El Justo Reclamo

Ya están en Chiapas

Narco. Desplazamiento al sur

Isaín Mandujano

Ajeno a las cruentas batallas entre militares, policías y narcotraficantes, el estado de Chiapas empieza a vivir lo que las autoridades de la entidad denominan “el efecto cucaracha”. La “guerra” contra el narco que libra Calderón en el norte del país está ocasionando que muchos integrantes de los cárteles de la droga se refugien en la entidad y continúen con sus negocios y sus prácticas: enfrentamientos, levantones, secuestros y amenazas que tienen atemorizada a la población y desconcertada a la policía local…

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Aunque Chiapas parecía estar al margen de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, ahora la plaza se calienta. En las últimas semanas, la llamada puerta de entrada del sur de México se ha visto sacudida por irrupciones armadas, enfrentamientos, “levantones”, secuestros, ejecuciones y amenazas provenientes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, que tienen células en la entidad y controlan el trasiego de drogas desde Guatemala. Las autoridades chiapanecas, que apenas empiezan a incorporarse a la intensa “guerra” que comenzó hace ya 16 meses, se muestran desconcertadas, e inclusive el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, dijo que ante los embates de este tipo de delincuentes los elementos policiacos se sienten “primerizos”. No es para menos. En apenas 20 días se han producido dos enfrentamientos a tiros, uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Villaflores; se han asegurado poco más de dos toneladas de cocaína; han sido capturados alrededor de 20 sicarios –dos más murieron– y otro fue detenido por militares, con 1 millón de dólares.El viernes 23 de mayo por la noche, cuando regresaban a Tuxtla procedentes del municipio de Motozintla, varios ingenieros civiles adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Vivienda fueron perseguidos por un comando armado que los baleó.Tres de ellos, Pedro Altamirano Santos, de Tuxtla Gutiérrez; Francisco Javier Vázquez Archila, de Pijijiapan, y Uvel Simuta Méndez, de Benito Juárez, saltaron a los matorrales, pero Raúl Bautista Jiménez y Miguel Ángel Macías Vázquez, conductor y copiloto, fueron levantados cuando la camioneta cayó a un barranco. Hasta la fecha siguen desaparecidos.En la misma zona, la noche del sábado 31 de mayo, Aurelio Robles Bustamante, un michoacano radicado desde hace varios años en el ejido Revolución de Frontera Comalapa, donde es conocido por dedicarse a la agricultura y crianza de cerdos, fue detenido en su jeep con poco más de 1 millón de dólares en un costal. Dijo a los militares que la carga la llevaba procedente de Guatemala a la ciudad de Comitán. En menos de 72 horas, Robles Bustamente ya estaba en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, sometido a la averiguación AP PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/108/2008, por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El sábado 7 de junio se produjo un enfrentamiento a tiros entre sicarios con miembros de la Policía Estatal Preventiva (PEP). El saldo: cuatro detenidos, uno de los cuales, Luis Antonio Rodríguez, originario de Jaltipan, Veracruz, fue herido de bala.Los cuatro sicarios, quienes usaron AK-47, R-15 y granadas de fragmentación para enfrentar a los policías estatales, viajaban en una Yukon con placas de Tamaulipas y, al parecer, protegieron la fuga del jefe del comando, que iba adelante de ellos en un Mustang. Más tarde fueron decomisados una camioneta y el Mustang en el hotel Camino Real, donde, se dijo, tenían varios días hospedados los miembros del grupo armado.Al siguiente día, el 8 de junio, en el aeropuerto Ángel Albino Corzo bajaron de un vuelo comercial a cinco personas originarias del norte del país. Según el titular del Ministerio de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, iban de regreso a la Ciudad de México después de haber arribado el sábado 7 de junio por la tarde. Al parecer, el grupo está ligado a la banda de sicarios que se había enfrentado a tiros con los uniformados locales, quienes tuvieron dos heridos entre sus filas.Tras ocho días de silencio y especulación, por fin el responsable de la procuración de justicia en Chiapas, Rodríguez Lozano, reveló que dicho comando armado pertenece a una célula del cártel del Golfo liderada desde Palenque por Elías Nieto Menéndez, alias El Maya.Aunque no se confirmó si El Maya participó en el enfrentamiento en Tuxtla, se sabe que su hermano, Tomás Nieto Menéndez, sí estuvo allí y disparó contra un agente de tránsito y vialidad que intentó intervenir cuando protagonizaban una riña callejera que desembocó en la persecución.El sábado 21 por la mañana, en pleno centro de la ciudad, tres jóvenes que viajaban en una camioneta Suburban amenazaron con una granada de fragmentación a un agente de tránsito y vialidad que pretendió marcarles el alto.La persecución duró poco y se pudo detener a José Manuel Pez Contreras, alias El Pachi, de Monterrey; a Josué Terrones Ayala, El Tizoc, de Álamos, Veracruz, y a Gabriel Martínez Juárez, El Junior, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Al ser interrogados, dijeron ser miembros de una célula del cártel del Golfo, revelaron nombres de otros miembros y direcciones de casas de seguridad que tenían en esta capital.Fue así como se detuvo a otras cuatro personas: Daniel Oliva Feliz, de Zacatecas; José Pérez González, de Salamanca, Guanajuato; Santiago Camacho Zenteno, de Palenque, y Jennifer Lizeth Cabrera Martínez, originaria de Tapachula. Se catearon tres casas de seguridad entre el sábado 21 y el lunes 23. En una de ellas recibieron un fuerte golpe quienes dijeron ser del cártel del Golfo. Se les decomisaron mil 824 ladrillos de cocaína que, al ser pesados, representaron más de dos toneladas de droga.Un detalle: si bien dijeron pertenecer al cártel del Golfo, los ladrillos estaban empaquetados y etiquetados con el sello del “Cártel de Sinaloa” sobre un fondo blanco con el mapa en color rojo de esta entidad. Además, los ladrillos se hallaban en unas 14 bolsas de campaña tipo militar color verde olivo que tenían inscrito, con marcador negro, el nombre de “Mayo Zambada”.El sábado 21, mientras en Tuxtla la policía perseguía a los tres jóvenes de la Suburban, a 90 kilómetros al sur de la capital, en pleno centro de la ciudad de Villaflores, a bordo de una Durango color gris con placas de Tabasco y una camioneta Honda CRV color blanco con placas de Chiapas un grupo de hombres armados irrumpió en la base del sector policiaco. Ostentando un lanzagranadas, un AK-47, un R-15 y granadas de fragmentación, el líder del grupo hizo su presentación: “Soy el comandante Pillo, somos del cártel del Golfo, queremos hablar con el comandante responsable de la corporación”.Como no se encontraba el jefe policiaco, esperaron media hora, y al observar que llegaban más policías, amenazaron con lanzar las granadas si alguien se atrevía a disparar.Cuatro días después, tras una denuncia telefónica, ese mismo comando armado fue cercado en una casa de seguridad en pleno macizo urbano de Villaflores. Tras 16 horas de cerco policiaco, se registró un enfrentamiento que dejó dos sicarios muertos, uno más herido y otro ileso, que se entregó a los uniformados.Uriel Valencia Valencia, de 30 años y originario de Michoacán, se entregó a los policías, que los superaban en número aunque no en capacidad de fuego, pues los delincuentes tenían lanzagranadas, pistolas .9 milímetros, AK-47, R-15 y granadas de fragmentación.Herido, Luis Rodríguez Quezada, originario de Michoacán, decidió entregarse, pero en el interior de la casa quedaron los cuerpos tendidos de Cirilo Salazar y Guadalupe Silva Rodríguez, ambos de Tamaulipas. Así mismo, en los últimos días se han registrado ejecuciones en el municipio de Benemérito de Las Américas, y levantones y secuestros en Cacahoatán, Comitán y Tapachula.
Las protestas
Ante la inseguridad, en Punta Arena, municipio de Playas Catazajá, las autoridades ejidales enviaron una comisión a Tuxtla para entregar una carta dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Daniel Roque Figueroa.Allí exponen su reclamo por la inseguridad que prevalece en la región, donde han sido vejados, secuestrados, extorsionados, amenazados o asaltados.Lucio Montes, un campesino que entregó dicha misiva en Tuxtla, dice en entrevista que a los productores agrícolas les roban la raya de los trabajadores y que a los ganaderos los amenazan con secuestrarlos si no entregan dinero. Señala que los delincuentes proceden de Tabasco y que mantienen bajo su control un vasto territorio atemorizando a varias comunidades, y precisa: “El nombre que te di realmente no es el mío. Si te doy el verdadero, capaz y llegan a levantarme y me desaparecen, ¿y quién me defenderá? Por eso venimos a pedir ayuda. Ya estamos hartos. Vivimos bajo el temor permanente. Nadie quiere hacer la denuncia. Por eso nosotros nos atrevimos. Ojalá no suframos represalias. Ponle ahí que los de Punta Arena decidimos romper el silencio”, declara a Proceso. Agrega que las comunidades de Paraíso, Loma Bonita y muchas más de la zona limítrofe entre Chiapas y Tabasco viven también bajo la zozobra, y expresa: “Queremos que vayan el Ejército, los Afis, los policías ministeriales, la policía estatal, pero bien armados todos, porque los policías municipales del alcalde panista Laureano Pro Pimentel nomás andan con toletes. “Pero –continúa– que no sólo se queden en los cruceros, donde demandamos que estén de forma permanente, sino que patrullen los caminos de terracería, que busquen: ahí andan. Se les puede identificar: viajan en camionetas de lujo, con cristales polarizados, sin placas o con placas de otros estados. Andan bien armados.”Explica que esos grupos armados desde hace varios años mantienen sometidos a los ganaderos y productores, que les pagan cuotas para poder trabajar.Tras el reclamo, las autoridades ejidales de Punta Arena se reunieron el miércoles 18 con las autoridades locales y federales, a quienes les expusieron el escenario en que viven.Estuvieron, cuenta el denunciante, el delegado de gobierno en Palenque, Gabriel Robles; un comandante de la AFI que se identificó como Clemente y otros funcionarios policiacos locales, quienes prometieron dar respuesta expedita.Según el titular del Ministerio de Justicia, al estado de Chiapas está llegando el “efecto cucaracha” del norte del país, pues al apretarse las medidas de seguridad en dicha región, los delincuentes migran hacia el sur, “donde creen que podrán actuar con impunidad.“Pero que lo sepan –continuó–: les advertimos que mejor se vayan a otro estado. Acá se encontrarán con la fuerza de la ley.”Sin embargo, el tijuanense Rodríguez Lozano dice no estar empapado en el tema de la delincuencia organizada. “Esta es la primera vez que soy ministro de Justicia, yo soy político”, advirtió cuando se le interrogó sobre la identidad de los cárteles de la droga en Chiapas.De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Daniel Roque Figueroa, hay miles de elementos y capacidad de fuego para hacer frente al crimen organizado. El 20 de abril de 2006, el entonces procurador General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, manifestó que en Chiapas no se tenía detectado “ningún cártel”, que sólo había “pequeñas células” que pretendían apoderarse de las plazas para controlar el narcomenudeo.Presente en esa conferencia, el exzar antidrogas de México, Mariano Herrán Salvatti, dijo que en Chiapas no había grupos de delincuencia organizada y que todo estaba bajo control de las fuerzas del orden.Hoy Roque Figueroa insiste en que en Chiapas “no hay cárteles de la droga”, aunque en las principales ciudades del estado hay retenes y patrullajes policiacos y militares.