"Derogar la ley de caducidad para terminar con la impunidad en todos los ámbitos de la sociedad”

Barómetro Internacional

Gira en Suecia del periodista uruguayo Roger Rodríguez

Por Ricardo Daher

La derogación de la ley de caducidad de la pretención punitiva del Estado en Uruguay es una necesidad no sólo para establecer la verdad, sino también para impedir la repetición de los hechos y terminar con una cultura de la impunidad que ha impregnado todos los ámbitos de la sociedad, sostuvo el periodista uruguayo Roger Rodríguez en su visita a Malmö.

Roger Rodríguez, periodista de larga trayectoria y especializado en el tema de los derechos humanos, estuvo de visita en Suecia en el marco de una gira por Europa explicando la campaña para derogar la ley de caducidad y difundiendo el trabajo del Museo de la Memoria que desarrolla la Intendencia de Montevideo.

Hay muchos argumentos para convocar a la campaña de recolección de firmas para derogar la ley de caducidad, sostuvo Rodríguez. Además de la necesidad de saber que ocurrió con los detenidos desaparecidos, también hay una lógica de hechos ocurridos después de la sanción de la ley que deben ser revisados y cambiados.

La ley de caducidad, que liberaba de responsabilidad a los militares violadores de los derechos humanos, sancionada en 1986, ha impuesto una cultura de la impunidad en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias a esa impunidad el país ha debido sufrir procesos de privatizaciones, tercerizaciones de servicios, corrupción, desidia, egoísmo. Cada persona con cierto poder se siente con derecho a hacer cualquier cosa, ya que advierte que a quienes torturaron, secuestraron y asesinaron a decenas de personas, ni siquiera enfrentan a la justicia, por lo que consideran ellos también pueden permanecer impunes en sus acciones.

La impunidad como cultura permitió que se impusiera una política económica neoliberal, que se emprendieran privatizaciones, se extendiera la corrupción, se fomentara el individualismo y el egoísmo, insistió.

La ley de caducidad no sólo pretendía establecer impunidad para los militares violadores de los derechos humanos, sino también otorgar impunidad para la política económica que se iba a implementar después de sancionada la ley.

No existe el punto final

El periodista uruguayo rechazó los conceptos de historia reciente y punto final. Se trata de una historia presente, las consecuencias de la dictadura siguen afectando la vida de los uruguayos, y los detenidos desaparecidos, siguen desaparecidos, recordó. Por lo mismo, tampoco existe un punto final. La desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad y debe ser juzgado, además, mientras no aparezcan los cuerpos, el secuestro sigue vigente y es un delito que se está cometiendo aún hoy. Aún hay muchas cosas por conocer y cada paso que se da en la investigación abre nuevas interrogantes, insistió.

La cultura de impunidad todavía se mantiene con fuerza en toda la región, aunque han comenzado a registrarse algunos cambios. En ese sentido Argentina ha avanzado un poco más con la derogación de la ley de obediencia debida y los juicios iniciados a los represores. En Chile, Brasil y Argentina todavía sigue una estructura legal que impide o perjudica los juicios.

En Uruguay, destaca Roger Rodríguez, en los últimos 5 años se ha comenzado a cambiar la historia de la impunidad. En ese sentido destacó el caso de la aparición de Macarena Gelman –nieta del poeta argentino- y de Simón Riquelo –hijo de Sara Méndez- y el descubrimiento de los vuelos con traslado de detenidos de Argentina a Uruguay, como pilares de este cambio.

En este campo destacó que los documentos y los testimonios que se están recogiendo, demuestran una coordinación represiva en la región desde mucho antes de la implementación oficial del denominado “Plan Cóndor” de coordinación represiva en Sudamérica.

Como muestra presentó un documento obtenido por un uruguayo en un pleito en Argentina, de octubre de 1973, donde se habla de seguridad nacional y se revela una coordinación represiva entre Uruguay, Chile y Argentina.

Rodríguez recordó que en octubre de 1973, un grupo de uruguayos partió en un vuelo de Chile a Buenos Aires. Allí la policía los detuvo en el aeropuerto de Ezeiza para expulsarlos tiempo después a Europa. Uno de estos uruguayos intentó ingresar a Argentina muchos años después, pero le fue impedida la entrada porque existía en migraciones la orden de expulsión por indeseable. Les recordó a las autoridades argentinas que ese incidente fue en época de la dictadura uruguaya, pero le contestaron que en Argentina había democracia entonces. Apeló y en ese trámite judicial le entregaron un documentos enviado por un jefe de policía a migraciones, fechado en octubre de 1973, donde se sostenía que la policía había recibido información de sus colegas chilenos sobre el viaje de los uruguayos, y que según la policía uruguaya eran “subversivos”, por lo que su presencia en tierras argentinas constituía un riesgo para la seguridad nacional, e intimaba a migraciones a expulsar a los viajeros cuando llegaran a Ezeiza.

En sus investigaciones Rodríguez ha encontrado documentos de coordinación represiva en Brasil, Argentina y Chile. En los últimos tiempos se han desclasificados muchos documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos que han aportado alguna líneas de investigación, aunque mucho de ellos están completamente tachados. Estados Unidos reveló miles de páginas de sus archivos diplomáticos, pero tacha la información que puede comprometer su relación con otro país, o que deje al descubierto una operación de la CIA o a algunos de sus agentes. Algunas páginas son apenas una mancha negra de tantas tachaduras, dijo Rodríguez mostrando una de esas páginas.

Además de reclamar la publicación de documentos de archivos norteamericanos, el periodista exige que otros países también revelen información. En ese sentido recordó que hay evidencias de la participación de represores franceses en Argentina y Uruguay. Expertos de la represión francesa en Argelia, durante la guerra de independencia, fueron a Sudamérica a enseñar torturas y aún hay mucho que investigar sobre el asesinato en París del agregado militar, coronel Ramón Trabal, en una operación de los propios militares uruguayos.

Vuelos de la muerte

Rodríguez sostiene que en sus últimas investigaciones se confirmado la existencia de dos vuelos de traslados de uruguayos de Argentina a Uruguay en la coordinación represiva, y la casi certeza de un tercer vuelo.

En sus investigaciones recabó el testimonio de un alto militar argentino que le aseguró que los aparatos represivos cada país se hacía cargos de sus ciudadanos. “Cada uno se hacía cargo de su propia basura” le dijo hace mucho tiempo. Según ese testimonio, los militares y/o policías argentinos hacían las detenciones de uruguayos en su país, pero eran oficiales uruguayos los que se encargaban de torturar, y después del destino que le darían a los prisioneros.

La existencia de esos vueltos de la muerte permiten creer que la mayoría de los uruguayos detenidos en Argentina fueron trasladados a Uruguay y asesinados en el país. Al menos ya está probado que unos 20 uruguayos del primer vuelo fueron ejecutados en Uruguay, lo que implica un caso de ejecución masiva que podría haberse repetido. Ello explica de alguna manera el pacto de silencio de los militares, sostiene.

Esto echa por tierra la defensa de algunos militares que decían que ellos habían actuado de manera diferente a sus colegas de Argentina y Chile, sostiene Rodríguez.

Por otra parte, sostuvo el periodista uruguayo, también está probada la existencia de lo que podría llamarse el vuelo cero. Los cinco uruguayos asesinados en Soca, localidad de Canelones cercana a Montevideo, en diciembre de 1976, fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados a Montevideo.

Rodríguez entrevistó a un uruguayo detenido junto a Floreal García, uno de los asesinados en Soca, en Buenos Aires y que se salvó de la ejecución porque no tenía ninguna relación con la oposición a la dictadura.

Algo está cambiando

Rodríguez destaca también el cambio de interpretación que el gobierno de Tabaré Vázquez le ha dado a la ley para permitir juzgar determinados delitos cometidos por militares y civiles, que los cuatro anteriores gobierno que sucedieron a la dictadura, habían impedido.

Desde la asunción de Vázquez a la presidencia, la justicia ha podido iniciar investigaciones sobre desapariciones y secuestros durante la dictadura, que antes estaban amparados en la ley de caducidad, según la interpretación que le daban los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle.

De todas maneras, sostiene Rodríguez, aún no existe una política de Estado para investigar y juzgar esos crímenes. Deben ser los familiares o los periodistas quienes aporten las pruebas a la justicia. Además, subraya, apenas se han encontrado documentos de la represión en los archivos de la Policía, el Ministerio de Defensa y Cancillería. No existe una reglamentación para la desclasificación de lo encontrado, lo que hace difícil acceder a ello.

Estos documentos tienen también riesgos, advierte, ya que pueden haber testimonios arrancados bajo tortura sin validez, ya que el torturado puede haber firmado cualquier declaración, o aceptado responsabilidades inexistentes bajo el apremio físico.

Otro elemento que falta para el trabajo de investigación periodística es una ley de habeas data, para acceder a la información oficial, y un cambio en la ley de prensa, para evitar los juicios a los periodistas.

En los últimos meses varios periodistas han sido llevados a juicio, y hay un periodista de Colonia preso, en lo que Rodríguez considera una campaña de amendrentamiento.

Rodríguez enfrenta en estos días un juicio por “injurias” iniciado por el mayor retirado, Enrique Mangini, después de revelar que integrando en la fascista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) participó en la invasión al Liceo 8 en Montevideo y en el asesinato de estudiante Santiago Rodríguez Muela en ese instituto el 11 de agosto de 1972.

Rodríguez publicó en el diario La República declaraciones de un testigo presencial, así como registros desclasificados de inteligencia policial, según los cuales el homicida de Rodríguez Muela es Enrique Mangini, alias Zapato. Entonces Mangini tenía 18 años de edad y era miembro de la paramilitar Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Mangini llegó a ser comandante de la Base Antártica Artigas en la democrática segunda presidencia de Julio Sanguinetti (1995-2000).

Mangini no fue objeto de investigación periodística hasta octubre pasado, cuando posó para la foto, con un arma de fuego y en la puerta del juzgado de la calle Misiones, mientras el anciano represor Iván Paulós declaraba en un caso por desapariciones. El crimen del que Mangini es sospechoso sigue impune.
De todas maneras, este no es el único juicio que involucra a Rodríguez. Ya ha sido testigo en varias investigaciones judiciales por los vuelos de la muerte, y también ahora en la investigación sobre el asesinato del ex presidente de Brasil, Joao Goulart, asesinado en 1976 en Corrientes, Argentina, después de haber vivido exiliado en Uruguay desde su derrocamiento por lo militares en 1964.

Rodríguez entrevistó al represor uruguayo Neira Barreiro, preso en Brasil por delitos comunes, que confesó haber participado en el asesinato de Goulart mediante envenenamiento.

El periodista uruguayo encontró documentos que demuestran que el ex presidente brasileño era vigilado estrechamente por los servicios secretos uruguayos, brasileños y argentinos, que intercambiaban información sobre sus pasos y visitas recibidas.

Obtener firmas para derogar la ley

La campaña para derogar la ley de caducidad tiene como plazo límite abril del 2009 y para entonces se deben lograr 250.000 firmas válidas a fin de plebiscitar su derogación en un plebiscito a llevarse a cabo junto a las elecciones nacionales de octubre del mismo año.

La comisión que organiza el trabajo de recolección de firmas pretende llegar a las 300.000 voluntades ciudadanas en favor de la derogación para esa fecha.

Con ese objetivo, Rodríguez incentivó a los uruguayos residentes en el exterior a participar en la recolección de firmas, manifestando la voluntad de la ciudadanía en derogar la ley que ha otorgado impunidad a los represores. Insistió en la necesidad de manifestar esa voluntad, así no exista la certeza de que el ciudadano mantiene su credencial cívica vigente. Para evitar confusiones, Rodríguez expresa que conviene diferenciar las firmas válidas, con credicial vigente, de aquellas dudosas, por lo que sugiere firmar en planillas separadas.

Al inicio de la campaña, en abril de este año, ya se habían recolectado unas 100.000 firmas válidas. Recordó que en un fin de semana, anterior a su salida al exterior, se habían recolectado otras 30.000 firmas. Cuanta más voluntades ciudadanas se expresen por derogar la ley, más posibilidades pueden haber de que los legisladores de la coalición de izquierda gobernante se atrevan a derogar la ley por vía parlamentaria, que sólo requiere la mayoría simple de los votos de los legisladores en ambas cámaras, mayoría que la coalición de gobierno posee.

Talleres de la memoria

Muchos testimonios y documentos reveladores han sido obtenidos en los últimos tiempos en el exterior, por lo que el periodista uruguayo invita a los que permanecen en el exterior a realizar talleres de memoria para rescatar testimonios que puedan ir cubriendo baches informativos y revelando nuevas líneas para investigar. De la misma manera también pueden contribuir con el Museo de la Memoria en Montevideo entregado materiales o aportando datos y elementos.
Rodríguez destaca el trabajo y papel que están desarrollando los talleres de la memoria que se están realizando en Uruguay y sostiene que con un trabajo similar en el exterior se pueden obtener grandes resultados.

ricardher@gmail.com