DENUNCIA INTERNACIONAL

Comité Nacional de Estudios de la Energía

DENUNCIA INTERNACIONAL

Montreal, Canadá

El Gobierno en México intimida y reprime a periodistas y medios de comunicación que informan la verdad sobre PEMEX y los beneficiarios de la Reforma Energética

El tema de la reforma energética o la manera de privatizar las áreas más rentables de la paraestatal Petróleos Mexicanos ha sido para el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, su principal tema en la agenda desde que se desempeñó como secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox y ahora durante su gobierno.En enero de 2008 el presidente Calderón nombró a Juan Camilo Mouriño Terrazo secretario de Gobernación (Ministro del Interior) para que cabildera su proyecto de reforma energético. Mouriño Terrazo era además promovido por el propio presidente, como su sucesor natural a la Presidencia de la República en 2012.A unas semanas de su nombramiento, en febrero de 2008, la revista mexicana Contralínea, especializada en periodismo de investigación, publicó un amplio reportaje firmado por Ana Lilia Pérez, donde se revelaba una serie de contratos que Juan Camilo Mouriño firmó entre 2001 y 2004, con Petróleos Mexicanos, a favor de su empresa Transportes Especializados Ivancar, en su dualidad como contratista de Pemex y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Los contratos, para el transporte de hidrocarburos (gasolina y turbosina), por 120 millones de pesos, se los adjudicó sin licitación pública de por medio, la subsidiaria Pemex Refinación.La misma semana en que Contralínea publicó la investigación periodística, el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador solicitó a la revista los documentos en cuestión. El día 21 de marzo frente a la torre de Pemex en un multitudinario mitin en contra de la privatización de Pemex, exhibió los documentos para acusar al secretario de Gobernación de “traficante de influencias”.El hecho de que la revista Contralínea entregara a congresistas y políticos los documentos publicados derivó en el acoso, persecución y amenazas de muerte en contra de la reportera Ana Lilia Pérez y del director de la publicación, Miguel Badillo Cruz. Paralelamente, empresarios vinculados al presidente Calderón y al secretario Mouriño promovieron en cascada demandas judiciales por daño moral en contra de la publicación, del director y de la reportera.Esto es una muestra de los intentos del gobierno federal de castigar, reprimir y desaparecer a los periodistas y medios de comunicación que han revelado cómo un grupo de funcionario públicos y empresarios se han enriquecido de manera ilícita con recursos de la principal empresa del Estado, y es una muestra clara de los intereses detrás de la reforma que por estos días aprueba el Congreso mexicano, en medio de las protestas de los expertos en la materia -que saben el impacto para el pueblo mexicano al privatizarse la principal empresa del país- y de la población en general.A raíz de las investigaciones periodísticas relacionadas con los funcionarios públicos y los empresarios a quienes señalan como responsables del acoso y presiones en su contra, los periodistas han recibido amenazas de muerte e intimidaciones. Consideran que su vida e integridad está en riesgo, lo mismo que la de sus familias.Los hechos se han denunciado ante las autoridades judiciales y en materia de derechos humanos: Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta el momento no ha habido respuesta.¡

EXIGIMOS RESPETO A LA VIDA Y TRABAJO DE LOS PERIODISTAS HONESTOS !
¡ LOS PERIODISTAS ANA LILIA PÉREZ Y MIGUEL BADILLO CRUZ NO ESTÁN SOLOS !POR EL COMITÉ NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA

A. C.Ing. Alfredo Hernández Peñaloza
Arq. Mario Galicia Yepez
C. Francisco Javier Carrillo Soberón.
COORDINACIÓN NACIONAL