El Justo Reclamo

Una tragedia anunciada

Emilio Álvarez Icaza

Gloria Leticia Díaz Y Raúl Monge

Para el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, la delincuencia no se puede combatir con más represión, como lo están haciendo las autoridades de la Ciudad de México. En entrevista con este semanario, sostiene que ya había advertido tanto al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, como al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, y al procurador Rodolfo Félix sobre los riesgos de que su modelo para combatir la delincuencia se les revirtiera. Y el fallido operativo de Unipol a la discoteca New’s Divine confirmó esa sospecha. Ahora, Álvarez Icaza prepara su informe sobre el caso e insiste en que la tragedia pudo evitarse.En la tragedia del New’s Divine, la actuación de las policías Judicial y Preventiva se ciñó a un “patrón generalizado” de las corporaciones policiacas en la Ciudad de México y responde a una política de “violencia institucionalizada contra los jóvenes”, así como a una “criminalización de la pobreza”, sostiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.Para el ombudsman capitalino, los abusos cometidos en el operativo del sistema de mando único Unipol contra los adolescentes que se encontraban en esa discoteca son la expresión extrema de otros casos similares documentados por el organismo.Álvarez Icaza coordina el informe de los hechos ocurridos el viernes 20, en los que murieron 12 personas, y que será fundamental para que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, decida sobre el futuro del secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas.En entrevista, Álvarez Icaza sostiene que la tragedia era previsible; lo peor, enfatiza, es que Ebrard, Ortega Cuevas y el procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, ya habían sido advertidos por la comisión.“Hay elementos con toda certeza para suponer violencia institucional hacia los jóvenes, es un problema que hemos venido denunciando: se coloca a los jóvenes en situación de predelincuencia. Para las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, los jóvenes son presuntos responsables, culpables o delincuentes”, puntualiza.Esta situación se agrava cuando se trata de adolescentes en situación de pobreza: “Para la autoridad este tipo de muchachos son culpables y la autoridad los trata así. Es absolutamente vejatorio. Basta ver su actuación en las zonas de altos ingresos y en las de bajos ingresos. El contraste en los operativos no puede ser mayor”, insiste el ombudsman capitalino.El mismo viernes 20, según información de la SSP, se llevaron a cabo otros seis operativos en discotecas, sin que se hayan reportado incidentes.En lo que va del año, la SSP ha realizado 69 operativos en discotecas, 56 de éstos en la delegación Cuauhtémoc, en tanto que la PGJDF ha ejecutado 128 en los últimos 15 meses. En todos los casos, jóvenes y trabajadores de los centros nocturnos y discotecas han sido remitidos al Ministerio Público.Todos los arrestados han corrido con la misma suerte. El 6 de octubre de 2007, según reportes periodísticos, 160 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), encapuchados y con armas largas, irrumpieron en la discoteca Bandaza, ubicada en Bosques de Las Lomas.El resultado de ese operativo: 80 detenidos, 25 de los cuales eran menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres en la Agencia 50; de los 55 restantes, 37 empleados fueron obligados a posar ante los medios de comunicación como si fueran delincuentes.Dice Álvarez Icaza: “Hemos tenido denuncias tras actuaciones en los bares de la Zona Rosa, en algunos billares de la Gustavo A. Madero y en centros nocturnos de otras delegaciones, y lo que se detecta son similitudes en la forma de actuar de las corporaciones policiacas”.Pero hay un ensañamiento contra la gente pobre, reitera, y así se ha documentado en casos en que las víctimas de los abusos son valets parking y meseros en colonias como Polanco. “La policía no tiene límite, les roban el sueldo del día, sus pertenencias y hasta la comida, luego los trasladan al Juzgado Cívico”.El viernes 20, relata Álvarez Icaza, los visitadores de la CDHDF acudieron a las instalaciones de la discoteca New’s Divine tras enterarse de la tragedia en los noticiarios. Las autoridades, dice, nunca les avisaron. Por la noche, en la Agencia 50 y en los hospitales de Xoco, Balbuena y La Villa los visitadores recabaron los testimonios de unos 100 jóvenes y de sus familiares. Para el domingo 22 el organismo ya tenía información de que en el operativo policiaco hubo “una dinámica de contención”.Así mismo, recibieron quejas de jóvenes que fueron desvestidas y fotografiadas “como si fueran criminales”, asegura Álvarez Icaza. E insiste: “Nuestros visitadores vieron las marcas a los muchachos”.
La PGJDF, corresponsable
Algunos de los jóvenes agredidos expusieron a los visitadores que durante el traslado a la delegación fueron golpeados, insultados e intimidados; a varios de ellos les robaron incluso sus pertenencias, les tomaron fotografías y los grabaron.“Los policías les piden que tengan la cabeza baja y si la levantan les dan un zape. Hay muchachas que refieren que los policías las obligan a formar una fila india y los policías les pegan con toletes, ¡a las muchachitas, a las niñas!”, afirma Álvarez Icaza.Además, agrega, los visitadores obtuvieron videos en los que se observa que algunos policías portaban armas largas. Y precisa que “hay testimonios de niños y niñas que refieren que al interior de los camiones los policías iban armados”.Señala que se violaron todos los estándares y protocolos en materia tutelar de los derechos de niños y niñas, y considera grave que la PGJDF no haya dispuesto de personal especializado. “No hay que olvidar que se trató de un operativo Unipol; la procuraduría también tiene su responsabilidad, y no se entiende por qué no llevó a personal de la Fiscalía de Menores o de la Dirección Especial para Atender a Víctimas de Delito”.La colonia Nueva Atzacoalco, donde se ubica el New’s Divine, tiene altos índices delictivos y de “conflictividad social”, pues en las inmediaciones proliferan muchas bandas juveniles”, dice Álvarez Icaza. De hecho, el lunes 23 la SSP capitalina presentó un informe en el que destaca que en el período comprendido entre enero de 2005 y junio de 2008 fueron aprehendidas 121 personas por diversos delitos, entre lo que destacan el asalto a transeúntes (44), el robo a negocio con violencia (20) y posesión de droga (10).A su vez, un informe realizado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social sostiene que al cierre de 2007 en las cárceles de la Ciudad de México había 34 mil 627 reos, de los cuales 74.66 % son hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, la mayoría de origen humilde.En concordancia con ese documento, Álvarez Icaza recuerda que en octubre de 2001, cuando fue nombrado ombudsman, había 16 mil personas en los reclusorios capitalinos; ahora son 36 mil; más del doble. “El grupo esencialmente es de jóvenes pobres recluidos por robo cuyo monto es menor de los 3 mil pesos. Hay una concepción de que a partir del derecho penal van a resolverse problemas de diferencia o de debilidades estructurales en la ciudad”, dice.
–¿Eso es criminalizar la pobreza?
–Le he dicho al secretario (Joel Ortega) y se lo he dicho al jefe de gobierno (Marcelo Ebrard) que no estoy de acuerdo (con sus hipótesis), pero entendiendo su modelo, les he dicho que van a ser víctimas de su éxito, les he dicho que los índices de delincuencia, en su propia lógica, van subir; eso ya está ocurriendo. Ellos hablan de la reincidencia y quieren responder con más represión. Así no se puede.Lo grave es que a la par que crece el índice delincuencial, lo han hecho los abusos policiacos. En 2005, de las ocho recomendaciones emitidas por la CDHDF, tres se dirigieron a la SSP y una a la PGJDF; en 2006 fueron 17 las recomendaciones, dos dirigidas a la SSP y tres para la PGJDF; en 2007 seis fueron para la SSP –entre éstas una por tortura “infligida a un menor de edad”– y nueve para la PGJDF. En lo que va de 2008, el organismo ha emitido 10 recomendaciones, dos para el procurador capitalino, Félix Cárdenas, y una para el titular de la SSP, Joel Ortega, todas ellas relacionadas con violaciones a derechos humanos de niños y adolescentes.Álvarez Icaza dice que a pesar de lo grave de los abusos, lo que ocurre en el Distrito Federal forma parte de una política nacional de seguridad pública y administración de justicia en la que “no se ponen controles a la actuación de las policías y se manda un discurso de que todo se vale para combatir el delito”.
Las pifias del Unipol
La última estrategia del gobierno de Marcelo Ebrard para intentar disminuir los índices delictivos en la Ciudad de México fue la creación del Sistema de Coordinación Policial (Unipol), el 19 de mayo pasado. El sistema consiste en operativos integrados por agentes de la PGJDF y de la SSP.En el informe ejecutivo de Unipol que abarca el período del 19 de mayo al 20 de junio, se asegura que hubo una disminución de 14% en la incidencia delictiva. En ese lapso se puso a disposición del Ministerio Público a 429 personas, 110 con antecedentes de ingreso a algún centro penitenciario.
La CDHDF, por su parte, recibió en ese mismo período dos denuncias de violaciones a derechos humanos derivados de los operativos, sin contar las reportadas en los hechos ocurridos en la delegación Gustavo A. Madero el 20 de junio en la discoteca New’s Divine.En esta ocasión, Ebrard le pidió a Emilio Álvarez Icaza “investigar la investigación” de la procuraduría; es decir “investigar en paralelo” las actuaciones de Rodolfo Félix Cárdenas.
Álvarez Icaza tiene una explicación: entre Rodolfo Félix Cárdenas y Joel Ortega la confrontación “ha ido en ascenso y la institución que da certeza es la comisión, y por tanto a nuestra investigación”.
–¿La consignación de Guillermo Zayas, funcionario de la SSP, por el homicidio de las 12 personas está en este contexto de confrontación? –se le pregunta a Álvarez Icaza.
–Hay un reclamo al procurador por los términos que está usando, así como una preocupación de que la procuraduría es juez y parte.En el informe que rindió Rodolfo Félix ante las comisiones unidas de Seguridad Pública, Administración y Justicia de la Asamblea Legislativa, declaró que, en términos llanos, Zayas “mató” a los nueve jóvenes y tres policías en el operativo del viernes 20, pues no contaba con elementos para sancionar a funcionarios de su dependencia, incluso tratándose de abusos cometidos dentro de las instalaciones de la Agencia 50 del Ministerio Público. El procurador habló de siete investigaciones abiertas por vejaciones a jovencitas.Sobre este aspecto comenta Álvarez Icaza: “También me parece que las reglas mínimas del debido proceso suponen no sólo garantías mínimas para todos y no que se tengan culpables prefabricados. Cuando dicen de antemano que hay culpables, entonces la decisión es política, no es una decisión de una investigación en derechos humanos o judicial”.Destaca que la CDHDF recibió la queja de Guillermo Zayas, quien el viernes 27 ingresó al Reclusorio Oriente. “Mandamos medidas cautelares para que se le proteja: Él era subprocurador y muy probablemente mucha de la gente que está en el reclusorio está ahí gracias a su trabajo, la vida de ese hombre está en serio riesgo”.Para el ombudsman, es de gran preocupación el rompimiento del tejido social y la desconfianza de las autoridades, sobre todo en los jóvenes.“De los testimonios de los muchachos se advierte que había un temor fundado en la desconfianza; hoy hay un término de relación fundado en la desconfianza y el agravio. Estas cosas dinamitan la confianza de las instituciones.”Y narra una anécdota: “Un papá nos contaba que escuchó a un niñito de cinco años entonar una retahíla: ‘los policías los mataron’, después lo intentó callar su mamá, y al rato otra vez el pequeño entonó: ‘los policías mataron a los niños’”.Álvarez Icaza destaca que del trabajo de la comisión saldrán tres instrumentos jurídicos: “un informe especial que dé cuenta, en la convicción de la comisión, de lo que pasó; una recomendación del caso y una propuesta general, a partir de siete recomendaciones que ya se habían emitido, que deben servir para modificar prácticas administrativas operativas y en su caso legislativas para que no se vuelva a repetir”.Puntualiza que el fondo del problema es estructural: “Yo creo que seguimos pagando el costo y la herencia de culturas muy autoritarias en las fuerzas de seguridad pública, también porque no acabamos de entender las distintas esferas de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Tenemos derecho a vivir sin miedo, sí, sin miedo de delincuentes pero también sin miedo de malos servidores públicos.“Yo espero que este hecho sea un hasta aquí definitivo en términos de que las policías abusen de los jóvenes y que sea un punto de quiebre y punto de cambio en relación a los jóvenes de la ciudad”, concluye.