¿Con qué carácter moral?

Ricardo Andrade Jardí

Mientras el usurpador era tratado por la telecracia, como el pelele que es, y se le interrumpía, sin empacho, por los concesionarios, que parecen los dueños del bien público, para seguir con su basuraprogramática, el “discurso a la nación” obligado por la clase empresarial ante lo lastimoso del reciente asesinato y secuestro del hijo de un poderoso empresario, por cierto secuestrado en un retén de esos que tanto le gustan a la derecha, que hoy paga su doloso costo, como antes lo pagaron familias enteras que, por no ser empresarias, se les sepultó en el olvido sin obligar al patito de Los Pinos a salir en la telebasura para “informar” que ha mandado al Senado una nueva reforma empresarial… Perdón, judicial, dice, que impone nuevas penas y condenas eternas contra “la delincuencia”. Pero, eso sí, sin hablar ni menos aún tocar el problema de fondo que es y seguirá siendo la impunidad institucional.
Cientos de miles de reformas podrán hacerse al Código Penal y a todas las leyes correspondientes; miles de iniciativas se podrán votar o incluso discutir y analizar en el Legislativo (aunque visto está que los legisladores actuales carecen intelectualmente de esa posibilidad) pero lo cierto es que la violencia en México tiene una salida posible y es acabar con la impunidad corrupta del sistema, es decir, cambiar radicalmente las formas para impulsar la trasformación de fondo de toda la sociedad y eso no está ni estará en los discursos “oficiales”, porque la voluntad de cambio no existe en los imaginarios de la corrupción y es en esos imaginarios donde se alimenta la “política de Estado”, que hoy se nos impone.
De nada servirán las cadenas perpetuas, mientras la clase empresarial no se haga responsable de la parte que le toca. Ni en tanto el desgobierno no asuma su generalizada impopularidad. Mientras la corrupción se dé desde dentro y mientras se siga desmantelando el Estado en aras de que la clase política se halle convertida en los empleados administradores de los intereses de los hoy ofendidos empresarios.
No hay reforma que valga si no se combate la millonaria evasión y los inmorales privilegios fiscales con los que se beneficia a un puñado de empresarios que, hoy “indignados”, exigen del sistema lo que ellos le han robado a la Nación.
Tenemos una policía corrompible, como cualquier otro sector de la clase política, la diferencia radica además en el abuso por la fuerza y la violencia que significa que se la cobije por la impunidad que la protege; la corrupción es producto de la mediocridad impulsada por el sistemático recorte presupuestal a la educación, a la cultura, a la investigación, a la salud pública, a la protección laboral, a la seguridad, etc., que se traduce inconfundiblemente en los niveles educativos de toda nuestra clase política, “intelectuales incluidos”, de una vergonzosa mediocridad, que repite los adiestramientos impuestos del imperio como valor absoluto al “existo” (a cualquier precio), la “competitividad” en frontal enfrentamiento con la colectividad y la solidaridad, en el peligroso canje del prestigio ético por el confortable “status”. Es ahí donde radica el verdadero atraso social del país y la imparable violencia, en el discurso criminal de “tener para ser” y de “existir sólo si se tiene”.
No, no nos equivoquemos, mientras exista un multimillonario que no pague los impuestos que corresponden a sus utilidades (que es también una de las tantas formas de la impunidad corrupta). Mientras la dictacracia de las concesiones públicas no se regule para que éstas tengan una obligación auténticamente social y no la del chantaje empresarial, convertido en el poder de facto que nos desgobierna, la violencia será imparable.
Durante un año vimos y escuchamos toda una campaña de lo “peligroso que sería para el país si se le permitía al populista López Obrador llegar al poder”. ¿Dónde está ahora el Consejo Coordinador Empresarial y todos los membretes que impulsaron dicha campaña de odio y miedo? ¿Será que en su profundo dolor la familia Martí se preguntará qué habría sido de su hijo de haber permitido la libre elección de los ciudadanos en julio de 2006? ¿O si ante las “inconsistencias” se hubiera impulsado la certeza y se hubiera exigido el ejercicio bien, pero bien democrático del voto por voto, que hoy daría legitimidad y fuerza moral al candidato realmente triunfador y en ese ejercicio se estarían impulsando nuevas formas de convivencia social que cerrarían filas contra la delincuencia organizada dentro o fuera de las instituciones? ¿Con qué carácter moral pueden exigir seguridad los que impusieron a Fecal bajo el argumento de la violencia que significaba el opositor y populista AMLO? ¿Realmente pueden pensar que mientras exista la impunidad FOBAPROA se podrán combatir la corrupción e impunidad que descompone y destruye todo el andamiaje ético de la nación?
¿Cuánto maquillaje más le vamos a poner a la violencia? ¿Cuántos muertos más nos permitiremos?
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Por el futuro de todos... que todos decidamos… 10 de agosto en Yucatán todos a votar en la Consulta Popular