Este Acuerdo establece criterios discrecionales y no observa lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en lo referente a observar políticas sobre aspectos fundamentales de la sociedad de la información tales como la recuperación y repartición del espectro radioeléctrico, la pluralidad mediática, la reglamentación de nuevos servicios de telecomunicaciones y una política de servicios masivos de educación, cultura e información que fortalezcan el desarrollo de las capacidades de la población marginada y más excluida del desarrollo.
El Acuerdo vulnera gravemente el derecho a la igualdad ya que, aunque incluye en el cambio de frecuencias tanto a las radios concesionadas como a las permisionarias, los requisitos económicos que se exigen favorecen totalmente a las emisoras concesionadas, que tienen poder económico, e impiden la igualdad de oportunidades para quienes no detentan ese poder. Cabe recordar también que decenas de radios comunitarias y ciudadanas han esperando años a que se les conceda permiso para poder operar, sin obtener respuesta alguna. Y mientras la sociedad espera y se ve obligada a operar en una presunta "ilegalidad", los monopolios se ven fortalecidos y favorecidos.
El Acuerdo establece que "el cambio de frecuencia no significa el otorgamiento de una nueva concesión o permiso, ya que la frecuencia que se otorga es para prestar el servicio originalmente concesionado o permisionado conforme a las características técnicas de la banda de radio FM (88-108 MHz)". Sin embargo, de facto sí se trata de una nueva concesión, ya que se otorga una nueva frecuencia en FM pero al mismo tiempo se sigue operando la frecuencia en AM.
La saturación del espectro radioeléctrico que conlleva este proceso, en el contexto de desigualdad de oportunidades en el que se da, constituye una violación más a la libertad de expresión y al acceso a la información al privilegiar y fortalecer los intereses empresariales y los monopolios existentes, es decir, se da más a los que ya tienen mucho y se deja sin nada a los que llevan años luchando por tener algo.
Esta situación determina una voluntad del ejecutivo para sólo beneficiar a grupos empresariales y perseguir y castigar a aquellos grupos más vulnerables que quieren ejercer su derecho a la comunicación, ello resulta violatorio de las garantías constitucionales en nuestro país, y abusa de la potestad que tiene para administrar el espectro radioeléctrico que es un bien del Dominio de la Nación.
AMARC-México manifiesta su más profundo rechazo a la política del Ejecutivo que fortalece la concentración mediática en el país y niega el derecho del resto de la sociedad a ejercer su libertad de expresión a través de la radiodifusión, pues en plazas donde el espectro es ya escaso, con esta medida no podrán entrar nuevos actores, violando con ello el derecho a la población a contar con otras opciones informativas, especialmente aquellas que tienen una perspectiva social y de servicio público.
Exigimos que el Ejecutivo y el Legislativo cumplan con las recomendaciones internacionales en la materia a fin de establecer un marco normativo que ponga límites a la concentración de medios, de condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para nuevos actores como lo es la radiodifusión comunitaria, pues cabe recordar que al firmar dicho tratados internacionales es obligación del Estado cumplirlos.
AMARC México lamenta que estos cambios técnicos y jurídicos se den unilateralmente por acuerdos políticos y de espaldas a la sociedad, en vísperas de un próximo año electoral.
Mayores informes: AMARC México (+52-55) 5672-4961 Carlos Aparicio
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