Revocación

Pedro Miguel

Hace unas semanas la opinión pública internacional recibió información sobre el concepto de punto de no retorno. El avión de Spanair que se estrelló en Barajas, se nos dijo, estaba en V1, una combinación de situación en tierra y velocidad en la que ya no queda suficiente pista para frenar y que hace obligatorio ir al aire porque, sean cuales sean las condiciones del aparato, resulta menos arriesgado intentar un aterrizaje de emergencia que permanecer en la superficie. O sea que la ventana de oportunidad para abortar un despegue es más bien estrecha. Va del momento en que el avión comienza a acelerar hasta aquel en que llega a V1. La expresión “estás a tiempo de arrepentirte” se aplica a muchas otras circunstancias de la vida, por más que, en varias de ellas, lo irrevocable de la decisión sea relativo. No es lo mismo jalar el gatillo y transitar de la condición de asesino en potencia a la de asesino consumado, o treparse a un cohete en dirección a la Luna, que firmar un contrato de arrendamiento o dar el “sí” matrimonial ante un juez o un cura. Si los procesos físicos y biológicos son implacables, los contratos sociales son reversibles, así se trate de una constitución, y aunque a los faraones les guste pensar que sus reinados son eternos, y por mucha que sea la zozobra ante la posibilidad de que tu cónyuge te mande al diablo.

Los regímenes posfranquistas “atados, y bien atados”, o bien los fallos judiciales inapelables, son formulaciones ególatras que persisten sólo en la medida en que las sociedades las acaten. Ya llegará, en España, el momento en que la gente se decida a tirar a la basura a una casa real corrupta y zángana. Tal vez los mexicanos logremos ejercer sobre nuestros legisladores la presión requerida para que emprendan un juicio político contra los magistrados de la Suprema Corte que exoneraron al góber precioso, y cuya permanencia en los cargos es un insulto a la legalidad y un agravio a la decencia.

Antaño, cuando los monarcas veían amenazada su permanencia en el poder, decían que ésta respondía a un designio divino. Si no les quedaba más recurso, apelaban a su condición de soberanos (detentadores de una autoridad suprema e independiente y no superada en cualquier orden inmaterial) para hacer lo que les viniera en gana. Heredada por el pueblo una vez que rodaron las cabezas reales, la soberanía le otorga la facultad, entre otras, de designar, por medio de elecciones, a quienes habrán de gobernar en su nombre. Los jefes de las actuales democracias formales invocan ese principio cada vez que hacen –como los reyes– lo que les da la gana o lo que les dictan sus intereses particulares.

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, reza el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Pero nadie dijo que la soberanía, la real o la popular, fuera una fuente de decisiones irremediables. “No olvide el fraile que si una ordenanza real fundó la Inquisición, otra ordenanza puede ahogarla”, advirtió Isabel de Castilla a Torquemada un día que la arrogancia sádica del inquisidor la tenía hasta la madre (Crónica de los reyes católicos). Si supusiéramos por un momento que la elección presidencial de 2006 en México fue un proceso impoluto y legal; que se llevó a cabo no “haiga sido como haiga sido”, sino como debió ser; que en él la mayoría de los ciudadanos votó por Felipe Calderón y si éste encarnase, en consecuencia, la soberanía popular, en cualquier momento el pueblo tendría derecho, en virtud de su misma soberanía, a concluir que se equivocó. Mayor razón existe para crear un mecanismo institucional de enmienda cuando la representación es ejercida a consecuencia de un proceso comicial al menos dudoso y cuando un tercio de la ciudadanía la llama espuria e ilegítima.

El mismo miedo que impidió al grupo en el poder recontar los votos en 2006 se expresa ahora en la histeria linchadora desatada contra la idea de establecer un mecanismo legal para revocar mandatos por medio del referendo. El grumo político-económico-mediático que controla al país se llena la boca con encuestas de popularidad, pero se aterra ante la posibilidad de que el pueblo ejerza, para ratificar o rectificar, su soberanía. ¿Es subversiva y desestabilizadora la evocación del divorcio? ¿Hemos alcanzado el punto V1 de la política? ¿No tenemos más remedio que iniciar un despegue riesgoso o estrellarnos en tierra?

Y conste que nadie ha hablado de tomar el Palacio de Invierno.