El mejor negocio del mundo

La depredación de las mineras en Argentina

Pablo Ramos
APM

Las trasnacionales que extraen minerales no pueden quejarse en absoluto. Nada de impuestos ni de procesos amigables con el ambiente. Sólo ganancias.

Hace casi 90 días que en Argentina sólo se habla sobre el conflicto generado entre los productores rurales y el Gobierno federal a raíz de la aplicación desde el 11 de marzo pasado de un régimen de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas. El campo inició un lock out que, con algún interregno, se mantiene hasta la fecha. La explicación de la Casa Rosada es que con esta medida se logra un efecto redistributivo de la riqueza de tipo progresivo y se desenganchan al mercado interno de los precios internacionales. Pero este principio no se aplica a otro sector que atraviesa por un mejor momento que el rural. Y se trata de las empresas extranjeras que extraen minerales (todas son filiales de matrices foráneas), no pagan nada de impuestos, dejan una miseria de regalías y cuando los yacimientos se agoten sólo van a dejar… miseria.

Las inversiones en este sector primario de la economía se disparan a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 (y sus modificaciones del año 1999 y 2001) y del Acuerdo Federal Minero. A su vez, en ese contubernio que significó la reforma constitucional de 1994, una de las prendas de cambio fue la "provincialización" de los recursos naturales. Por lo tanto, les cabe a las administraciones provinciales decidir cómo explotar su subsuelo.

Con la nueva legislación se fomentó la inversión privada mediante un sistema concreto, a través de distintas herramientas fiscales: facilidades arancelarias, la desgravación impositiva de las inversiones, la capitalización de las reservas mineras, estabilidad fiscal por 30 años y fija un tope del 3 por ciento a las regalías mineras que pueden cobrar las provincias.

Se mencionan versiones por 3.500 millones de dólares en inversiones mineras, y aunque las cifras son presentadas por las empresas explotadoras, no hay motivos para desconfiar. Este "boom" se produjo en un ciclo mundial de incremento sostenido de los precios de los commodities (todos los minerales lo son), mucho mayor en este sector que en el alimenticio.

Para graficar, comparemos los precios de algunos commodities en los últimos diez años. En abril de 1998, el barril de petróleo se transaba a 14 dólares, el kilogramo de oro a 9.002 dólares, la tonelada de cobre a 700 dólares y la de soja a 252 dólares. En abril pasado, el crudo cotizó a 130 dólares (subió un 829 por ciento), el oro a 32.150 dólares (subió un 257 por ciento), el cobre a 8.500 dólares (un 1.114 más) y la soja a 501 dólares (99 puntos arriba).

Si era un negocio en 1998, hoy lo es mucho más. Las compañías invierten en bienes de capital, pagan a sus operarios, pagan los impuestos, pagan las regalías y obtienen sus utilidades. Hasta aquí, el ciclo de una empresa cualquiera. Pero… aquí es donde surgen las sutiles diferencias que convierten a este en un supernegocio.

Se trata de una actividad escandalosamente exenta. Las empresas que explotan minerales en Argentina están exentas de pagar aranceles por los bienes de capital que importen; a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias, Activos, Inmobiliario, a los Débitos y Créditos bancarios, Municipal y a los Sellos; y la tasa de estadística.

Los legisladores de entonces, no conformes con ello, beneficiaron a las futuras emprendedoras con estabilidad fiscal por 30 años. Las regalías explicamos que tienen un techo del 3 por ciento, pero allí no terminan los beneficios: son las propias empresas las que informan cuánto han exportado a través de una declaración jurada (…) la cual no puede ser cotejada debido a que no existe ningún órgano oficial con capacidad para hacerlo, y en base a esa declaración pagan las regalías a los estados provinciales.

Las ventajas continúan. No sólo no tributan ningún tipo de arancel a la exportación (popularmente conocidas como retenciones) sino que si las colocaciones externas son realizadas en puertos patagónicos obtienen un reembolso del 5 por ciento. No están obligadas a abastecer al mercado interno ni a procesar el material para su exportación; se trata de una producción netamente primaria.

Al no estar obligadas a realizar ninguna tarea adicional a la necesaria para la explotación de los yacimientos, el día que los minerales del subsuelo argentino se agoten (aún falta tiempo, por cierto), las empresas van a abandonar el país sin haber hecho ningún aporte a la región donde operaron (amén de las denuncias por delitos ambientales en su contra). Y con los bolsillos abarrotados de dólares.

Los nombres de los responsables de este despojo son conocidos; quien quiera saberlo, sólo diríjase a la Secretaría de Minería de la Nación (www.mineria.gov.ar), donde figuran quiénes votaron estas leyes infames.

Cuesta entender por qué este sector tienen tantos y tan descarados privilegios. No sabemos cuánto es el costo fiscal (lo que el Estado deja de percibir) por la desgravación minera, pero se estima que si se aplicase el mismo esquema que a los cereales y oleaginosas se recaudarían unos 6.400 millones de dólares anuales. Y cuesta entender cómo algunos propagandistas juran y perjuran que Argentina no hace lo necesario para atraer inversiones. Porque con negocios como el minero, cualquiera es empresario.