparándose para obtener una diputación en los comicios de 2009, que por organizar la resistencia. Varias de las organizaciones nacionales se metieron de lleno en la disputa por la dirección nacional del PRD. Entre tanto, montado en caballo de hacienda, el Partido Acción Nacional se dedica a construir clientelas electorales, utilizando los recursos destinados al desarrollo agropecuario.

En una reciente reunión con las organizaciones campesinas que dicen desconocerlo, Alberto Cárdenas aseguró: “tenemos la mejor política agropecuaria del mundo”. El secretario, que nunca se ha distinguido por su inteligencia ni brillantez, hombre del empresario de la industria alimentaria Lorenzo Sertvije, puede decir las peores barbaridades sin que pase nada.

El campo mexicano vive uno de los peores momentos de su vida. Y el futuro pinta peor. Las esperanzadoras siembras de las movilizaciones campesinas del pasado enero han dejado cosechas muy amargas.