De eso que se llama derecho indígena

Magdalena Gómez

En el primer aniversario de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, nuestro país aún no da muestras serias de pretender aplicarla. El mismo destino tienen las normativas previas, tanto el convenio 169 de la OIT como la contrarreforma de 2001.

Los saldos de la muy amplia movilización política de los últimos años no son ciertamente alentadores. No se logró la nueva relación con el Estado a partir del derecho. No son de extrañar, pues, las implicaciones del ejercicio de derechos por los pueblos indígenas, ya que entrañan un cuestionamiento al actual rumbo del país en todos los órdenes. Basta observar que de nueva cuenta la llamada reforma del Estado privilegió el enfoque electoral y excluyó la dimensión pluricultural y democrática.

En ese contexto el 29 de agosto pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, el cual nos sirve de punto de contraste sobre lo que formalmente se está planteando en materia indígena, que si algo se ha “logrado” es que se incluya el tema independientemente de cómo se le trate.

Así, el eje de igualdad de oportunidades lo aborda anotando sólo el ámbito de políticas públicas sin incluir la armonización legislativa, que sí aparece en otros temas, lo cual implica que consideran que la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas guarda concordancia con el derecho interno. Ello salta a la vista si se relaciona con el objetivo general del programa de “fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlo en el interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los tres órdenes de gobierno”. Sin embargo, y pese a ello, al fin que el papel aguanta todo, señalan que una línea de acción es “consolidar el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas”. ¿Asumen que tales compromisos no son legislativos?

Observamos varias muestras de esquizofrenia política, pues, al mismo tiempo que se incrementa en las últimas semanas la persecución a las radios comunitarias en Oaxaca y Guerrero, el programa anuncia el propósito para las secretarías de Comunicaciones y Transportes, la de Gobernación y la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), de “elaborar políticas públicas orientadas a fomentar la producción independiente, la operación y desarrollo de medios comunitarios, así como el establecimiento de un régimen preferencial permisionado para comunidades indígenas y campesinas, así como su acceso a la convergencia digital”.

Por otra parte, en la práctica el más elemental principio, como es el de consulta y participación, no resiste la mínima prueba de consistencia. Se continúan decidiendo proyectos al margen de la voluntad de los afectados y, en el colmo de la contradicción, en el proyecto de La Parota ahora se busca organizar una nueva “consulta” después de la que ya se realizó, promovida por los opositores al proyecto, en la cual se reiteró el rechazo. Pese a ello, en el programa se anota el propósito de “diseñar mecanismos para obtener el consentimiento previo, libre e informado en cualquier proceso conducente a la adopción de decisiones en relación con proyectos públicos a gran escala en las tierras y territorios que poseen, ocupen o usen tradicionalmente en consonancia con el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales aplicables, así como asegurar una indemnización apropiada en caso de verse afectados”.

También promoverán el reconocimiento de los derechos de propiedad y posesión de los pueblos y comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente. Sin anotar que tal posibilidad quedó acotada en la contrarreforma indígena de 2001 a lo establecido en el 27 constitucional, al respeto a los derechos de terceros y a los de cualquier integrante de la comunidad.

También promoverán la protección de la propiedad intelectual de los saberes y creaciones rurales e indígenas (tradiciones culinarias, protección del germoplasma, agricultura sustentable, creación artesanal y medicina tradicional, entre otros). Falta ver su concepción de los “saberes”, objetivo que no tendría dimensión legislativa, según anotamos arriba.

En ese contexto la realidad nos golpea, como señaló Ricardo Robles en su reflexión sobre la reciente matanza en Creel, Chihuahua, las facetas del narco, y con quien compartirnos la percepción rarámuri de que es la misma guerra: “es lo mismo de siempre desde hace cinco siglos. Se trata de una ‘conquista’ con su oro de por medio, su despotismo, sus esclavitudes… con su guerra y todo” (La Jornada, 4/9/08). Así andamos y encima con el pesar por el fallecimiento de un militante de izquierda con trayectoria de vida y compromiso realmente consecuente. Un sentido adiós a Pepe Zamarripa.