La consulta popular para la reforma petrolera

Que el fraude electoral jamás se olvide

Gerardo Fernández Casanova

Conforme a lo pactado entre las fuerzas políticas, el Senado de la República ha venido realizando el debate nacional sobre las reformas legislativas en materia petrolera propuestas por Calderón. Personajes altamente calificados han venido exponiendo sus opiniones al respecto, abordando diversos aspectos de la problemática y formulando juicios específicos con relación a las referidas iniciativas. Desde la óptica de quien esto escribe, las argumentaciones de quienes se inscriben del lado del proyecto nacional han demolido las de quienes lo hacen del lado de la globalización.

Se ha demostrado su carácter anticonstitucional; se ha dejado en claro que se trata de un proyecto privatizador; se ha comprobado la inconveniencia y la inutilidad de las reformas propuestas. Estoy seguro de que, si de la óptica de un panista se tratara, la opinión sería exactamente al revés. Los senadores y diputados que atienden al debate y formulan preguntas a los expositores están muy claros de sus respectivas posiciones partidistas, las que difícilmente se verán modificadas por lo argumentado por los expositores, incluso se da el caso de que los panistas han optado por el antidebate, descalificando a los expositores antagónicos. Indudablemente el hecho mismo de que el asunto se esté discutiendo de manera pública constituye un enorme logro, dada la certeza de que se pretendió dar trámite rápido a las iniciativas por el contubernio entre los líderes de las bancadas del PAN y del PRI, no sólo en términos de dar tiempo al proceso, sino por colocar el tema en el centro de la atención social. La toma de las respectivas tribunas por los legisladores del Frente Amplio Progresista y la presencia de las brigadas en las calles aledañas, pudieron desbaratar el intento.

El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo marca el paso siguiente con la exigencia de someter la cuestión a una consulta popular, de manera que sea la gente quien decida. El jurista y constitucionalista Juventino Castro considera que la exigencia tiene soporte constitucional (Art. 26) aunque no existe la normatividad ni el instrumento específico para llevarla a cabo. Lo cierto es que la instancia de consultar a la población es obligada por la importancia y la trascendencia del asunto, que no puede quedar al simple juego de una mayoría de votos en las Cámaras de Diputados y de Senadores, más aún cuando ninguno de ellos incluyó en su plataforma electoral la privatización de la actividad petrolera, en tanto que muchos enarbolaron la no privatización. Esto quiere decir que no hay mandato del pueblo en el sentido propuesto por las iniciativas de Calderón, lo que debería subsanarse mediante la consulta con carácter vinculante o, en último término, trasladarlo a las elecciones legislativas del 2009 en las que el IFE exija que, en las respectivas plataformas electorales, se haga declaración expresa sobre el particular para ser sometida al escrutinio público. Lo que se está jugando no es cualquier cosa, es la viabilidad de México como nación independiente y soberana. Es, tal vez, la última oportunidad para aspirar a un futuro de progreso, bienestar y justicia. No es un capricho ni una veleidad política que pueda quedar en manos de 620 legisladores, no necesariamente honestos, humanamente susceptibles de ser tentados a vender su voto y resolver, de por vida, su condición económica. Hay que recordar la magnitud del negocio que se discute.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, ya tomó la iniciativa para que en la Ciudad de México se celebre la consulta el 27 de julio próximo, con intervención del Instituto Electoral del DF. Desde luego que se da por descontado que los privatizadores descalifiquen el ejercicio. No importa. El hecho incontrovertible es que los habitantes de la capital del país van a expresarse y, con toda seguridad, lo harán en rechazo al intento privatizador. A nadie va a obligar el resultado, pero será el antecedente que refuerce la legitimidad de las acciones de la resistencia civil pacífica. Es posible que otros estados hagan lo propio, principalmente los gobernados por el PRD, con lo que el movimiento resultaría imparable.

Calderón se metió en un verdadero berenjenal. Lamentablemente es un terco autoritario que prefiere incendiar el campo antes que entregarlo y nos va a llevar a una crisis que puede ser definitoria. En la medida de su terquedad tendrá la respuesta de la movilización pacífica. El verse obligado a retirar las iniciativas o exponerse al rechazo en las cámaras como producto de la presión social, haría insostenible su gobierno espurio, incluso para sus patrocinadores.

Por cierto, Cuauhtémoc Cárdenas declaró que Andrés Manuel es sólo una parte del conjunto de fuerzas que defienden el petróleo como patrimonio de los mexicanos, y tiene razón. Lo que le faltó considerar es el hecho de que el único que ha dado la lucha para evitar la privatización y los albazos legislativos ha sido Andrés Manuel, aún a costa de su capital político. Sin su liderazgo, hoy estaríamos lamentándonos y mentándosela, igual que en 1988, por la pérdida del patrimonio nacional.