Nuevo revés al gobierno mexicano.....

En Washington, nuevo revés al gobierno mexicano

Jorge Carrasco Araizaga

En una nueva fase del litigio de Proceso contra el gobierno de Felipe Calderón para poder acceder a las boletas de la elección presidencial de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó, el pasado viernes 31, prolongar las medidas cautelares otorgadas en favor de la revista para evitar la destrucción de esa papelería electoral. Entretanto, el organismo analizará si el Estado mexicano tiene razón cuando arguye que la información contenida en las boletas ya se había hecho "pública" mediante las actas electorales, y cuando afirma que la solicitud de medidas cautelares efectuada por la Comisión es imprecisa, parcial y desproporcionada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió mantener las medidas cautelares otorgadas a favor de Proceso para evitar que el gobierno de Felipe Calderón destruya las boletas de la elección presidencial de 2006.
El organismo rechazó los argumentos con los que Calderón pretendió echar abajo las medidas concedidas el 2 de julio pasado, justo al cumplirse dos años de los controvertidos comicios presidenciales.
El 31 de octubre, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, informó a Proceso de la decisión adoptada por los siete comisionados del organismo interamericano, luego de escuchar a las dos partes sobre la conveniencia de mantener o levantar las medidas precautorias.
"Cumplo con informales que la CIDH consideró la solicitud del Estado de México de dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas el 3 de julio de 2008 y decidió mantener su vigencia", señala la notificación, fechada en Washington, sede del organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Calderón, en efecto, había impugnado dichas medidas, otorgadas a la revista a raíz de la denuncia interpuesta por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano por haberle negado el acceso a las boletas de la elección presidencial del 2 de julio de 2006.
Calderón argumentó que la información contenida en las boletas ya se había hecho pública a través de las actas electorales, por lo que la solicitud de medidas efectuada por la Comisión era imprecisa, parcial y desproporcionada (Proceso 1657).
Si bien la protección de las boletas se mantendrá mientras la CIDH decide si le da entrada a la demanda de Rodríguez Castañeda, Calderón llegó a considerar como un exceso la solicitud de las medidas precautorias y advirtió que su adopción tendría consecuencias no sólo en México, sino en todo el continente:
"Pareciera adecuado que la Comisión valorara el impacto de la implementación de medidas cautelares de esta naturaleza, solicitadas por los peticionarios, no sólo en México, sino en los países de la región", señaló en un escrito del 18 de julio.
Posteriormente, los comisionados de la CIDH recibieron a representantes del gobierno mexicano, quienes insistieron no sólo en el rechazo a las medidas, sino en las consecuencias que éstas tendrían para la región.
Con todo, los comisionados mantuvieron esas medidas luego de escuchar, el 23 de octubre, los argumentos de la revista: "Para Proceso, para mí en lo personal, la CIDH es ya el único recurso disponible para conseguir que en mi país y en nuestro continente quede sentado el precedente de que los derechos humanos, su respeto, son más fuertes que el más fuerte de los Estados.
"Negar el acceso a la información es una forma de censura, y la censura es reconocida por el sistema interamericano como una flagrante violación a los derechos humanos", expresó Rodríguez Castañeda en la sesión privada del pleno de la Comisión (Proceso 1669).
En el encuentro también participaron los representantes legales de la revista ante la CIDH, Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis e Investigación A.C., Fundar, así como la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.
En entrevista posterior al encuentro, Botero aseguró que el litigio internacional de Proceso "es un caso fundamental porque plantea un tema muy importante de acceso al dato, a lo que en términos de acceso a la información se llama acceso al dato en bruto".
Exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Botero consideró que se trata de un caso en el cual no hay mucha jurisprudencia y todavía no hay estándares del todo claros:
"Sería un caso que permitiría a la Comisión, y eventualmente a la Corte Interamericana, definir con mucha más precisión y claridad si los ciudadanos pueden acceder al dato en bruto para poder ellos mismos confirmar, con metodologías validadas alternativas, el resultado que el Estado está reportando y el procesamiento de esos datos en bruto."
La petición de acceso a las boletas presidenciales se debió precisamente a la controversia originada por los resultados con los que el Instituto Federal Electoral (IFE) dio como ganador a Calderón.
Debido al estrecho margen de diferencia con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, de apenas 0.56%, la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por este político, pidió el recuento de los votos para identificar los errores tanto en el conteo como en el registro de los votos en las actas electorales.
En medio de esa controversia, el 28 de julio de 2006, Proceso le solicitó al IFE el acceso a las boletas. Ante la negativa del Instituto, interpuso un amparo. Pero la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera González, se lo negó, con el argumento de que la petición estaba relacionada con la materia electoral.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución dividida y en la que el voto definitivo fue el de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el máximo tribunal también negó el amparo, el 11 de marzo de este año.
En todas las instancias administrativas y judiciales prevaleció el criterio de que la petición de la revista era un asunto electoral y no de acceso a la información pública.
Después del rechazo de la Suprema Corte, Rodríguez Castañeda acudió, el 24 de abril, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Ahí, argumentó que el Estado mexicano violó su derecho de acceso a la información, el cual se halla protegido por la Constitución Política mexicana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo cumplimiento está comprometido el Estado mexicano.
Solicitó también el mantenimiento de las medidas cautelares, a las que consideró como urgentes y necesarias, "ya que en las actuales circunstancias constituyen el único medio a nuestro alcance que podría suspender a tiempo la destrucción de las boletas electorales y con ello evitar un daño irreparable al derecho a la información".
Aunque el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha insistido en que las boletas no se destruirán hasta que concluyan los litigios relacionados con el acceso a dichos documentos -entre esos alegatos se encuentra, además del de la revista, el del investigador Sergio Aguayo-, el Estado mexicano es ahora requerido internacionalmente para que no se destruya la papelería electoral con la que se le dio el triunfo a Calderón. Sin embargo, su gobierno está en su derecho de atender o no la petición de la CIDH.
La adopción de medidas precautorias es independiente de la decisión de la Comisión de dar entrada o rechazar el juicio interpuesto por Rodríguez Castañeda.
Por lo pronto, el gobierno mexicano ya envió un informe a la CIDH en el que le pide rechazar la demanda, pues asegura que la revista no agotó las instancias internas antes de acudir a la Comisión. En las próximas semanas, Proceso entregará al organismo interamericano sus observaciones al escrito de las autoridades mexicanas.