Petróleo, ¿asunto de técnicos o de ciudadanos?

Ricardo Monreal Avila

En el Porfiriato se excluyó cualquier participación de los ciudadanos en decisiones políticas que fueran más allá de cuestiones electorales. El argumento central era, “el Pueblo no está preparado para la democracia. Los temas de gobierno son cuestiones técnicas y solo pueden ser abordados por técnicos”.

Al amparo de esta teoría se prohijó una vertiente de la clase política de entonces, conocida popularmente con el nombre de “científicos”, que son el antecedente inmediato de los actuales “tecnócratas”. Por “tecnócrata” se entiende a la “persona especializada en alguna materia de economía, administración, etc., que ejerce su cargo público con tendencia a hallar soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas” (Diccionario de la Real Academia). Los ciudadanos son buenos y necesarios el día de la elección de las autoridades, pero el ejercicio de gobierno es otra cosa, es un asunto de especialistas, técnicos y científicos. Aquí nada tiene que hacer o decidir el pueblo.
PEMEX y la Secretaría de Energía han descartado la posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma energética con argumentos idénticos a los utilizados por “los científicos” en el Porfiriato. Es un asunto técnico, donde poco o nada tiene que aportar la ciudadanía. Es decir, el petróleo sí es de los mexicanos, pero no pueden decidir sobre su destino, explotación y utilización. El pueblo es poseedor de una riqueza natural de la que no puede disponer libremente por ser menor de edad; para ello tiene un albacea que es el gobierno y PEMEX.

La negativa del gobierno a realizar una consulta ciudadana sobre la reforma energética, es decir, a someterla a un referéndum para su aceptación o rechazo, desnuda la verdadera naturaleza del gobierno y su proyecto de reforma. Confirma que la iniciativa de Felipe Calderón carece de respaldo ciudadano mayoritario (de otra forma, hubieran aceptado la consulta a ojos cerrados). Reafirma que la campaña publicitaria oficial para convencer a los ciudadanos de las “bondades” y “beneficios” de la misma no surtió los efectos esperados. Ratifica que todo aquello que implique ejercitar en el país la democracia participativa directa (consulta ciudadana, referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación de mandato) pone en jaque al gobierno. Los “científicos” de Porfirio Díaz tenían desprecio por el pueblo. Los “tecnócratas” de hoy tienen miedo a la ciudadanía. “Para eso tienen a sus representantes populares en el Congreso, ¿qué sentido tiene que vuelven a votar?”. Desde este punto de vista conservador y obtuso, bastaría con que el Congreso aprobara la reforma para hacerse realidad.

La pregunta elemental es, ¿y después del Congreso qué sigue? En condiciones democráticas de avanzada, dispondríamos de dos instancias: un tribunal constitucional que dictaminara si los legisladores se apegaron a la Constitución o se excedieron en sus facultades; un referéndum o consulta ciudadana que ratificara o rechazara lo aprobado por el poder legislativo.

Disponemos de ambos mecanismos, pero en condiciones inacabadas o a medias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 1994, conoce de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de ordenamientos y disposiciones de los tres órdenes de gobierno. Un “boom” de controversias se ha registrado desde entonces, dando lugar a plantear la necesidad de que la SCJN actúe exclusivamente como tribunal constitucional o, por lo menos, crear una sala especializada en estos temas.

En relación al referéndum, la figura está formalmente reconocida en nuestra Constitución, pero realmente está proscrita de nuestra vida pública al carecer de una ley reglamentaria. Sólo algunas entidades federativas la tienen formal y materialmente contemplada como mecanismo de participación ciudadana, como es el caso del D.F., Coahuila y 15 Estados más.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece ser la siguiente estación de la llamada reforma energética, una vez que una mayoría legislativa conformada por el PAN, un sector del PRI y otros partidos aprueben una especie de “reforma de la reforma energética” de Felipe Calderón. Es decir, una versión corregida de la iniciativa original.

¿Qué se puede esperar de la SCJN en este eventual escenario? Los dos foros del Senado destinados a analizar la constitucionalidad de la iniciativa perfilaron la polarización de opiniones que seguramente se dará en el máximo tribunal del país. De 14 juristas, investigadores y abogados participantes, siete exhibieron la naturaleza inconstitucional de la iniciativa, seis abogaron a su favor y uno se abstuvo de abordar el tema. Sin embargo, a diferencia de la votación que se puede predecir desde ahora en el poder legislativo, la Corte ha actuado de manera impredecible en casos relevantes.

Ha respondido como un tribunal fundacional y de contrapeso en casos como los militares con SIDA, la despenalización del aborto en el D.F. y la Ley de Medios. Pero también ha convalidado abusos de poder y atracos a garantías individuales como los casos de Lydia Cacho versus Mario Marín, Oaxaca y el anatocismo financiero. En asuntos de interés netamente ciudadanos, la SCJN actúa de manera innovadora. En asuntos de poder y dinero, responde de manera conservadora. Y el tema del petróleo es un asunto de poder y de muchísimo dinero.

La otra opción válida, aunque inacabada, sería el referéndum o la consulta ciudadana. Es la salida planteada por el ex ministro Juventino Castro y Castro y por el jefe de gobierno del D.F., Marcelo Ebrard.

Si hubiera referéndum, el siguiente paso después del Congreso sería convocar a los ciudadanos a las urnas para que refrenden o rechacen la reforma energética, debiendo acatar el Poder Legislativo y Ejecutivo ese resultado. Validar si la mayoría legislativa integrada en las cámaras se corresponde plenamente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos.

La reforma energética, tal como lo pretenden aprobar el PAN y el PRI, impactará el futuro económico y social del país. Es un asunto de interés nacional como para dejarlo en manos exclusivas de 500 diputados federales, 128 senadores y 11 ministros de la Suprema Corte. Que la mayoría de los mexicanos, no una élite, decidan el futuro de la reforma energética.

El destino del petróleo mexicano no es una cuestión exclusiva de técnicos. Es un tema prioritario para el futuro de los ciudadanos y habitantes de este país.