La intromisión de los partidos
Jesús Cantú El peso de los partidos políticos en la designación de los consejeros electorales estatales ha sido generalizada desde la creación misma de los organismos autónomos. Las cuotas para las distintas fuerzas políticas siempre estuvieron presentes prácticamente en las 32 entidades, pero, al menos formalmente, los partidos habían evitado intervenir en las estructuras ejecutivas y los integrantes de los órganos de gobierno con derecho a voto procuraban no evidenciar sus simpatías partidistas.
La vida de estas instituciones ha estado marcada por los escándalos, en algunos casos recurrentes -como en el del Instituto Electoral del Estado de México, ninguno de cuyos presidentes ha concluido su mandato sin sobresaltos- y en su mayoría vinculados al mal manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la semana pasada los institutos electorales del Estado de México (IEEM) y del Distrito Federal (IEDF), las entidades que aglutinan al mayor número de ciudadanos, sufrieron las consecuencias de la descarada partidización.
Los legisladores mexiquenses no sólo retomaron el ejemplo del Congreso de la Unión, sino que ampliaron su intromisión en el órgano electoral, pues no tan sólo incorporaron en su Constitución y código electoral la designación del contralor general (como se ha dado en llamar al responsable del órgano de control interno de dichas instancias), sino que decidieron designar directamente al denominado secretario ejecutivo general, con lo cual el Consejo General perdió prácticamente su carácter de órgano máximo de dirección, pues le retiraron la facultad de nombrar a sus subordinados.
Esa reforma legal, aprobada en el Congreso del Estado de México el 30 de agosto pasado, provocó la renuncia del presidente del Consejo General del IEEM, José Núñez Castañeda, quien consideró que el organismo perdió su autonomía.
Mientras tanto, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, cuatro consejeros decidieron remover al consejero presidente, Isidro Cisneros Ramírez, aprovechando una incompleta reforma legislativa y, finalmente, como consecuencia de la creciente polarización del órgano de gobierno en función de las simpatías partidistas de sus integrantes y una gestión muy accidentada donde el consejero presidente y los cuatro consejeros mencionados buscan ensanchar o mantener sus espacios de poder.
Desde su designación en enero de 2006, la filiación partidista de los siete integrantes del consejo del IEDF fue evidente. El PRD se llevó la mejor parte porque logró colocar a cuatro de ellos, entre los que se encuentra Cisneros, mientras el PAN y el PRI se repartieron los tres restantes. Sin embargo, la división de Izquierda Unida y Nueva Izquierda también alcanzó a esta institución y la escaramuza de la semana pasada es fiel reflejo del pleito interno del PRD.
El detonador de la destitución, como lo señaló el propio Cisneros en una declaración, fue su decisión de asesorar al Gobierno del Distrito Federal en la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera. Las dos partes actuaron de acuerdo con sus simpatías: los perredistas apoyaron la consulta; los opositores sancionaron a Cisneros con el intento de destitución.
Tanto en el IEEM como en el IEDF se mantiene la incertidumbre, pues mientras en el primero permanece vacante la presidencia, en el segundo la resolución que le permitió a Isidro Cisneros mantenerse a la cabeza es una protección provisional, aunque todo hace suponer que la resolución definitiva sea en el mismo sentido, pues los consejeros que lo removieron no tienen ninguna disposición legal para fundar su resolución.
Pero más allá de la ocupación de las vacantes y la resolución jurídica del procedimiento, el problema es que las deficiencias estructurales permanecen y las polarizaciones entorpecen el buen desempeño institucional. Los partidos políticos y sus legisladores no parecen darse cuenta de que son causantes de los problemas, y los agudizan más al incrementar su intromisión en los órganos de dirección y en la vida interna de los institutos electorales.
La causa de esta distorsión es, básicamente, el deficiente procedimiento para designar a los integrantes de los órganos de gobierno.
La autonomía formal de los institutos electorales pretendía garantizar que las autoridades y los partidos políticos sacaran las manos de su operación, es decir, que los gobiernos limitaran su actuación a colaborar con estas instituciones de acuerdo a los requerimientos de las mismas, y los partidos políticos únicamente tuvieran voz a través de los consejos y con representantes en las casillas.
Pero el pleno cumplimiento de la autonomía, particularmente en el caso del órgano federal de 1996 a 2003, y el apego a la legalidad que esto implicó (con las evidentes consecuencias en las sanciones que se impusieron a las distintas fuerzas) los hizo retroceder. En lugar de apegar su actuación a la ley y fortalecer las instituciones electorales que empezaban a ganarse la confianza ciudadana, los partidos prefirieron vulnerar la autonomía de los órganos electorales partidizando la designación de los consejeros -todavía más, pues dado que el procedimiento siempre contempló la integración de las propuestas por parte de los grupos parlamentarios, ésta siempre estuvo presente- y reformando la legislación para vulnerar la autonomía institucional y entrometerse en su vida interna.
La reforma constitucional de noviembre de 2007 fue el inicio de esta involución: no corrigió el procedimiento para designar a los consejeros, debilitó la estructura ciudadana al retirarles atribuciones y establecer nuevas reglas para su actuación, y vulneró la autonomía institucional con la designación directa del contralor general.
Los institutos de las entidades siguieron la misma ruta: remoción anticipada de consejeros, designación del contralor general por el Congreso local y un mayor debilitamiento de la estructura ciudadana al retirarles a los consejeros la atribución de designar a sus colaboradores directos.
Al menos en lo electoral la involución ya inició. Habrá que ver cuán lejos están dispuestos a llegar los partidos y sus legisladores, pues la pérdida de confianza en las autoridades electorales ya se manifiesta claramente en las encuestas de opinión. Ya únicamente falta que regresen los conflictos postelectorales y las concertacesiones al margen de la ley. l
La vida de estas instituciones ha estado marcada por los escándalos, en algunos casos recurrentes -como en el del Instituto Electoral del Estado de México, ninguno de cuyos presidentes ha concluido su mandato sin sobresaltos- y en su mayoría vinculados al mal manejo de los recursos públicos. Sin embargo, la semana pasada los institutos electorales del Estado de México (IEEM) y del Distrito Federal (IEDF), las entidades que aglutinan al mayor número de ciudadanos, sufrieron las consecuencias de la descarada partidización.
Los legisladores mexiquenses no sólo retomaron el ejemplo del Congreso de la Unión, sino que ampliaron su intromisión en el órgano electoral, pues no tan sólo incorporaron en su Constitución y código electoral la designación del contralor general (como se ha dado en llamar al responsable del órgano de control interno de dichas instancias), sino que decidieron designar directamente al denominado secretario ejecutivo general, con lo cual el Consejo General perdió prácticamente su carácter de órgano máximo de dirección, pues le retiraron la facultad de nombrar a sus subordinados.
Esa reforma legal, aprobada en el Congreso del Estado de México el 30 de agosto pasado, provocó la renuncia del presidente del Consejo General del IEEM, José Núñez Castañeda, quien consideró que el organismo perdió su autonomía.
Mientras tanto, en el Instituto Electoral del Distrito Federal, cuatro consejeros decidieron remover al consejero presidente, Isidro Cisneros Ramírez, aprovechando una incompleta reforma legislativa y, finalmente, como consecuencia de la creciente polarización del órgano de gobierno en función de las simpatías partidistas de sus integrantes y una gestión muy accidentada donde el consejero presidente y los cuatro consejeros mencionados buscan ensanchar o mantener sus espacios de poder.
Desde su designación en enero de 2006, la filiación partidista de los siete integrantes del consejo del IEDF fue evidente. El PRD se llevó la mejor parte porque logró colocar a cuatro de ellos, entre los que se encuentra Cisneros, mientras el PAN y el PRI se repartieron los tres restantes. Sin embargo, la división de Izquierda Unida y Nueva Izquierda también alcanzó a esta institución y la escaramuza de la semana pasada es fiel reflejo del pleito interno del PRD.
El detonador de la destitución, como lo señaló el propio Cisneros en una declaración, fue su decisión de asesorar al Gobierno del Distrito Federal en la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera. Las dos partes actuaron de acuerdo con sus simpatías: los perredistas apoyaron la consulta; los opositores sancionaron a Cisneros con el intento de destitución.
Tanto en el IEEM como en el IEDF se mantiene la incertidumbre, pues mientras en el primero permanece vacante la presidencia, en el segundo la resolución que le permitió a Isidro Cisneros mantenerse a la cabeza es una protección provisional, aunque todo hace suponer que la resolución definitiva sea en el mismo sentido, pues los consejeros que lo removieron no tienen ninguna disposición legal para fundar su resolución.
Pero más allá de la ocupación de las vacantes y la resolución jurídica del procedimiento, el problema es que las deficiencias estructurales permanecen y las polarizaciones entorpecen el buen desempeño institucional. Los partidos políticos y sus legisladores no parecen darse cuenta de que son causantes de los problemas, y los agudizan más al incrementar su intromisión en los órganos de dirección y en la vida interna de los institutos electorales.
La causa de esta distorsión es, básicamente, el deficiente procedimiento para designar a los integrantes de los órganos de gobierno.
La autonomía formal de los institutos electorales pretendía garantizar que las autoridades y los partidos políticos sacaran las manos de su operación, es decir, que los gobiernos limitaran su actuación a colaborar con estas instituciones de acuerdo a los requerimientos de las mismas, y los partidos políticos únicamente tuvieran voz a través de los consejos y con representantes en las casillas.
Pero el pleno cumplimiento de la autonomía, particularmente en el caso del órgano federal de 1996 a 2003, y el apego a la legalidad que esto implicó (con las evidentes consecuencias en las sanciones que se impusieron a las distintas fuerzas) los hizo retroceder. En lugar de apegar su actuación a la ley y fortalecer las instituciones electorales que empezaban a ganarse la confianza ciudadana, los partidos prefirieron vulnerar la autonomía de los órganos electorales partidizando la designación de los consejeros -todavía más, pues dado que el procedimiento siempre contempló la integración de las propuestas por parte de los grupos parlamentarios, ésta siempre estuvo presente- y reformando la legislación para vulnerar la autonomía institucional y entrometerse en su vida interna.
La reforma constitucional de noviembre de 2007 fue el inicio de esta involución: no corrigió el procedimiento para designar a los consejeros, debilitó la estructura ciudadana al retirarles atribuciones y establecer nuevas reglas para su actuación, y vulneró la autonomía institucional con la designación directa del contralor general.
Los institutos de las entidades siguieron la misma ruta: remoción anticipada de consejeros, designación del contralor general por el Congreso local y un mayor debilitamiento de la estructura ciudadana al retirarles a los consejeros la atribución de designar a sus colaboradores directos.
Al menos en lo electoral la involución ya inició. Habrá que ver cuán lejos están dispuestos a llegar los partidos y sus legisladores, pues la pérdida de confianza en las autoridades electorales ya se manifiesta claramente en las encuestas de opinión. Ya únicamente falta que regresen los conflictos postelectorales y las concertacesiones al margen de la ley. l
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario