En 1978, cuando en su patria se abría el horizonte a la democracia, Manuel Carlos Mouriño Atanes decidió salir de Madrid. Como reprochaban los criollos a los peninsulares del siglo XVI, "vino de España por la mar salobre/ a nuestro mexicano domicilio (...) de salud falto y de dinero pobre". A poco andar, sin embargo, esta última condición desapareció por completo: 30 años después, vuelto de regreso a su tierra natal, Mouriño Atanes posee un considerable patrimonio y encabeza un consorcio de empresas muy rentables; tanto, que le permitieron satisfacer un capricho: adquirir el equipo de futbol Celta de Vigo, que participó sin fortuna en la liga ibérica de primera división hasta su descenso el año antepasado.
A partir de la modestia de una gasolinería, Mouriño Atanes generó el Grupo Energético del Sureste (GES), que por cuenta de Pemex transporta combustibles en aquella región del país. Su actividad en este rubro se vio estimulada cuando hace ocho años su hijo Juan Camilo fue elegido diputado federal y encabezó la Comisión de Energía de la Cámara. Mientras desempeñaba esa responsabilidad, representaba a su familia ante Pemex y suscribía en su nombre contratos que hicieron crecer el consorcio. En la misma línea de negocios apoyados por el gobierno, GES participa en la industria eléctrica, si bien lo hace de modo sesgado
En 2006, el grupo de Mouriño adquirió 20 hectáreas a la vera del camino que comunica a Mérida con Progreso. Criticada por el Diario de Yucatán la prontitud con que se le autorizó un proyecto que se creyó de bienes raíces, Carlos Mouriño Terrazo, primogénito y tocayo de su padre, así como hermano mayor del secretario de Gobernación (que por entonces era ya el principal asesor del candidato presidencial panista Felipe Calderón), informó oficialmente:
"El Grupo Energético del Sureste invertirá, en coinversión con una empresa española, 300 millones de pesos en una fábrica que elaborará torres eólicas de última generación, mismas que serán comercializadas principalmente en el mercado estadunidense". Pero también en México, si se atiende a la denuncia que en mayo pasado hizo Javier González Garza, líder de los diputados perredistas.
Según su información, la sigla GES, que identifica en México al negocio de los Mouriño, es la misma de Global Energy Services, de la que forma parte la empresa española Gamesa Eólica, instalada en el parque La Venta II en Oaxaca para la generación de electricidad a partir del viento. El equipo para la operación de esa planta fue provisto por Gándara Censa, otra empresa hispana que, adquirida por Mouriño padre en España, es la que formalmente coinvierte con GES en la fábrica yucateca. Si así son las cosas, no sólo sería esa planta proveedora de Gamesa Eólica, sino que ambas formarían parte del mismo grupo empresarial.
La actividad empresarial de Mouriño Atanes ha despertado curiosidad más en España que en México. Eso no obstante, en 2003 algún órgano policiaco mexicano solicitó por los conductos diplomáticos debidos información sobre procedimientos legales en torno a aquel súbdito español. Dicha información, según hemos venido a saber mucho tiempo después, "la proporcionó el reino de España con el carácter de confidencial al Estado mexicano, por lo que se considera reservada (...) y su publicación podría causar un detrimento a las relaciones internacionales de nuestro país".
Eso se lee en un comunicado de la Procuraduría General de la República, fechado el 29 de octubre, para informar por qué no se entregó, primero a un particular solicitante y después tampoco al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), aquella respuesta española. El IFAI necesitaba conocer el expediente para determinar si en efecto le es aplicable el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que considera reservada la información que pudiera menoscabar las relaciones internacionales de México, especialmente cuando es entregada a título confidencial por un gobierno o un organismo internacional.
Ante la insistencia del IFAI por conocer la documentación del caso, la PGR llegó a un extremo inusitado a fin de proteger a los Mouriño. Hizo que el jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, demandara amparo contra el IFAI, y quizá por tratarse de quien es, y del órgano al que representa (que no puede acudir por sí al juicio de garantías), recibió el beneficio de la suspensión del acto reclamado. Se hizo tan notoria, sin embargo, la posible colusión entre la Procuraduría y el interés de la familia Mouriño, que la PGR solicitó al gobierno español autorización, no para divulgar la información tenida como reservada, pero sí para entregarla al órgano facultado para determinar su carácter, y ya la puso a disposición del Instituto, tras desistirse del amparo solicitado.
Mientras eso ocurre, los días del secretario Mouriño en Bucareli parecían aproximarse a su final. Eso dicen, al menos, los chismes palaciegos. Desde que en enero pasado pasó de la Oficina de la Presidencia a Gobernación fue cuestionada su designación, no sólo por su equívoca nacionalidad (pues, nacido en Madrid, a partir de la mayoría de edad ha utilizado indistintamente, según convenga, pasaporte español o mexicano), sino por su inexperiencia política. Cierto es que esa secretaría perdió a lo largo del tiempo las facultades legales y extralegales que la hacían centro de la política interior, pero su ejercicio requiere aún amplio conocimiento de las realidades del país, de los factores de poder y de los procesos políticos y jurídicos en curso. Nacido fuera de México, Mouriño cursó también su preparación universitaria más allá de la frontera, y su vida pública se extiende apenas por un decenio, en que ha sido diputado local en Campeche, legislador federal en la lista de representación proporcional del PAN, subsecretario de Energía, asesor principal del candidato Calderón, según queda dicho, y jefe de su Oficina de la Presidencia. Claro que un currículo puede no reflejar conocimiento y experiencia, pero el desempeño del secretario en los 10 meses de su estancia en Bucareli ha mostrado que carecía de aquellas prendas, al punto de que aun entre las filas de los adictos al gobierno se cuestionaba la pertinencia de su permanencia en ese cargo.
Según la información filtrada desde Los Pinos, Mouriño transitaría a una de dos candidaturas como salida airosa y mampara de lo que sería en realidad un despido. Se le presume aspirante a la jefatura de los diputados federales panistas que sean elegidos el año próximo (seguramente en número menor a los que actualmente ocupan curules). Tendría que contender para ello, entre otros interesados por la posición, con su antecesor en Gobernación y exgobernador de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, que por esa vía pretende ser rehabilitado después de que lo arrojó del gabinete.
También se le presenta como precandidato al gobierno de Campeche, donde ha vivido la mayor parte de su tiempo mexicano. Se buscaría que sea el panista que eche al PRI del gobierno de ese estado, algo que hace cinco años estuvo a punto de ocurrir. En efecto, la contienda de 2003 resultó especialmente competida, al grado de que la diferencia de votos entre el candidato priista triunfador y su opositor panista llegó apenas a dos puntos porcentuales, menos de 5 mil votos en números absolutos. Se apostaría a que el peso que da a Mouriño su pertenencia al gobierno federal, amén de la influencia económica de su familia, le ayudaría a remontar esa diferencia y pasar de Gobernación a la gubernatura.
Pero es temprano para saberlo. No lo es, en cambio, para saber que si se le busca una salida airosa es porque aun en el régimen del amiguismo a ultranza ya no es bien visto. l
Protección de Estado
En una decisión inédita, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que dar marcha atrás a su estratagema para impedir que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conociera documentos del gobierno español sobre una supuesta investigación por blanqueo de capitales en contra del empresario español Manuel Carlos Mouriño Atanes.
Para salir al paso del escándalo político, el pasado 30 de octubre la dependencia anunció que había recibido autorización del gobierno español para entregarle al IFAI la información que había solicitado este organismo.
El 23 de mayo último, Proceso pidió a la PGR (mediante la solicitud SISI 0001700077208) que le entregara copias de la respuesta que España había dado a una solicitud formulada por México en 2003 para conocer si el padre de Juan Camilo Mouriño, actual secretario de Gobernación, era investigado en España por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En ese año, el director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, Ricardo Gutiérrez Vargas, envió un fax a Carlos Miguel López Torres, agregado de la PGR para la Unión Europea y Suiza, en el que le pide "verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país" (Proceso 1547).
Secretismo
En su afán por que esa información permaneciera oculta, la PGR recurrió al juicio de amparo para que el IFAI no pudiera conocer los documentos. Por este motivo, en su sesión del pasado 29 de octubre, los comisionados del instituto lanzaron severas críticas contra la actitud secretista del gobierno. Incluso el comisionado presidente, Alonso Lujambio Irazábal, consideró la estrategia de la PGR como "una tontería del tamaño de una catedral", y la describió como "una chicanada".
Fue significativo que los cinco comisionados, incluido el presidente, fijaran una postura tan uniforme acerca de este caso, con argumentaciones jurídicas ampliamente fundamentadas, que pusieron al descubierto las maniobras de la PGR para blindar al papá del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
El mismo día hubo reacciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. El senador priista Manlio Fabio Beltrones consideró que el amparo solicitado por la PGR era improcedente.
El senador del PRD Ricardo Monreal aseguró que la actuación de esa dependencia era ilegal, "porque al ampararse la PGR está protegiendo a familiares de funcionarios deshonestos, en vez de representar los intereses del Estado".
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, celebró que la procuraduría se desistiera del amparo. Dijo que era el principal interesado en que el caso se aclarara y aseguró que en México y España no hay ninguna investigación contra su padre.
La historia de Mouriño Atanes es parecida a la de muchos de sus compatriotas que en diversas épocas vinieron a "hacer la América". En Campeche construyó un emporio gasolinero y de transporte de combustible que se convirtió en el Grupo Energético del Sureste (GES), el cual también cuenta con una división de franquicias.
En 2000 regresó al puerto de Vigo, en España, donde estableció el Grupo Corporativo GES, constituido por cuatro fábricas, dos oficinas y dos locales de restauración. De acuerdo con información del Club Financiero Vigo, en México tiene 48 gasolineras, 58 locales, tiendas de conveniencia y franquicias, todas ellas con un total de mil 394 empleados.
Además, cuenta con una decena de empresas más, entre las que destaca el Grupo Gándara Censa, que preside desde el 17 de diciembre de 2004, según el folio 223 del libro 2615 del Registro Mercantil de España, uno de los cinco gigantes mundiales en la producción de calderas y componentes de acero de tamaño monumental para las ramas minera y metalúrgica, los sectores nuclear y naval, las industrias química y petroquímica, y para centrales hidráulicas de energía.
"Chicanadas"
En entrevista telefónica con Proceso el jueves 30 de octubre, Juan Pablo Guerrero dice sentirse "satisfecho por la reconsideración de la PGR que permite al IFAI cumplir su tarea y solventar la información". Manifiesta su confianza en que esta dependencia no vuelva a recurrir al amparo contra las resoluciones del instituto, pues "quedó claro que esa vía no sólo no tiene perspectiva jurídica favorable, sino que sentó un precedente que le generó significativos costos políticos".
Explica la diferencia entre el caso Mouriño Atanes y otros en que las dependencias gubernamentales han decidido ampararse contra acciones de la justicia federal. Dice que cuando se le pidió a la Secretaría de Hacienda información acerca de los fideicomisos públicos, media docena de funcionarios de la Subsecretaría de Egresos, excepto el subsecretario Carlos Hurtado, se ampararon para no cumplir la resolución.
Lo mismo ocurrió cuando el instituto solicitó copia de las actas de la junta de gobierno del IPAB y del Fobaproa. En esa ocasión también se ampararon varios servidores públicos, aunque en algunos juzgados les respondieron que sus solicitudes eran improcedentes porque en su calidad de funcionarios públicos estaban obligados a entregar la información solicitada.
"En estos dos casos los servidores públicos argumentaron que no entregaban la información porque si lo hacían podían incurrir en violación a la Ley de Instituciones de Crédito, y por ello ir a la cárcel."
Antes de recurrir al amparo, sólo un mes y medio después de la solicitud de este semanario, presentada el pasado 23 de mayo por Rogelio Flores, coordinador del banco de datos de este semanario, la PGR negó la información con el argumento de que es confidencial.
Por ello, el día 16 de julio la revista gestionó un recurso de revisión (folio 2008002314) ante el IFAI, instancia que lo aceptó y designó a Juan Pablo Guerrero como el comisionado ponente del caso.
El pasado 18 de agosto, Guerrero citó a la PGR a una audiencia, "a fin de que cuente con todos los elementos que le permitan presentar ante el pleno del IFAI un proyecto de resolución debidamente fundado y motivado". De nuevo el representante de la procuraduría dijo que no proporcionaría la información, puesto que es confidencial. Advirtió que si ésta se daba a conocer, ello lesionaría las relaciones entre México y España.
La comisionada María Marván Laborde no sólo consideró una "trampa jurídica" el proceder de la procuraduría, sino que criticó a la dependencia por argumentar que requería de la autorización de España para entregar la información, "cuando el interesado de la información es México, no es España", además de que "la investigación inicia en México", lo cual no respaldaba la argumentación jurídica invocada por la PGR.
El comisionado persistió en sus intentos y realizó otro apercibimiento para que el pasado 12 de septiembre se le permitiera la entrada a las instalaciones de la PGR, "a fin de verificar in situ la información clasificada". De esta manera, precisó, podría determinar si ésta reunía las condiciones para considerársele reservada o podía ser entregada a Proceso.
Ese mismo día, la PGR comunicó a Guerrero que había conseguido que la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, le otorgara una suspensión provisional para no verse obligada a exhibir ante el IFAI la información solicitada. Para ello, tramitó un juicio de amparo indirecto por medio de Adrián Franco Zevada, coordinador general de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la procuraduría.
Esta juez es la misma que el 21 de septiembre de 2007 rechazó el amparo que Proceso promovió para garantizar su derecho de acceso a las boletas y actas electorales de la elección de 2006. En esa ocasión, la revista presentó un recurso de revisión contra Rivera González.
En el juicio de amparo de la PGR por el caso Mouriño Atanes, el 7 de octubre pasado, Rivera González citó al representante de Proceso y se le ordenó emplazarlo a juicio como "tercero perjudicado". l
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