Hoy, en Morelos, ser profesor es un delito, relatan opositores a la alianza

Cuando salen dejan sus credenciales en sus casas “para no ser capturados en algún retén”

Quien diseñó el pacto no tiene idea de lo que es estar al frente de un aula; sólo buscan recortar gastos

En las comunidades, el maestro es doctor, sicólogo y mediador, por eso apoyan las movilizaciones

Blanche Petrich (Enviada)

Cuernavaca, Mor., 15 de octubre. A punto de inaugurar el ciclo escolar 2008-2009, los maestros de Morelos recibieron la orden de acudir, durante tres días, a talleres de capacitación. Fue el 13 de agosto. En pequeños salones sin equipar, grupos de 45 docentes recibieron las primeras dosis de lo que se llama Alianza por la Calidad de la Educación.

“Al empezar a leer el cuadernillo que nos repartieron nos indignamos. No es otra cosa que un plan para recortar gastos. De calidad no tiene nada. Quienes lo diseñaron no tienen idea de lo que es estar frente a un aula en comunidades de extrema pobreza, como las del sur del estado, donde apenas empieza la jornada llega una niña que te dice: ‘maestra, ayer no comí’. No saben lo que es trabajar en primarias donde el único material didáctico que conocemos es la cubetita de plástico donde coleccionamos pedacitos de lápices y gises para trabajar con niños que no tienen nada”, dice Adela.

Su nombre real, como el de los otros ocho maestros de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que participan en una entrevista con La Jornada, se reserva, pues han sufrido amenazas y temen represalias. En grupo, estos docentes procedentes de los municipios de Xoxocotla, Tlalquitenango, Jojutla, Zacatepec y Panchimalco relatan cómo esa semana de agosto nació la protesta del magisterio morelense, la cual se mantiene desde hace nueve semanas y crece, a pesar de las presiones, el esquirolaje, el linchamiento mediático y las recientes jornadas de represión policiaca y militar.

Cada uno tiene de cinco a 30 años de experiencia frente al aula. Todos reciben un salario base de 3 mil 400 pesos y han participado en foros de discusión para elaborar, desde las bases, una propuesta para mejorar la calidad de la educación pública partiendo de un diagnóstico de la realidad nacional en las escuelas y su entorno. Ninguno compró su plaza.

Para los más jóvenes, es su primera experiencia de lucha, ya que la sección 19 no se caracterizaba por disentir de la férrea conducción del SNTE. “La última vez que nos levantamos en Morelos fue en 1980 –dice Roberto, profe de educación física. Nos mantuvimos en huelga tres meses, hasta que cayó Carlos Jonguitud”. Sonrisas socarronas en la mesa donde tomamos café: “Claro, subió Elba Esther, que salió igual, o peor”.

En una mesa cercana, en la cafetería, dos señoras les toman fotografías con sus teléfonos. Y en lo que dura la plática, Roberto recibe el siguiente mensaje en su celular: “La AFI (Agencia Federal de Investigación) viene con órdenes de fregar o fregar. Vienen a limpiar. Cuídate”.

Estos maestros viajan en los autobuses que, en estos días, son revisados rutinariamente. En los retenes los bajan del vehículo, les piden sus identificaciones. Por pura precaución, dejan en casa sus credenciales de maestros. “Hay rumores de que hay muchas órdenes de aprehensión contra nosotros. Ser maestro en Morelos hoy es un delito”.

“Nos acusan de que con la huelga estamos defendiendo el privilegio de comprar y vender plazas. Esa es una práctica corrupta en la cúpula del sindicato. Nosotros desconocimos a esos líderes”, dice Eugenia, maestra de educación especial en Panchimalco, un pueblo donde la mayoría de los niños viven con los abuelos porque los padres han emigrado.

“Dicen que somos flojos y no tenemos vocación de maestros. ¿Sabe cómo cala eso?”. Eugenia tiene que lidiar a diario con el plan educativo que decidió que los niños con discapacidad –con impedimentos motrices y de aprendizaje, problemas auditivos o visuales– deben asistir a un salón regular.

El año escolar anterior le tocó en su salón una niña con hidrocefalia. “Yo había ido a todos los talleres posibles. Nunca me capacitaron para una situación así. Esos cursos sólo son desahogos colectivos. Los maestros salimos como entramos, sin herramientas”.

Si fueran a evaluarla conforme al método de la ACE, a partir de los resultados de un examen estandarizado aplicado a sus pequeños de Panchimalco, a pesar de los años de experiencia y de su gran dedicación, no tendría posibilidades de conservar su empleo. No es a la evaluación a lo que le teme Eugenia. “A mí me evalúan todos los días los niños, los padres, el director de mi escuela. Y me tienen confianza. Lo que me preocupa es para qué va a ser utilizada la evaluación de la ACE”.

¿Educación gratuita?

En Tetelpa, municipio de Zacatepec, hay una escuela muy bonita. Pero sólo tiene dos baños para 50 pequeños. Los maestros habían presentado al ayuntamiento un proyecto de construir un módulo de sanitarios adecuados. ¿Resultado? “Cada vez que nos presentamos a la presidencia municipal se esconden para no atendernos”.

“Los maestros en zonas rurales sabemos que la educación gratuita es un mito, que si las aulas están de pie y más o menos presentables es por las cuotas que pagan los padres, porque hacen trabajo voluntario, organizan rifas y fiestas escolares. Siempre son ellos los que ponen el recurso que desde hace años no llega de la SEP”, dice Adela.

Recuerda su primer día frente a un salón de clases, seis años atrás. “Estudié la Normal y luego la carrera en la Universidad Pedagógica Nacional. Salí con la cabeza llena de teorías y de ideales. Cuando al fin estuve frente a un grupo, no podía dejar de pensar que el tabique suelto, debajo de la ventana, podía caerle en la cabeza a un niño”.

Mejorar la infraestructura. Ese es el primer objetivo de la ACE. “¿Lo dicen en serio?”, pregunta Pedro, profesor de Xoxocotla, pueblo náhuatl. Recuerda que en 2003, la Organización de Naciones Unidas recomendó a los países en desarrollo la construcción de más escuelas para elevar las metas educativas. En este periodo, en Morelos no se ha levantado una sola escuela pública nueva.

–¿Por qué dicen que la ACE pretende privatizar la educación pública? –se les inquiere, y responden con un ejemplo: “estábamos en un foro de análisis de la ACE. Participó una madre de familia originaria de Tlalquitenango, pero radicada en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, donde ya se está aplicando la alianza. Nos explicó cómo funciona el llamado Comité de Participación Social. Son grupos de padres que se comprometen a conseguir recursos para la mejora de las escuelas. Hacen una lista de las necesidades y luego se dedican a recorrer empresas, denominadas en el documento como instituciones de prestigio. Si los empresarios dan, bien. Si no, ni modo. Esa señora estaba arrepentidísima, se había dado cuenta de que los padres llevaban la carga de trabajo, y a veces hasta la económica, que le corresponde al Estado”.

Otros intervienen: “eso puede funcionar en algunas ciudades pero, ¿qué empresa hay en nuestros pueblos? Ninguna”.

Tradición de lucha

El sur de Morelos, rural y empobrecido, campesino y proletario, es una zona de tradición de lucha. Muchas de sus escuelas llevan los nombres de los jefes del ejército zapatista, nativos de esos pueblos: Otilio Montaño, Gabriel Tepepan, Pedro Amaro, Plan de Ayala. O de líderes agraristas, como Rubén Jaramillo. Las escuelas se mantienen cerradas, pese a las campañas propagandísticas, por la decisión de los padres de familia, que son quienes tienen las llaves. “Es más fácil que el movimiento magisterial tenga apoyo en las comunidades. Ahí el maestro es mediador, doctor, sicólogo, madre y padre. Hay una vinculación muy fuerte.”