Educación: el achique del mecate

Luis Hernández Navarro

El descontento magisterial crece día con día. Alrededor de 19 mil profesores de Morelos suspendieron labores desde hace más de tres semanas. Las protestas son cada vez mayores en Quintana Roo, Guerrero, Querétaro, Puebla y Zacatecas. En Baja California Sur y Michoacán la situación es de pronóstico reservado.

Tras el puente del 15 de septiembre, los trabajadores de la educación efectuarán un paro nacional de 24 horas. Suspenderán después actividades durante 48 y 72 horas. El 25 y 26 de octubre los mentores de Oaxaca celebrarán su congreso sindical. La posibilidad de que estalle una huelga nacional indefinida es real.

La situación es novedosa. Los maestros no se movilizan ahora por cuestiones salariales, sino por la defensa de su empleo y de la educación pública. Participan no sólo profesores democráticos, sino también dirigentes oficialistas indignados con Elba Esther Gordillo.

Dos hechos han derramado el vaso. Uno es la firma y puesta en marcha de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). El otro es la pretensión de acabar con el normalismo. Los profesores han sido colocados en una situación límite y han respondido a ella.

Formalmente la ACE ha sido presentada como una reforma que promueve un sistema de reclutamiento riguroso y competitivo, que incorpora mecanismos nuevos para el otorgamiento de plazas de maestros de educación básica, y para su capacitación, evaluación y promoción, vinculándolos al desempeño docente. Teóricamente, el ingreso, permanencia y promoción de los mentores se efectuará mediante un nuevo modelo que garantiza la legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, calidad y equidad de los procesos.

La realidad es, sin embargo, diferente. Los maestros de base intuyen –y han documentado– que el discurso en favor de la calidad de la educación y la niñez es maquillaje retórico y que, de imponerse, su sobrevivencia como profesionales, su estabilidad laboral y la educación pública están en riesgo.

El nuevo modelo educativo quiere que el profesor deje de serlo para transformarse en un facilitador sin control sobre el proceso educativo, encargado de prender la televisión o el pizarrón electrónico en el aula.

La ACE fue acordada por el gobierno federal y Gordillo al margen de cualquier consulta con el magisterio de base. El Banco Mundial –promotor de la reforma– aplaudió su implementación. El anuncio de que Transparencia Mexicana fungirá como su auditor externo ha aumentado la desconfianza. No hay imparcialidad alguna en ese organismo, sino conflicto de intereses. El presidente de su consejo rector, Federico Reyes Heroles, ha sido durante años asesor, operador y defensor político de la maestra.

La Alianza amenaza los mecanismos de evaluación de los maestros que ya se encuentran en servicio. De la noche a la mañana su experiencia de años de servicio y estudio será prácticamente tirada a la basura como criterio de evaluación. En su lugar, serán calificados a través de exámenes efectuados por personal que sabe muy poco sobre educación.

Uno de los elementos centrales para evaluar a los docentes en servicio serán las tasas de rendimiento y aprovechamiento de sus alumnos. La medida olvida un hecho básico: la realidad socioeconómica condiciona profundamente el aprendizaje. Los estudiantes de una escuela de la Montaña de Guerrero que migran con su padres para trabajar de jornaleros en la pizca del tomate en Sinaloa tendrán peores calificaciones que los que estudian en una escuela urbana, más aún si el examen que se aplica en ambos casos es el mismo. Así las cosas, los profesores de centros escolares de alta marginación, que educan en la pobreza, que atienden alumnos provenientes de familias desintegradas y que deben dar clases a grupos numerosos, están condenados a obtener evaluaciones muy deficientes, a pesar de que su labor sea de calidad.

Una de las medidas torales de la ACE, el famoso examen de oposición para definir qué maestros ocupan las plazas vacantes, anunciado una muestra de imparcialidad en el reclutamiento de personal, resultó un fiasco. En muchos estados las pruebas no fueron foliadas y se permitió que quienes las presentaron salieran de las aulas e, incluso, que las fotocopiaran para luego regresar a contestarlas. Concursaron todos aquellos que consiguieron una ficha para hacerlo, sin importar si eran maestros o no, o si eran egresados de las normales. Se dejó de lado la experiencia de los miles de maestros en servicio con plazas interinas y muchos años de servicio.

La ACE afecta un derecho ganado por el magisterio en muchos estados: el de heredar su plaza a sus hijos, que cuentan con la capacitación profesional como profesores, cuando se jubilan o mueren. En Morelos, por ejemplo, hay 3 mil 500 profesores a punto de jubilarse que, de la noche a la mañana, perderán esta conquista, de la misma manera en la que, debido a la reciente Ley del ISSSTE, se han quedado sin la posibilidad de recibir una pensión digna. Ellos representan 15 por ciento de los mentores de la entidad.

De la misma manera, la ACE abroga el derecho de los egresados de distintas instituciones educativas a obtener una plaza al terminar sus estudios en las normales públicas, ganado por la vía de la costumbre.

El mecate se ha achicado demasiado en el sistema de educación nacional. Muchos maestros sienten que se les está despojando de su futuro y que la educación pública, en la que se formaron, se privatiza. Ya no tienen para dónde hacerse. No les han dejado más remedio que luchar por su supervivencia como profesores.