La defensa de la nación y de su petróleo

Magdalena Gómez

El pasado domingo se realizó otra asamblea informativa del movimiento en Defensa del Petróleo que tuvo lugar en el Zócalo de la ciudad de México. Con una amplísima composición nacional, que contrastaba con otras reuniones en las que había predominado el Distrito Federal, se dio cuenta puntual de los avances políticos y organizativos de este movimiento.

La sucesión de oradores de las diversas fuerzas políticas que integran el Frente Amplio Progresista expresó la ratificación del pacto político de unidad en ese movimiento y en su demanda central, lo cual es de valorarse dada la problemática interna que ha vivido en especial el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante la asamblea se pudo sortear la ya frecuente provocación con las campanas de catedral. Esta vez había una suerte de alerta colectiva y se atendió a la sugerencia del orador en ese momento de esperar a que terminaran su llamado a misa para reanudar el discurso.

La intervención de Andrés Manuel López Obrador fue precedida de la voz unánime y colectiva para reivindicarlo como presidente legítimo. El líder tabasqueño orientó su discurso a ofrecer, primero, una especie de recuento de los casi dos años de que se consumara el fraude electoral, mismo que se centró en los principales saldos del gobierno calderonista: aumento de precios a productos básicos, afectación a los productores nacionales del campo, política de “mano dura”, de la cual López Obrador hizo una crítica, cuestionando la apuesta de más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, apuntando, en contraste, la propuesta de combate a la desigualdad social y a la corrupción.

Llamó la atención el cuidado con el que se enfatizó la muy amplia composición de la oposición a la privatización del petróleo, señalando en dos ocasiones a los ciudadanos que se expresan de manera independiente y reconociendo el mérito de la iniciativa desplegada desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta vez no se dirigió a aquellos medios que cuestionan severamente al movimiento y en particular su liderazgo; al contrario, dio muestras implícitas de combatir la acusación de que “él es el movimiento”.

Por otra parte, tras ofrecer de nueva cuenta las razones por las que el movimiento se opone a la privatización del petróleo y reiterar el carácter pacífico de la resistencia, dio cuenta de un capítulo de solidaridad política que evidencia su constante paso por las entidades del país, sus municipios, sus poblados y la apertura de relaciones con otros movimientos sociales, si bien parece aún lejano un pacto de unidad nacional con el conjunto de fuerzas que no transitan por las vías electorales.

Muy significativo fue escucharle decir: “También nos solidarizamos con los pueblos indígenas de Chiapas, ante los actos de provocación que se han venido suscitando en los últimos tiempos. Es muy irresponsable que el gobierno usurpador esté hostigando a comunidades que han optado por organizarse y defender, pacíficamente, sus legítimos derechos”, para luego seguir con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia a cerca de dos millones de amparos que interpusieron los trabajadores al servicio del Estado, incluidos los maestros, contra la reforma a la Ley del ISSSTE, la exigencia de libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, el castigo a los funcionarios responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.

Y siguió: “Nos solidarizamos con los ciudadanos que en todo el país defienden los bosques, el agua y el medio ambiente. Expresamos nuestro apoyo a quienes se oponen a la destrucción del cerro de San Pedro, símbolo del estado de San Luis Potosí, por la acción depredadora de una empresa minera canadiense. De manera especial denunciamos al gobierno federal y al del estado de Hidalgo, porque han autorizado a una empresa española, modificando normas y creando nuevos reglamentos, la construcción de un basurero de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán”.

Todas estas expresiones son importantes e indicativas de que se reconoce que en el país los cauces del movimiento social son muy amplios y no se les puede ignorar o aplicar el criterio de que unas causas son más importantes que otras.

En la asamblea informativa quedó claro el sentido de la Consulta que se realizará en varias etapas. Por fortuna se colocó el énfasis central en que por conducto de ella se reflejará la voluntad popular y que los legisladores deberán considerarla, superando con ello los debates “jurídicos” de semanas atrás en torno a si este ejercicio democrático es legal o no.

La consulta es legal e incluso constitucional; lo que nos hace falta, y no debemos olvidarlo, es que sea vinculante, que obligue jurídicamente al Congreso de la Unión, porque políticamente el movimiento está preparado para hacer valer su voluntad. El no a la privatización del petróleo tiene fuerza y defender a la nación tiene sentido.