Grandes utilidades amarradas, impunidad garantizada y chivos expiatorios a elegir, lo de siempre en la “continuidad”

Carlos Fernández-Vega

Es tal la “solidez” del mexicanísimo “navío de gran calado”, que un compacto “grupo” de empresas privadas, pero fundamentalmente una sola, provocó el derrumbe del mercado cambiario nacional y “obligó” al gobierno federal a “inyectar” poco más de 8 mil 900 millones de dólares (y contando) en reservas internacionales para intentar detener el desplome. Ese puño de consorcios, pero en especial uno dedicado a los abarrotes y otras menudencias, habría arrasado con casi 11 por ciento de dichas reservas en sólo tres jornadas financieras.

Lo anterior, si se hace caso a la siempre sesgada versión oficial de que sólo un “grupo” de empresas, pero particularmente la Controladora Comercial Mexicana (devoradora de la gran mayoría de reservas “inyectadas”), fue el causante de la debacle cambiaria, la sacudida económica y la zozobra del “navío de gran calado”.

Tan “sólida”, pues, que cuatro o cinco empresarios amafiados tienen sobrada capacidad para reventar la tan cacareada “fortaleza” económica y financiera del país en un abrir y cerrar de ojos, porque la misma versión oficial asegura que antes de tal atraco “no existía signo alguno que dejara ver la presencia de problemas”. Por el contrario, según ella, los alfileres que sostienen a la economía y las finanzas nacionales estaban más sólidos que el acero.

Pero ese “grupo” de consorcios (obviamente con sus barones a la cabeza) no sólo pudo reventar el mercado de cambios y operar en beneficio propio cuando le de la gana, sino que a raíz del escándalo y de la indignación social ante el nuevo asalto a la nación logró amarrarle la “lengua floja” a ciertos funcionarios de primer nivel y gran volumen que estuvieron a punto de violar el sagradísimo voto de silencio que tan resultón ha sido para los negocios de la gran famiglia financiera público-privada del país a costillas del erario, amén de contener la “investigación” que supuestamente realizaría la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (una de las legalmente encargadas de evitar este tipo de situaciones) en contra de quienes atracaron las reservas internacionales, y reducir el perfil de los causantes del atraco a ejecutivos de tercero o cuarto nivel, para que los verdaderos causantes –los amadísimos barones– salvaran el pellejo una vez más.

Días atrás el doctor catarrito, Agustín Carstens (quien ya no siente lo duro sino lo tupido), se animó a decir que el ataque al mercado cambiario “tuvo relación con operaciones especulativas de un grupo de empresas nacionales para obtener utilidades”, y proporcionó el primer nombre: Comercial Mexicana (que preside Guillermo González Nova) participó activamente en el atraco a las reservas internacionales, y ya que estaba animándose para soltar el segundo, y tal vez el tercero, alguien de mayor nivel que él levantó el teléfono para ordenarle “párale, cierra la boca”, toda vez que los barones ya habían movido sus piezas y enseñado sus facturas.

Si el secretario de Hacienda aseguraba que el gobierno ya sabía qué empresas y cuáles empresarios habían atracado el mercado cambiario y las reservas internacionales, el presidente de la citada Comisión Nacional, Guillermo Babatz, fue el oficialmente encargado de decir que la investigación no había arrancado, que apenas estaba organizándose, que “sabemos qué tenemos que buscar y dónde”, pero de cualquier suerte se negó a dar los nombres de los responsables. ¿En serio no lo sabe? “Lo prohíbe la ley”, fue su respuesta, y dio por cerrado el expediente.

Entonces, tres son los movimientos triunfales para los susodichos barones: el especulativo, con pingües ganancias a costillas del erario; el obligado silencio cómplice del doctor catarrito, quien de inmediato pasó la estafeta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, experta en eso de silenciar voces incómodas, borrar huellas y “perder” expedientes, para culpar del cochinero a ejecutivos de tercer o cuarto nivel, “que nunca consultaron con ni enteraron a los dueños de las empresas”. En síntesis, voluminosas utilidades amarradas (erario paga), impunidad garantizada (una vez más el gobierno es obligado solidario) y chivos expiatorios a escoger (pásele, pásele, llévese el que quiera), mientras el erario recoge el tiradero.

En los hechos, nada para sorprender: esa práctica ha sido la norma en cuando menos los últimos 32 años: del Ficorca al Fobaproa; de los certificados de aportación patrimonial (CAPs) a la reprivatización bancaria; del crac bursátil de 1987 al asalto de los Tesobonos en 1994; de la devaluación de 1976 a la de 2008; del “rescate” de la banca a la extranjerización libre de impuestos; del “salvamento” carretero a la devolución de concesiones a las mismas empresas que diez años atrás las reventaron; del “rescate” de los ingenios azucareros, de las aerolíneas y de tantas empresas… más lo que se queda en el tintero. Cientos de miles de millones de pesos de la nación han terminado en los mismos bolsillos, de quienes, impunes, sigue atracando a la nación. ¿Por qué ahora tendría que ser diferente?

Y en el zarandeo la Confederación Nacional de Cámaras Industriales manifestándose a favor de que “en la venta de dólares (reservas internacionales) sólo participen aquellos que tengan vencimientos de deuda de corto plazo”, como si en este glorioso país de libre mercado y “responsabilidad” empresarial (el paraíso, pues) fuera obligación del gobierno tapar los hoyos abiertos por el capital privado, pagar por sus excesos y gastar los dineros de la nación para que los barones se hinchen de utilidades. ¿Por qué el gobierno estaría obligado a garantizar dólares baratos para las empresas privadas que se endeudan y especulan, en ambos casos, se supone, por su cuenta y riesgo? Simple: porque es la “continuidad”.

Las rebanadas del pastel

El Inegi divulga hoy las cifras del desempleo en México correspondientes a septiembre del presente año, y si Eduardo Sojo todavía no le mete la mano a las estadísticas oficiales, los resultados serán más que desagradables… Mentiras impías: dicen las malas lenguas, que suelen dar en el clavo, que a la subsecretaria de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Irma Pía González Luna Corvera, le llaman la Pinocho, y no precisamente por su gracia y simpatía, sino por las gruesas mentiras que, un día y el otro también, divulga entre los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, quienes, con base en lo dicho por la funcionaria, enfilan baterías en contra del de por sí debilitado inquilino de Los Pinos. Con amigos así no se requieren enemigos.