Un Pemex integrado

Jorge Eduardo Navarrete

Es posible que la propuesta menos comprendida y, por ello, una de las más objetadas de la iniciativa ciudadana de reforma petrolera sea la que concibe Petróleos Mexicanos como “organismo público descentralizado plenamente integrado”. Se le ha calificado de anacrónica, pues, se dice, restauraría una condición que ya tuvo la entidad; de incongruente con el estatus de organización dominante en el mundo petrolero contemporáneo; de impráctica, pues se alega que sería imposible manejar una “empresa” del tamaño de Pemex como una sola unidad; de problemática, pues plantearía grandes dificultades para determinar los precios de transferencia entre sus diferentes áreas operativas; en una palabra, se ha querido entender como una propuesta para hacer de Pemex un organismo autárquico y centralizado. Se ha acudido al procedimiento de deformar la propuesta, interpretarla como mejor conviene a sus críticos y, de este modo, descalificarla. Hay que detenerse en su análisis, ya que se trata de un elemento clave del modelo de organización petrolera que se propone para que el país alcance la seguridad energética y consiga que la industria vuelva a ser motor del desarrollo nacional: un Pemex integrado.

A diferencia de lo que señalan los críticos de la iniciativa ciudadana, la actual tendencia apunta hacia el predominio de las entidades petroleras integradas. Léanse al respecto las siguientes líneas de una entrevista con el director de la Oil & Natural Gas Corporation (ONGC) de India: “Se tiene que ser una compañía petrolera integrada. Todas las grandes compañías petroleras mundiales son entidades integradas. Sólo se puede sobrevivir si se está integrado… [es decir] si se participa en exploración y producción, en refinación, transporte, generación y petroquímica. Con la integración se puede acudir a los precios de transferencia y minimizar los costos de conversión” (The Hindu Business Line, Internet edition, 10 de agosto). Además, tanto las principales entidades petroleras estatales como las grandes corporaciones petroleras privadas se definen a sí mismas como entidades integradas y, al detallar su organización, suelen aludir a segmentos o áreas operativas. Sin embargo, no fue esta tendencia global, claramente manifiesta, la principal razón que llevó a proponer, en la iniciativa ahora presentada por el Frente Amplio Progresista (FAP), que Pemex se constituya en un organismo público descentralizado plenamente integrado.

Restablecer la plena integración de Pemex tiene como propósito revertir las tendencias negativas manifestadas desde su desmembramiento en subsidiarias en 1992. Si bien apenas se modificó la proporción de la producción total de crudo que se destina a refinación –que pasó de una media de 40.5 por ciento en 1990-91 a 39.3 por ciento en 2006-07– sí se derrumbó la proporción enviada a plantas petroquímicas –de 8.5 a 3.9 por ciento entre los mismos años– al tiempo que se elevó la remitida a terminales de exportación: de 50.1 por ciento en 1990-91 a 55.5 por ciento en 2006-07.

La división en subsidiarias trajo un Pemex más exportador de crudo y menos refinador, que casi abandonó la petroquímica; que favoreció la exportación primaria y desdeñó la transformación industrial. Del lado del gas natural, la proporción de la producción total que se envió a plantas de proceso se redujo de 88.9 por ciento como media en 1990-91, antes del desmembramiento, a sólo 74.5 por ciento en 2006-07, en tanto que el gas quemado en la atmósfera pasó de 2.9 a 7.3 por ciento de la producción total entre los mismos años. Con las subsidiarias, se tiene un Pemex que procesa una parte menor del gas que produce y que quema en la atmósfera una porción mayor. Es decir, menos valor agregado, más desperdicio.

Un Pemex plenamente integrado, como propone la iniciativa, no equivale, desde luego, a una entidad unitaria o centralizada, como han argüido sus críticos. Se prevé un organismo que, sin apartarse del principio de integración, establezca las áreas, segmentos o divisiones que reclame su operación eficiente. Sin embargo, ni en el organismo en su conjunto ni en ninguna de sus áreas operativas se admitiría la participación de agentes privados en actividades que la Constitución reserva al Estado. La organización funcional de Pemex no debe ser pretexto para, por este medio, admitir a inversionistas privados –nacionales o foráneos– al tiempo que se pretende mantener la imagen de que la entidad no se privatiza. Un Pemex integrado permitirá maximizar el resultado global de toda la cadena de valor de la industria, no sólo la de alguna de sus partes. Puede alegarse que la división en subsidiarias ha permitido maximizar los resultados de PEP (Pemex Exploración-Producción), lo que es discutible, pero es innegable que ha significado pérdidas muy cuantiosas en por lo menos dos de las otras subsidiarias: refinación y petroquímica.

Tampoco equivale a un Pemex autárquico. En ningún momento, la iniciativa ciudadana propone este concepto. Por el contrario, prevé un Pemex integrado que se relacione dinámica y productivamente con sus proveedores de materiales, equipos, instalaciones y tecnología. Al hacerlo y al dar preferencia a la proveeduría nacional, sería un Pemex cuyas inversiones tendrían un efecto multiplicador favorable al crecimiento de la actividad económica, de la capacidad de diseño e ingeniería y del desarrollo de tecnologías nacionales. Es ésta otra dimensión de la integración de Pemex: integrado a las redes de producción y suministro de materiales, equipos y construcción que se establezcan en el país, bajo el poderoso estímulo de la demanda del organismo.

La propuesta de un Pemex integrado supone renunciar al dogma de que los únicos precios de transferencia posibles entre las distintas áreas operativas son los precios internacionales de los productos. Es por completo factible, y muchas entidades petroleras lo hacen, diseñar un sistema de costos de transferencia –perfectamente transparente y auditable– que permita, además de maximizar los resultados de la cadena de valor de la industria, estimular las actividades que aporten mayor valor agregado nacional; que sustituyan de manera eficiente las importaciones de refinados y petroquímicos, y que contribuyan a alcanzar la seguridad energética y consolidar la soberanía de la nación.